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"El país necesita que se haga justicia y haya reconciliación nacional"

Biaggio Pillieri, diputado y candidato a la gobernación de Yaracuy / Foto Archivo

Biaggio Pillieri, diputado y candidato a la gobernación de Yaracuy / Foto Archivo

El diputado Biagio Pilieri señaló que el Gobierno debe asumir que este es el momento de atender a los perseguidos políticos

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Las conversaciones entre el Gobierno y la oposición para tratar los mecanismos de atención a los presos políticos y exiliados se iniciaron esta semana y se espera que continúen en los próximos días. El diputado opositor Biagio Pilieri dijo que la aprobación de la ley de amnistía general sería un paso importante para todos, que conviene al Gobierno, a los presos políticos y sus familiares y a todos los perseguidos.

Subrayó que tiene fe en que el Gobierno entienda que este es el momento de atender esa solicitud, para la cual debe generarse consenso.

“En 2011 tuvimos la iniciativa de introducir un proyecto de ley de amnistía y reconciliación política que no prosperó y que básicamente contenía el espíritu del nuevo proyecto. Esperamos que el diálogo entre Gobierno y oposición se concrete a corto plazo y que los exilados puedan regresar al país y los presos a sus casas. Es importante tener claro que ninguno de los presos pide perdón: piden justicia. Ha pasado un año desde la solicitud del año pasado y este tiempo pesa para todos. Algunos de los presos están más enfermos y deteriorados”, señaló.

Añadió que el debate no debe centrarse en la calificación de los detenidos, pero sí en las circunstancias de cada uno porque sus casos evidencian violación del Estado de Derecho y del debido proceso.

La situación jurídica de Pilieri, candidato de la MUD a la Gobernación de Yaracuy, está en el limbo luego de que ganó dos juicios y de que suspendieran el nuevo. El diputado está amparado en su inmunidad parlamentaria. En 2009 fue apresado bajo la acusación de los delitos de malversación de fondos cuando se desempeñó como alcalde del municipio Bruzual en Yaracuy.

Pilieri reconoció las gestiones del diputado Edgar Zambrano y de los abogados Hermann Escarrá y Theresly Malavé en la mediación con el Gobierno. Zambrano llegó ayer a Costa Rica para conocer la situación de los exilados civiles y militares en ese país centroamericano. Al regreso presentará un informe.

El ex gobernador del Zulia Manuel Rosales, en declaraciones a Noticias24 desde Perú, dijo: “Nosotros somos hombres y mujeres que hemos pasado momentos difíciles, pero seguimos siendo fieles a nuestros valores y creencias”.

Expediente

José Amalio Graterol, abogado de María Lourdes Afiuni, explicó que hace dos semanas entregó un informe detallado sobre la situación jurídica de su defendida a Escarrá. Advirtió que no ha sido contactado por el diputado Zambrano ni por ningún representante del Gobierno.

“Si hay una verdadera voluntad del Gobierno de resolver el problema de los presos políticos, uno de los primeros casos que deben revisar es el de la jueza Afiuni, que es sin duda una presa del presidente Hugo Chávez”, dijo.

La ex jueza está detenida desde 2009, cuando fue acusada de favorecer la fuga del país del empresario Eligio Cedeño.
Desde febrero del año pasado cumple arresto domiciliario, luego de pasar 13 meses recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina.

Simonovis espera por chequeo

María del Pilar Pertiñez, esposa y abogada de Iván Simonovis, agradeció los esfuerzos de quienes trabajan por acercarse al Gobierno para lograr beneficios para los presos políticos. “Vemos que por parte del Gobierno hay una disposición de atender a estas personas, lo que debe ser valorado de manera positiva”, indicó.

Aunque no alberga muchas esperanzas porque en otros procesos de negociación no ha logrado beneficios para su esposo, cree que el diálogo es la vía más acertada para la reconciliación nacional.

Denunció que las autoridades del Sebin no han cumplido con la orden del Tribunal 1° de Ejecución de Aragua, enviada el 31 de octubre al Helicoide, en la que se ordena que Simonovis sea internado en una clínica privada para practicarle los exámenes médicos requeridos para el otorgamiento de una medida humanitaria.