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La propiedad privada es letra muerta en la carta magna

El índice de escasez dejó de publicarse en marzo cuando estaba en 29,4% | Henry Delgado/Archivo

El índice de escasez dejó de publicarse en marzo cuando estaba en 29,4% | Henry Delgado/Archivo

En los últimos 15 años la fragilidad y poca capacidad de protección ciudadana a recibir servicios de calidad y tener libertad económica han quedado en evidencia

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El derecho a la propiedad privada, a recibir servicios de calidad y tener libertad económica son garantías que otorga la Constitución a los venezolanos en el Capítulo VII, que va desde el artículo 112 al 118. Sin embargo, en los últimos 15 años la fragilidad y poca capacidad de protección ciudadana de estos derechos han quedado en evidencia.

Desde 2002 hasta octubre de 2014 en el país ha habido 1.315 intervenciones a la propiedad privada, según datos de Conindustria; la escasez generalizada de alimentos y medicinas ha obligado a los consumidos a hacer largas colas, a compras racionadas y a pagar a elevados sobreprecios.

Y la batería de decisiones económicas y leyes que ha promulgado el Ejecutivo después que entró en vigencia la carta magna han limitado la actividad empresarial. Que la industria manufacturera cierre 2014 operando a menos de la mitad de su capacidad instalada es la mejor muestra del deterioro.

 

Empresarios atados por los controles

“Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia (…) El Estado promoverá la iniciativa privada”, dice el artículo 112 de la Constitución.

Pese a esta disposición, la realidad es otra. Después de que entró en vigencia la carta magna el Estado ha tomado decisiones y redactado otras leyes que han coartado y menoscabado severamente la actividad empresarial.

Los controles de precio y cambiario, instaurados en febrero de 2003, figuran entre las medidas más perjudiciales. Hay productos (entre ellos medicinas) cuyos precios son los mismos de hace más de 10 años, sin tomar en cuenta los cambios en la inflación y otros indicadores macroeconómicos que inciden en el sector manufacturero.

En los últimos años el acceso a las divisas se ha restringido progresivamente porque, además de estar controlado por el Estado, ahora existen cuatro tasas por dólar que ha generado serias distorsiones en la economía. La producción y comercialización de bienes depende del precio al que los empresarios obtengan las divisas.

La Ley Orgánica del Trabajo, promulgada en mayo de 2012, cercó aún más al sector privado. La reducción de la jornada laboral, los dos días libres continuos de descanso para quienes trabajen sábados y domingos incrementaron significativamente los costos laborales. Mientras que la inamovilidad, según Fedecámaras, acentuó el ausentismo (se calcula que está en 30%, en promedio) y propició lo que los empresarios llaman presentismo: empleados que asisten a sus puestos de trabajo pero con niveles de productividad casi nulos.

 

Sin garantía de medicinas ni alimentos

El artículo 117 de la Constitución señala que los venezolanos tienen derecho de disponer de bienes y servicios de calidad. Pero la falta de divisas, de insumos y materias primas que reportan los empresarios, que les impide producir y comercializar de manera óptima para satisfacer la demanda, ha hecho que la compra de un producto básico dejara de ser una actividad cotidiana para convertirse en largas y molestas jornadas de búsqueda.  

Desde marzo pasado el Banco Central de Venezuela no divulga el índice de escasez. En ese momento estaba en 29,4%. Basta con ir al supermercado, a la farmacia o a un establecimiento automotriz para darse cuenta de que no hay alimentos, medicamentos y repuestos. En el caso de los fármacos la escasez, según la industria farmacéutica, pasa de 60%.

La acentuada y heterogénea falla de bienes que exhibe el mercado venezolano obliga a los consumidores a conformarse con lo que encuentran en los anaqueles, y dejar de lado necesidades y preferencias. Expertos coinciden en que esta situación ha generado que los venezolanos pierdan calidad de vida porque, sin importar el precio, el tiempo que les tome conseguir un artículo o contratar un servicio, o si llena o no sus requerimientos, lo que le importa es encontrarlo.

Urgidos por los productos y servicios, los consumidores se ven forzados a pagar elevados sobreprecios. Estadísticas de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores muestran que el volumen y heterogeneidad de las denuncias que reciben en la alianza producto de la escasez refleja que es un fenómeno generalizado en todos los sectores y rubros.

 

La expropiación como sanción

“Se garantiza el derecho a la propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes”, establece el artículo 115. Pese a este mandado, desde 2002 hasta octubre de 2014 se han producido 1.315 intervenciones a la propiedad privada, de acuerdo con los registros de Conindustria. En estas estadísticas no se cuentan todas las intervenciones a fincas ni las invasiones.

Según el gremio, el año en el que más hubo violaciones a la propiedad privada fue 2011, cuando se llegó a 498 intervenciones. Datos del abogado especialista en Derecho Administrativo Luis Alfonso Herrera indican que entre 2010 y 2011 el Estado arreció y extendió la política a inmuebles de vivienda.

“Solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”, señala el artículo 115.

La promulgación de la Ley Orgánica de Precios Justos, en enero de este año, cambió el sentido de esta disposición de la carta magna y le imprimió a la expropiación carácter sancionatorio. La legislación indica que el Ejecutivo puede iniciar un proceso expropiatorio “cuando el boicot, acaparamiento, especulación, contrabando de extracción, usura, cartelización u otros delitos conexos, procuren la desestabilización de la economía; la alteración de la paz y atenten contra la seguridad de la nación”.

 

La cifra

12,7

millardos de dólares debe el Estado a las empresas nacionalizadas, de acuerdo con cálculos de Ecoanalítica.