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“En otro país el caso Afiuni habría causado terremotos”

Sin obtener respuesta, los expertos preguntaron cuándo se permitirá al Relator Especial contra la Tortura visitar Venezuela | Captura Transmisión de la 53ª sesión del Comité contra la Tortura de la ONU

Sin obtener respuesta, los expertos preguntaron cuándo se permitirá al Relator Especial contra la Tortura visitar Venezuela | Captura Transmisión de la 53ª sesión del Comité contra la Tortura de la ONU

La Fiscalía provocó estupor al pedir a Naciones Unidas “despreocuparse” por la violación de la jueza 

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La rendición de cuentas sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela no satisfizo a los expertos del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, durante su 53° período de sesiones en Ginebra.

Una de las respuestas pendientes tenía que ver con la actuación de los grupos armados afectos al oficialismo. “¿Prevén el posible desmantelamiento de esas fuerzas?”, había preguntado el día anterior Jens Modvig. Y ayer el jefe de la delegación venezolana, José Vicente Rangel Ávalos, contestó: “Sí, puede haber individuos dentro de esos colectivos que estén armados, como hay personas de la oposición que están armadas”.

La experta Felice Gaer lamentó la actitud de Rangel Ávalos: “No se dan respuestas precisas y las que se dan son atenuadas. Pareciera que no hay ningún problema”. Igual vaguedad se reprochó con respecto a la información suministrada por el Estado sobre la impunidad de los excesos policiales y específicamente torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Los atropellos contra la jueza María Lourdes Afiuni ocuparon varios minutos del total de 90 que duró el diálogo. La directora de derechos fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berthé, dijo: “El Ministerio Público no recibió denuncias sobre la presunta violación sexual narrada en un libro. Sugerimos al comité despreocuparse por eso”.

Essadia Belmir, que presidió la interpelación reaccionó con estupor: “Es algo muy importante y muy grave, porque trasciende la persona, afecta al concepto del sistema judicial y al Estado de Derecho. Si esto hubiese ocurrido en otro país, hubiese provocado terremotos; no un solo terremoto, muchos terremotos”.

Más adelante, la representante de la Fiscalía aseguró que Afiuni recibía visitas permanentes de los fiscales Dosai Dueñas y Enrique Arrieta, quienes estaban encargados de garantizar todos sus derechos.

En Caracas, el abogado de la jueza, José Amalio Graterol, refutó a Berthé: “¿Cómo pueden hablar de debido proceso si Afiuni ha estado sometida a medidas de restricción de su libertad (que incluyen prohibición de salida del país, declarar a la prensa y usar redes sociales) desde hace 4 años y 11 meses? Es un lapso que supera con creces el límite mínimo de la pena (3 años) correspondiente al delito de corrupción propia por el cual se le acusa. ¿Cómo pueden hablar de debido proceso si el próximo 12 de diciembre se va a reiniciar el juicio que se suspendió hace un año para impedir que quedaran en evidencia los excesos cometidos por el fiscal William Guerrero, que ahora es fiscal superior del estado Lara?”.

Essadia Belmir, que presidió la interpelación, también manifestó frustración por las evasivas del Estado: “Ustedes elogian a la policía, pero la policía habría matado a 200 personas. Valdría la pena aclarar esto mediante investigaciones independientes. Defienden la intervención del Ejército y las llamadas Milicias Bolivarianas en funciones de seguridad ciudadana, pero no se sabe si en Venezuela hay un estado de excepción que lo justifique. Son preguntas que ya hicimos y, como no obtenemos respuestas, seguiremos haciendo”.

“Me parece que las respuestas no se adaptan a lo que eran las preguntas. Hemos preguntado sobre cuándo se permitirá que el Relator Especial pueda visitar Venezuela. ¿Cuándo estos mecanismos independientes podrán visitar el país? Están todos esperando autorización para visitar el país”, insistió la experta Felice Gaer.

Las protestas y López

“¿Qué querían ustedes? Utilizamos las fuerzas policiales, con sus equipos antimotines legales”, dijo Rangel Ávalos al referirse a la represión de las protestas que comenzaron en febrero de 2014.

Negó que existan evidencias que comprometan la responsabilidad penal de funcionarios policiales o militares.

Minutos después el Ministerio Público ofreció un balance que desmintió al jefe de la delegación: 242 investigaciones, de las cuales se habrían resuelto 117 (51%). 125 actos conclusivos que incluyen 8 acusaciones contra 16 funcionarios policiales o militares.

No se precisaron nombres, pero sí organismos de adscripción: 7 de la Policía Nacional Bolivariana, 5 de la Guardia Nacional Bolivariana, 2 de Polichacao y 2 de Poliaragua. 12 funcionarios detenidos y 7 con libertad condicional. Una orden de aprehensión sin ejecutar, la del agresor de Marvinia Jiménez.

A través del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, la ONU ha documentado ampliamente las condiciones de reclusión del caso del dirigente de oposición Leopoldo López y ha pedido su liberación inmediata.

Sin embargo, la delegación estatal negó que estuviera sometido a tratos crueles. Refirió como prueba el acta que suscribió López el 21 de junio, cuando cesó la situación de aislamiento a la que estuvo sometido durante los primeros cinco meses.

María Mercedes Berthé aseguró que López puede recibir visita cuatro días a la semana de “familiares y amigos”.

La Fiscalía no informó a los expertos que el restablecimiento de los derechos de López solo duró tres días y que la mayor parte de su encarcelamiento ha estado sometido a continuos castigos, que incluyen la suspensión de las visitas de sus familiares.

El padre del detenido, Leopoldo López Gil, confirmó que desde el 25 de octubre López permanece impedido de recibir visitas por haber iniciado una protesta en demanda de respuesta al requerimiento de liberación que hizo la ONU. “Ni sus dos hijos pequeños han podido visitarlo”, aseguro López Gil.

62% de los jueces son vulnerables

Uno de los pocos datos precisos aportados por la delegación venezolana lo ofreció el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Luis Damiani: solo 665 (38%) de los jueces son titulares. Ello implica que 1.095 (62%) de los jueces venezolanos ejercen sus cargos sin estabilidad y son vulnerables a presiones extrajurídicas.

Admitió que los jueces son designados por la Comisión Judicial del TSJ y no mediante los concursos de oposición establecidos en la Constitución como única forma de ingreso y ascenso en la carrera judicial, lo cual deja en entredicho la independencia judicial en Venezuela. Incluso Damiani llegó a decir: “Procuraremos que la división de poderes sea una realidad”.

En cambio, la directora general de derechos humanos y relaciones internacionales del Ministerio para el Servicio Penitenciario, Carmen Morales, no atendió la solicitud de los expertos a efectos de que precisara los índices de hacinamiento. Solo dijo que no era 231%, como aseguran las ONG, sino “índices tolerables y manejables”.

La Cifra

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