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Con 138 testigos en contra y uno a favor comenzó juicio a López

Familiares y amigos de Leopoldo López y de los cuatro estudiantes fueron al Palacio de Justicia en señal de solidaridad | Foto José Pacheco

Familiares y amigos de Leopoldo López y de los cuatro estudiantes fueron al Palacio de Justicia en señal de solidaridad | Foto José Pacheco

“Están intentando condenar la expresión del pensamiento”, dijo el dirigente de Voluntad Popular. La jueza Susana Barreiros liberó al estudiante Marcos Coello

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“Este es un juicio sin pruebas”, expresó Leopoldo López al inicio del debate oral y público correspondiente al proceso penal en su contra por la presunta comisión de los delitos de asociación para delinquir, instigación pública, daño e incendio, en relación con los sucesos ocurridos al final de la marcha opositora del 12 de febrero.

El dirigente de Voluntad Popular, preso en la cárcel militar de Ramo Verde desde hace cinco meses, reiteró su denuncia sobre el desequilibrio en la valoración de las pruebas ante la jueza 28 de juicio, Susana Barreiros. Sin embargo, ayer sufrió otro revés, pues Barreiros también le negó la posibilidad de defenderse.

Tendrá 138 testigos en contra y uno a favor. La jueza 16 de control, Adriana López, había admitido todas las pruebas promovidas por la Fiscalía: las declaraciones de 121 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y 15 del Ministerio Público, así como una experta en análisis del discurso y un experto en redes sociales, ambos vinculados con el oficialismo. En contraste, la misma jueza rechazó casi todas las pruebas de la defensa: los testimonios de 41 testigos presenciales, 3 periodistas y un camarógrafo, los peritajes de los expertos en libertad de expresión Héctor Faúndez y Antonio Pasquali, 4 videos, 15 notas de prensa y 4 grabaciones de conferencias de prensa ofrecidas por Leopoldo López. Tampoco se admitió otro análisis de los discursos de López para compararlo con el que hizo Rosa Amelia Asuaje y que constituye el principal fundamento de la acusación fiscal. El líder opositor sólo contará con un testigo a su favor, identificado en el expediente como Benjamín Angarita Rangel.


El debate sobre el país. El Palacio de Justicia estaba completamente militarizado antes de las 5:00 am, cuando llegó Leopoldo López. Fue interrumpido el tránsito de vehículos por la avenida Oeste 8, desde la avenida Baralt hasta la avenida Bolívar, así como entre las esquinas Velásquez y Cruz Verde. 3 piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana, cada uno de aproximadamente 50 uniformados apertrechados con equipos antimotines, se apostaron en las esquinas. Utilizaron 5 vehículos blindados e instalaron rejas metálicas que impedían el paso de personas. La mitad del piso 1 también fue tomada por militares. En la sala de audiencia del extremo este se celebró el acto.

López tiene barba poblada y canosa. Vestía blue jeans y camisa blanca. Se mantuvo muy serio y sólo sonrío para devolverle los gestos de afecto a cuatro familiares presentes: su esposa Lilian Tintori, sus padres Leopoldo López Gil y Antonieta Mendoza, y su hermana Diana López.

Cuando tomó la palabra advirtió que era plenamente consciente de la naturaleza política del juicio. “Están intentando condenar la expresión del pensamiento, pero lo único que tienen en mi contra es lo que he dicho y mantengo: que Nicolás Maduro encabeza un régimen antidemocrático y que la salida que proponemos consiste en la organización popular para activar los mecanismos establecidos en la Constitución para corregir la profunda crisis económica, política y social del país. Aquí vamos a debatir sobre esas propuestas, porque es lo único que tiene la Fiscalía para incriminarme”, insistió.

Miró fijamente a los fiscales Franklin Nieves, Narda Sanabria y Juan Canelón: “Ustedes no deben dormir tranquilos, porque tienen presos a dos muchachos (Marcos Coello y Cristian Holdack) como artificio para mantenerme preso a mí”. Y le pidió a la jueza que liberara a los dos jóvenes detenidos desde el 12 de febrero.

La fiscal Sanabria se esforzó por responsabilizarlo de las muertes ocurridas el 12-F y López le recordó que Basil Da Costa y Juan Montoya fueron asesinados por funcionarios del Sebin y que esos asesinatos fueron el detonante de la violencia contra la sede de la Fiscalía y los vehículos del Cicpc.

A las 7:57 pm finalizó la primera sesión, después de lo cual la jueza Barreiros concedió libertad condicional con presentación cada siete días a Coello por razones de salud mental. El debate —sobre el país, dice Leopoldo López— se reanudará el 6 de agosto.  


La imaginación fiscal
El fiscal Franklin Nieves fue el primero en tomar la palabra. Expuso el contenido de la acusación que se concentra en el análisis de los discursos de Leopoldo López el 23 de enero, el 2 de febrero y el 12 de febrero, así como de los mensajes a través de la cuenta en Twitter del dirigente de Voluntad Popular.

Para la Fiscalía “conquistar la democracia” es equivalente a una campaña contra el presidente Nicolás Maduro y las instituciones del Estado.

Le sugirió a la jueza que se imaginara lo que hubiera ocurrido si, por ejemplo, los niños que estaban dentro de la Fiscalía hubieran sufrido algún daño a causa del ataque a la sede del Ministerio Público, cometido, según el fiscal Nieves, por los manifestantes que actuaron como “borregos” y “piromaníacos” ante la arenga de Leopoldo López.

Todos los defensores rechazaron tales calificativos y el abogado Juan Carlos Gutiérrez indicó que otro de los sesgos de la Fiscalía ha sido omitir los señalamientos expresos de López en cuanto a que la estrategia de lucha estaba fundamentada en la no violencia.


Iguales hechos, distintos delitos
El alegato final del abogado Juan Carlos López se basó en la solicitud de prohibición de salida del país contra la exdiputada María Corina Machado formulada por los fiscales Franklin Nieves, Narda Sanabria y Juan Canelón ante el Tribunal 16° de Control el 18 de julio.

Gutiérrez explicó que el Ministerio Público fundamentó su petición en los mismos hechos imputados ocurridos el 12 de febrero e imputados a López, pero que en el caso de Machado fueron precalificados como intimidación pública. “Es incomprensible que los mismos fiscales califiquen los hechos como asociación para delinquir, instigación pública, incendio y daño en el caso de Leopoldo López, y en el caso de María Corina Machado como intimidación pública”.