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Foro por la Vida denuncia suspensión de garantías de facto

La Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de Venezuela, Foro por la Vida

La Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de Venezuela, Foro por la Vida

Rechazan la prohibición del derecho de manifestar pacíficamente y las amenazas a las televisoras Venevisión y Televen por parte delPresidente, así como la censura impuesta a diputados de oposición

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Las 20 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que integran el Foro por la Vida consideran que los anuncios y ejecutorías de la sautoridades de los poderes públicos luego de las elecciones del 14 de abril constituyen una suspensión de garantías constitucionales de facto.

Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, especificó lo que considera evidencias del desconocimiento del Estado de Derecho en Venezuela: la prohibición de la marcha hacia el CNE convocada por la oposición para solicitar el recuento de votos.

"Ni Chávez, en 2002, se atrevió a prohibir una marcha hacia el centro de Caracas", recordó Bolívar; la negativa del derecho de palabra a los diputados de la oposición que no reconozcan la autoridad de Nicolás Maduro como presidente de la República; la remoción de jefes de comisiones parlamentarias, unilateralmente decida por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello; y la exhortación "a modo de amenaza y ultimátum"contra los canales Venevisión y Televen para que se definan a favor o encontra del Gobierno.Todo eso nos coloca en una situación de suspensión de garantías de facto y,obviamente, es inaceptable en una sociedad democrática",, señaló la defensora de derechos humanos.

Marino Alvarado, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción enDerechos Humanos (Provea), agregó: "No es suspendiendo garantías constitucionales como se debe abordar la crisis política que viveVenezuela". Exhortó al Ejecutivo y al resto de los poderes públicos a respetar el derecho constitucional a la protesta pacífica, lo cual incluye la prohibición de usar armas de fuego y bombas lacrimógenas en el control de manifestaciones públicas.

Alvarado recordó que altos funcionarios, entre ellos el ministro de Comunicación Ernesto Villegas, habían denunciado el incendio de Centros de Diagnóstico Integral en varias regiones del país, hechos que no fueron ciertos. "Incluso en situaciones de alta conflictividad no se debe cercenar el derecho a la protesta pacífica ni tampoco se puede suspender, por la vía de los hechos, las garantías a su ejercicio. Recordamos que es una obligación del Estado garantizar que las manifestaciones pacíficas puedan realizarse. Además, condenamos la estrategia de criminalizar la protesta,que incluye hostigamientos, represión directa, detención de manifestantes ysu pase a tribunales".

El sacerdote Raúl Herrera, coordinador de la Cátedra para la Paz y losDerechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, solicitó al Consejo Nacional Electoral acoger la solicitud para que se cuenten todos los votos y se haga la verificación pertinente con las actas y cuadernos de votación, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y que considere la oferta de acompañamiento técnico formulada por la Organizaciónde Estados Americanos.

"La situación planteada requiere una salida negociada que impone a los actores políticos y a las instituciones dar señales claras de querer resolverlas por mecanismos democráticos. Cuestionamos las actitudes deviolencia e intolerancia evidenciadas por algunos sectores de ambos bandos²,dijo Herrera.

Las autoridades y las víctimas

Ligia Bolívar denunció que las máximas autoridades de los órganos del poder público coinciden en señalamientos a favor del Gobierno que desconocen e lrespeto a los derechos constitucionales.Consideró particularmente grave que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, haya negado a priori el recuento de votos: "Retamos a la señora Morales a que indique cuál artículo de la Constitución de 1961 establecía el carácter manual del voto y cuál artículo de laConstitución de 1999 impone el voto electrónico. Esos artículos no existen.Lo que existe es el derecho al voto personalizado y de ello nace la posibilidad del conteo personalizado".

Marino Alvarado añadió que todas las ONG del Foro por la Vida están activadas y dispuestas a acompañar a quienes puedan resultar víctimas de atropellos detenciones arbitrarias. Informó que Provea ha recibido denuncias de excesos policiales en Lara.