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“El rol que están cumpliendo los periodistas venezolanos en la actual situación es muy importante”

Lanza pide a los periodistas venezolanos no caer en la tentación de formar parte de las "presiones desatadas" / William Dumont

Lanza pide a los periodistas venezolanos no caer en la tentación de formar parte de las "presiones desatadas" / William Dumont

El relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH recomendó a los trabajadores de la prensa apegarse con rigor a los códigos éticos

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El lunes 6 de octubre de 2014, cuando el periodista, abogado y defensor de derechos humanos uruguayo Edison Lanza asumía su cargo como relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Venezuela el Instituto Prensa y Sociedad presentaba su estudio titulado “La orden es el silencio”. El documento revelaba datos preocupantes: 79% de los periodistas entrevistados decía que las instituciones del Estado eran las que más recurrentemente negaban información, 34% dijo que el Ejecutivo es el poder público que ejercía mayores presiones de censura y 43% contó que su medio les había prohibido cubrir ciertas informaciones de interés colectivo.

Unos meses más tarde, cuando la CIDH emitió su informe anual correspondiente a 2014, el organismo dedicó un capítulo especial a Venezuela por considerar que en el país se registraba “una violación grave de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa”. Al año siguiente, en el informe de 2015, el organismo sostuvo: “La CIDH ya ha identificado que en Venezuela no se registra un clima de tolerancia que favorezca la activa participación e intercambio de ideas, y que los actos de violencia contra periodistas y medios configuran un escenario restrictivo que continúa inhibiendo el libre ejercicio de la libertad de expresión”.

En otras palabras, para Lanza, la situación venezolana en materia de libertad de expresión no es ajena ni desconocida. La semana pasada, durante su primera visita académica al país, desde que asumió la relatoría especial, constató la situación in situ y a través de la voz de periodistas, víctimas y defensores de derechos humanos.

–A propósito del Día del Periodista ¿cree usted que los periodistas venezolanos tienen motivos para celebrar esta fecha?

–Siempre hay que celebrar esta profesión, que a decir de García Márquez es el mejor oficio del mundo. Y quienes ejercen el periodismo en situaciones complicadas como en el caso de Venezuela, con restricciones para ejercer la profesión, aún más. Hay que resaltar y concitar la solidaridad de los periodistas de todo el continente, subrayando que el periodismo es libre o no es periodismo. Creo que hay que celebrarlo, sin dejar de reafirmar que hay problemas para ejercerlo producto del hostigamiento, la estigmatización por parte de altos funcionarios y del poder judicial, las restricciones en el papel, el uso de la publicidad oficial, la falta de acceso a la información pública, pero a fin de cuentas hay que celebrarlo porque la única forma de salir de una situación polarizada y de conflicto es a través de la libertad de expresión en todos los campos: político, social, periodístico.

–¿En una escala del 1 al 10, en que posición ubicaría la situación de los periodistas venezolanos para cumplir su rol de servicio y mediación social en comparación al resto del continente?

–La relatoría no tiene un índice comparativo. Podemos describir, a partir del último informe anual, hechos que han sido validados por nuestra observación. Hay situaciones de extrema violencia en la región que los periodistas venezolanos no viven como el caso de asesinatos y desapariciones. Eso no se ha instalado en Venezuela. Pero esto no quita que la situación no sea muy compleja y muy grave. De hecho la relatoría ha impulsado la adopción de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana a favor de 22 periodistas, incluyendo el director de El Nacional Miguel Henrique Otero, por hacer su trabajo. Eso demuestra una situación grave de deterioro que supone restricciones importantes para el ejercicio de la libertad de expresión. En todas las épocas cuando no hubo garantías plenas para la libertad de expresión, siempre hubo periodistas trabajando por la libertad, por la información de interés general y por la democracia. Me parece importante que no se pierda la esperanza en ese sentido porque el rol que están cumpliendo los periodistas venezolanos, aun con las limitaciones que todos conocemos, es muy importante

–¿Qué recomendación le haría usted a los periodistas venezolanos para que con su trabajo contribuyan a la resolución de la crisis del país?

–En situación de conflictividad social, los medios y los periodistas en particular, cumplen una tarea esencial y es la de actuar con el mayor rigor posible en la cobertura de los episodios de tensión política y no caer en la tentación de formar parte de las pasiones desatadas. Cuanto más información de calidad, rigurosa y contrastada den los medios, en situaciones como la de Venezuela y otros países, están haciendo un aporte sustantivo. Los periodistas no tienen que cambiar la realidad, los que tienen que cambiar la realidad son los poderes públicos y los lideres con responsabilidades políticas. A los periodistas les toca poner de manifiesto las situaciones irregulares que afectan el interés público, las violaciones de los derechos humanos, etc.

–¿Desde 1997 cuando se creó la relatoría para la libertad de expresión, cuál ha sido el peor año para Venezuela?

–De acuerdo a los informes de la relatoría, a partir de la situación de polarización que se desató en el año 2002 con el golpe de Estado en Venezuela, la situación ha tenido idas y vueltas. Pero si se traza una pintura, una línea de análisis, hay un deterioro progresivo del ejercicio de la libertad de expresión, marcado por episodios y acciones de actores estatales y decisiones de los poderes públicos que han ido en detrimento del ejercicio de las libertades garantizadas por el derecho a la libertad de expresión. Y no me refiero solo al periodismo sino también el derecho a la manifestación pública, el hecho de que haya hoy dirigentes políticos presos por interpretaciones de sus expresiones y por la aplicación de figuras ambiguas que criminalizan las expresiones; el hecho de que el derecho a la información pública no haya sido garantizado ni siquiera por el Poder Judicial que ha dicho que hay que explicar para qué se requiere la información que se le pide al Estado, o que el Estado puede colapsar si se le requiere información de alto interés; la compra de medios de comunicación por parte del Estado que terminan transformándose en medios gubernamentales, así como la compra de medios por actores privados que no son de la industria y luego cambian la línea editorial. La escasez de papel para la prensa; el hostigamiento por parte de altos funcionarios señalando a periodistas como participes de complot; el uso del derecho penal, y puedo seguir. Son muchísimas las acciones que irrespetan el derecho a la libertad de expresión y eso lo que ha producido es un deterioro del espacio para la crítica, del periodismo de investigación, del debate público.

-¿Puede hacer una comparación entre la situación de la libertad de expresión durante el gobierno de Hugo Chávez y desde la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia?

Son estilos diferentes, creo que también el expresidente Chávez tuvo momentos de alta conflictividad con los medios de comunicación. No hay que olvidar que la decisión de revocar el permiso de RCTV se produjo durante el gobierno de Chávez, a partir de declaraciones suyas, y que ahora la CIDH ha determinado que ha sido una decisión desviada de poder que terminó con una represalia a un medio por su línea editorial. En los niveles de intolerancia, en cuanto a la estigmatización permanente de los medios, puede haber grados distintos pero no me toca evaluar desde el punto de vista político esa situación.

–¿Cuál de las tres leyes que discute la Asamblea Nacional en materia de libertad de expresión es la más urgente: la de Telecomunicaciones, la que busca regular las cadenas presidenciales o la de acceso a la información?

–Son todas importantes. Hay 22 países en la región que han adoptado leyes de acceso a la información por lo tanto es muy importante el hecho de que Venezuela tenga su primera ley de información pública, que remueva los obstáculos de secreto que han proliferado en los últimos años a partir de leyes de seguridad nacional, de antiterrorismo, o de protección de la patria, etc., que han sembrado de secretos al Estado. Por otra parte, regular el acceso al espectro radioeléctrico, la seguridad jurídica de los medios, las licencias del Estado, el aseguramiento de la diversidad y el pluralismo, son antídotos que la Asamblea Nacional y el propio Estado deben adoptar para que no se repita más que un grupo quiera hegemonizar el mensaje. En América Latina tenemos que tener medios que reflejen lo que somos: sociedades plurales. Creo que ese es el desafío y los estándares interamericanos aportan mucho porque promueven el debate público para que sea la ciudadanía la que, en ejercicio de sus derechos políticos, elija a sus gobernantes, adopte decisiones, participe en la vida política a diario y también castigue o premie a los gobernantes cuando vaya a elecciones libres.

–Precisamente esta semana (la semana pasada), la oposición está en pleno proceso de validación de firmas para pedir un revocatorio. ¿Qué impresión tiene de este proceso desde el punto de vista de la libertad de expresión de las ideas políticas?

–No quiero inmiscuirme en asuntos internos, pero sí decir que los derechos políticos pueden ejercerse si realmente se garantiza el ejercicio del derecho a la libertad y de opinión. Y que manifestarse por un referendo, firmar por un referendo, es el ejercicio de una opinión política y de un derecho político y ninguna persona debería sufrir ninguna represalia, discriminación, hostigamiento, pérdida de su empleo o represalia, por ejercer sus derechos civiles y políticos. Esa es hoy mi principal preocupación.

–La concentración de medios en manos del Estado o de agentes vinculados al Estado ha sido recogido por la CIDH en sus informes recientes ¿Cuál es el peligro que representa esta práctica para la sociedad?

–La concentración excesiva, sea en manos públicas o privadas afecta notoriamente la libertad de expresión y la democracia porque la finalidad del Estado al regular el sistema de medios debe ser proveer el mayor acceso de los medios a una diversidad de fuentes y líneas editoriales para garantizar el pluralismo, para que la población pueda acceder a puntos de vista diferentes. Cuando hay concentración en manos del Estado, el Estado y el gobierno se confunden y los medios públicos dejan de estar al servicio del público, de cumplir su mandato de defensa de los derechos humanos, de hacer periodismo de calidad e independiente y muchas veces pasan a ser la voz del gobierno que intenta hegemonizar el mensaje como que la única verdad fuera la que tiene el gobierno. Cuando hay una concentración indebida en el sector privado hemos visto que impacta la expresión política porque para llegar al espacio público hay que negociar con el dueño de esa gran parte de los medios y también tiene un poder muy fuerte en el debate público ese propietario. Por eso es importante que haya reglas claras para asignar las frecuencias, para asignar la publicidad oficial, son todos dispositivos para garantizar la libertad de expresión.

–Vista la condena contra el director del Correo del Caroní, los juicios por difamación abiertos contra El Nacional, el acoso al que ha sido sometido Tal Cual y otros medios que no siguen la línea oficial, ¿usted podría sostener que Venezuela es una sociedad democrática?

–La comisión y la relatoría han establecido reiteradamente que hay un deterioro importante que afecta a la democracia. El uso del derecho penal para criminalizar a los periodistas por ejercer su trabajo, por reproducir una información publicada en otra parte del mundo, es excesivo para una sociedad democrática y afecta la libertad de expresión. Lo que la relatoría dice es que no debería usarse el derecho penal para casos de interés público sobre funcionarios públicos. Que cualquier debate de este tipo debe ser mediado a través de la responsabilidad civil y bajo el estándar de la real malicia, porque los periodistas pueden equivocarse cuando están reproduciendo una información o elaborando una información. Lo estamos viendo en nuestro países, lamentablemente, es que muchas veces el poder quiere ocultar la información y por lo tanto el periodista muchas veces consigue información parcial o limitada. Pero eso permite que haya debate público. Por eso somos contrarios al uso del derecho penal en estos temas.

–¿Qué es más gravoso para los venezolanos en materia de derechos humanos: las decisiones del gobierno de abandonar el sistema interamericano, de impedir la visita de una misión de la CIDH, de negarse a aplicar los dictámenes de la Corte o las fallas internas de su sistema judicial?

–Venezuela ha denunciado la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la competencia de la Corte Interamericana pero no se ha ido del sistema. Sigue en la OEA, por eso la Comisión sigue monitoreando la situación, convocando al Estado y el Estado de hecho responde. Lo que sí es preocupante es que se haya denunciado la Convención, porque los países avanzan cuando la ratifican. El sistema de derecho interamericano es complementario de la jurisdicción interna, cuando hay afectaciones a los derechos humanos que no son satisfechos a nivel nacional hay un sistema complementario que permite a las víctimas acudir en procura de justicia. El primer problema o consecuencia no es para el sistema sino para la población en su conjunto. Eso afecta. Cuando hay cuestionamiento de la independencia de poderes, cuando hay decisiones de los tribunales que notoriamente se apartan de los principios del derecho internacional, la democracia se vuelve una cáscara jurídica que no tiene sustancia. Por eso son muy importantes las observaciones y recomendaciones del sistema de derechos humanos para trabajar con los Estados en reforzar la democracia.

–En el informe de 2015 Venezuela salió mal parada en materia de derechos humanos. Pero este año hubo un cambio en la balanza de los poderes públicos con una AN dominada por la oposición. ¿Hay algún aspecto que se pueda considerar ha mejorado en estos meses?

-Creo que es prematuro evaluar, pero el hecho de que se hayan levantado las restricciones para que los periodistas puedan trabajar en la Asamblea Nacional, de que se esté tratando un proyecto de ley para proteger la libertad de expresión, me parecen que son adelantos, aunque todavía no se vean los frutos en la efectividad de esos derechos. Y por otro lado, el cambio y la rotación de los partidos en los poderes públicos también refrescan la democracia, generan debate, generan autocrítica en aquellos que perdieron posiciones porque el soberano es el soberano, es el que decide, y hay que escucharlo. Yo provengo de Uruguay donde hemos salido de situaciones muy complicadas: una dictadura, cambios de gobierno con distinto signo ideológico en el poder, crisis económicas brutales como la de 2002 a raíz de la crisis en el Cono Sur, siempre a través de la democracia, del voto popular. Y puedo decir que más allá de las situaciones económicas que a veces son complicadas, y que los gobiernos no pueden dominar o se le van de las manos, más allá de las coyunturas políticas, más allá de los cambios de signo ideológico siempre está es la posibilidad de que la gente se exprese sin temor a sufrir represalias y de que el resultado se acate. Que el resultado electoral sea escuchado, porque los resultados electorales muchas veces son manifestaciones de necesidad de cambio. Creo que esa es la forma en que Venezuela va a salir en paz de esta situación. Votando cuantas veces sea necesario, garantizando las libertades fundamentales y procesando sus problemas en democracia. Cualquier otra solución es una solución traumática que a veces arrasa con los derechos humanos.

–¿Usted que viene de un país que ha vivido una dictadura y que conoce el deterioro de los derechos humanos en Venezuela, puede afirmar si en Venezuela hay una dictadura en este momento?

–Yo tengo mis opiniones personales pero como relator mi aporte tiene que estar desde el análisis de la situación de libertad de expresión y obviamente esto está afectando sin duda el ejercicio de derechos y libertades fundamentales y está afectando la democracia. Pero a su vez ha habido elecciones y de esas elecciones se ha establecido un nuevo Parlamento y se ha instalado una nueva mayoría. Además hay otros mecanismos que se están activando. Por eso vuelvo a lo anterior: me parece que la solución pasa por garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, y garantizar que los mecanismos constitucionales funcionen y que no se nos conviertan en cáscaras jurídicas, sino que se facilite el ejercicio de esos derechos. Aun cuando a las autoridades o gobierno no les fuste la solución o lo que el pueblo está diciendo, creo que esa es la salida y nosotros promovemos que esto sea posible.