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Fiscal descarta que móvil del homicidio de Franceschi sea político

Luisa Ortega Díaz por ahora no quiso dar nombres | Foto Archivo El Nacional

Luisa Ortega Díaz | Foto Archivo El Nacional

Luisa Ortega Díaz indicó que los fiscales del Ministerio Público que llevan el referido caso tienen claridad del móvil del hecho y precisó que no guarda relación con motivaciones políticas

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La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que en las próximas horas serán presentados ante un tribunal de control del estado Sucre tres hombres y un adolescente de 15 años de edad, por su presunta vinculación con la muerte del alcalde del municipio Arismendi (Río Caribe) de esa jurisdicción,  Enrique  Franceschi, ocurrida el pasado domingo 20 de julio.

Durante el segmento de entrevistas del Noticiero Venevisión, Ortega Díaz detalló que los adultos son: Frank Rodríguez Jiménez, Nick Alberto Hoffman Gutiérrez y Luis Jesús Velásquez.

Indicó que los fiscales del Ministerio Público que llevan el referido caso tienen claridad del móvil del hecho y precisó que no guarda relación con motivaciones políticas.

Respecto al caso del concesionario La Venezolana, la Fiscal General aseveró que siete personas están privadas de libertad y que fue acusada la abogada Graciela Auxiliadora González Pacheco (40) por los delitos de estafa simple y asociación para delinquir.

Asimismo, dijo que existen cuatro órdenes de captura pendientes por ejecutar, al tiempo que puntualizó que hasta la fecha la institución ha registrado 6.400 víctimas por este hecho.

 “Estamos actuando de manera expedita porque queremos dar una respuesta rápida a esas personas que fueron afectadas por esa empresa”, expresó la máxima autoridad del Ministerio Público

Afirmó que también se pidió que las personas solicitadas fueran incorporadas al código rojo de Interpol, así como se ha conversado con las autoridades de algunos países de los cuales se ha obtenido información que se encuentran ciudadanos vinculados con este caso.

Ortega Díaz destacó que en el mes de julio, el Tribunal 51º de Control del Área Metropolitana de Caracas acordó que los bienes que se congelaron e incautaron al concesionario estarán bajo la administración judicial de una junta nombrada por el Ejecutivo Nacional.

A su juicio, el dinero y los bienes incautados deben ser utilizados para resarcir los daños ocasionados a las víctimas, según lo establecido en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, normativa que tuteló el procedimiento aplicado en este caso.


Hechos de violencia del 12F

En relación con los hechos de violencia suscitados en el país desde el pasado 12 de febrero, la Fiscal General informó que a la fecha hay 87 personas privadas de libertad, de las cuales solo cuatro son estudiantes.

 La Fiscal General refirió que por estos hechos existen 13 personas privadas de libertad en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en Caracas, de las cuales solo dos han acreditado su condición de estudiante.

Informó que el día de ayer, el Subdirector de Protección de Derechos Fundamentales y un fiscal de Delitos Comunes del Ministerio Público se trasladaron hasta la cita sede para constatar esta situación, por lo que se levantaron actas que fueron suscritas por las 13 personas.

Señaló que las investigaciones han determinado que muchas de las personas detenidas fueron financiadas para provocar caos en el país.

Recordó que con ocasión a esas manifestaciones, 43 venezolanos perdieron la vida y 878 resultaron heridos; además se produjeron daños a la propiedad pública y privada, y se obstaculizó el libre desarrollo de las actividades productivas.

Igualmente, señaló que durante esas acciones violentas se incautaron 60 armas de fuego, más de mil objetos incendiarios y una gran cantidad de C-4.

 Por estos casos dijo que hay siete órdenes de captura que pesan sobre ciudadanos que están evadidos de la justicia.

 Ortega Díaz aseveró que por el presunto plan magnicida y otras acciones que atentan contra la institucionalidad del Estado, fueron acordadas seis órdenes de aprehensión.

 En cuanto a la reunión que sostuvo con Amnistía Internacional, expresó que hubo un diálogo muy cercano y ellos aprovecharon para denunciar un caso de tortura, sin embargo, al revisarlo se percató que podría tratarse de maltrato o trato cruel.

Finalmente, dijo que los representantes de ese organismo internacional visitaron la Unidad contra la Vulneración de Derechos Fundamentales.