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Por segunda vez rechazan liberación de López

Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López / Foto Cortesía Voluntad Popular

Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López / Foto Cortesía Voluntad Popular

La jueza Susana Barreiros desacató la resolución del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas

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La jueza 28 de Juicio, Susana Barreiros, rechazó la liberación del dirigente opositor Leopoldo López solicitada por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, a través del informe final sobre Venezuela publicado el 28 de noviembre de 2014.

El abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez informó que Barreiros se limitó a señalar que el 13 de noviembre se había pronunciado sobre el requerimiento que, con el mismo propósito, formuló el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.

En la primera oportunidad, la jueza 28 de Juicio había determinado que la resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria no era vinculante, porque dicha instancia no estaba expresamente establecida en un tratado suscrito y ratificado por el Estado venezolano, en este caso en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La defensa de López esperaba una respuesta distinta al pedimento realizado por el Comité contra la Tortura pues, sin duda alguna, este comité se fundamenta en la Convención contra la Tortura; es decir, un tratado que el Estado venezolano voluntariamente se comprometió a cumplir.

Sin embargo, indicó Gutiérrez, la jueza Barreiros desconoció ayer la prevalencia de los tratados, pactos y convenciones internacionales de derechos humanos sobre el derecho interno cuando ofrecen mayor protección, tal como lo indica el artículo 23 de la Constitución.

Leopoldo López no compareció a la octava sesión del debate oral y público en su contra por los sucesos del 12 de febrero de 2014, como forma de protesta ante la demora de la jueza Barreiros en responder a la ONU. El acto fue diferido para el 18 de diciembre.

 

Scarano amenazado. Joel García, abogado del alcalde destituido de San Diego, Enzo Scarano, informó que el Ministerio Público reiteró su pretensión de que el exfuncionario sea juzgado ante tribunales militares por el delito de ataque al centinela.

Luego de que la Sala Constitucional lo condenó a 10 meses y 15 días de prisión por no impedir las protestas en San Diego y lo destituyó del cargo, Scarano fue acusado y está siendo enjuiciado por la presunta comisión de violencia física contra tres mujeres, entre ellas, una funcionaria militar.

García considera que la solicitud de la fiscal Beremig Rodríguez (que podría ser respondida hoy por la jueza María Bencomo) obedece al propósito de mantener preso a Scarano por el mayor tiempo posible, “aun cuando ello implique violar la ley”.