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Hubo 15 protestas por día en 2012 y un total de 5.484

Hugo Chávez en entrevista en la televisora Barinas TeleLlano | Foto: AVN

El informe destaca que 2012 es el año de mayor conflictividad de todos los períodos de gobierno del presidente Hugo Chávez | Foto: AVN

ONG advierten sobre nuevas modalidades de criminalización del derecho a la manifestación

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El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 5.484 protestas de enero a diciembre de 2012, lo cual representa un incremento de 3% respecto del año anterior cuando se registraron 5.338.

El informe destaca que 2012 es el año de mayor conflictividad de todos los períodos de gobierno del presidente Hugo Chávez. Un promedio de 15 protestas diarias, 80% de la cuales se originó por reclamos de derechos sociales.

Los motivos de las manifestaciones públicas fueron las siguientes: 1) Derechos laborales, 2.256 (41,15%); 2) Solicitud de vivienda, 1.874 (34,17%); 3) Demandas por seguridad ciudadana, derechos de personas encarceladas, participación política, derecho a la justicia, un total de 1.124 (20,49%); y 4) Exigencias educativas, 229 (4,17%). Se destaca un aumento en la frecuencia de protestas en el último trimestre del año.

“La ausencia de respuestas efectivas y oportunas por parte de las autoridades incrementó los niveles de tensión social”, indica el informe y se llama la atención sobre el aumento de las protestas durante el último trimestre, a propósito de la celebración de las elecciones presidenciales en octubre, y de gobernadores, en diciembre.

 

Nueva ola. Marco Antonio Ponce, coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, manifestó su preocupación por lo que denomina “una nueva ola de la criminalización de la protesta” que el movimiento de derechos humanos ha denunciado como política sistemática del Estado.

Ponce manifestó su inquietud sobre las descalificaciones y amenazas de represión de parte de autoridades y dirigentes oficialistas en contra de las protestas estudiantiles y movilizaciones ciudadanas fomentadas por la oposición, luego de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual se flexibilizó el rigor constitucional a efectos de la juramentación y toma de posesión del presidente Chávez para el próximo sexenio debido a su enfermedad.

“El uso de los tribunales penales contra cualquier forma de disidencia es una amenaza latente. La ausencia de división de poderes agudiza el problema. Una orden política es suficiente para que los tribunales favorezcan al oficialismo”, afirmó.

Marino Alvarado, coordinador de Provea, considera graves los señalamientos del gobernador de Táchira, José Vielma Mora, al equiparar las protestas estudiantiles con acciones terroristas: “La aplicación de la Ley contra la Delincuencia Organizada surge como un nuevo riesgo”.