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¿Cómo se materializará en hechos la Amnistía sin Maduro y el TSJ como obstáculos?

Los familiares de los políticos presos acompañaron la discusión y aprobación de la Ley de Amnistía / AFP

Foto: AFP

La Comisión de Política Interior  de la Asamblea Nacional indicó durante una rueda de prensa que, constitucionalmente, el gobierno no puede obstaculizar los “procesos democráticos” por siempre

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Luego de que el Parlamento aprobara este martes, en segunda discusión, la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional,  pareciera ser un hecho de que los presos políticos detenidos durante los últimos años saldrán en libertad. Aun así, entre la población existe la duda si este decreto será capaz de materializarse en hechos mientras que el chavismo continúe en el Ejecutivo y en el Poder Judicial.

El presidente Nicolás Maduro reiteró el 29 de marzo, antes de que se aprobara oficialmente el decreto, que no aceptará la Ley de Amnistía y Reconciliación que la Asamblea Nacional aprobó posteriormente.  “Me metieron un fast track de un día para otro y me metieron una ley para proteger asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas. Es la verdad. Tengan la seguridad que esa ley por aquí no pasa, caballero. Lo sepa la derecha nacional e internacional. Leyes para amparar terroristas y criminales no pasarán. Por aquí no pasan. Hagan lo que hagan”, dijo.

La diputada opositora Delsa Solórzano indicó durante una rueda de prensa que “ningún gobierno o presidente podrán obstaculizar los procesos democráticos por siempre”. Insinuó que dentro del alto ente judicial existen jueces “con ética”, dispuestos a aprobar la ley porque esa es “la voluntad del pueblo”.

“No todos los jueces en Venezuela son como lo fue Aponte Aponte, o como el ex fiscal Franklin Nieves, que después de que persiguen a sus presas y maltratan a la gente se van huyendo a Estados Unidos y confiesan sus fechorías. Todavía existen jueces y fiscales honestos (…) Hay más jueces y fiscales, de los que ustedes se imaginan, que sabemos que están dispuestos a aprobar la Ley de Amnistía”, indicó Solórzano.

Es importante saber que según el Legislativo, esta ley está diseñada para presos, perseguidos y exiliados políticos. También incluye la Amnistía Laboral, que es el amparo a trabajadores por acosos suscitados dentro de instituciones públicas o privadas, donde las directivas cargan contra los empleados por no estar de acuerdo con el gobierno nacional. También se habla de los casos en que estos empleados son obligados a participar en concentraciones políticas públicas.

¿Y si el TSJ rechaza la Ley de Amnistía?

Robiro Terán, abogado integrante del Foro Penal, explicó que la aprobación de esta ley depende únicamente del Parlamento, no del gobierno nacional. Advirtió que si continúan las trabas a procesos objetivamente constitucionales, se recurrirán a instancias internacionales, por lo cual el gobierno irrefutablemente sería una dictadura.

“La Ley como tal va a ser enviada al presidente de la República, él puede hacer sus observaciones y luego vuelve a la Asamblea. La Asamblea Nacional está siguiendo todos los procedimientos necesarios, ya que la aprobación de la Ley de Amnistía no depende del Ejecutivo Nacional, sino de la Asamblea”, afirmó Terán durante una entrevista en Unión Radio.

 “Nuestra constitución establece que la Asamblea Nacional tiene la potestad de declarar esta ley, una vez aprobada y puesta en gaceta irá al terreno jurídico donde los tribunales deberán hacer lo propio, depende lo que hagan ellos en su ejecútese tendremos que ir a instancias internacionales”, concluyó.

Por su parte, Jesús María Casal, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, explicó a la prensa que según el proceso constitucional el jefe de Estado deberá hacer sus observaciones conjuntamente con la Sala Constitucional del TSJ y este decreto  podría ser devuelto al Parlamento para editar algunos detalles que contemple la ley. Sin embargo, el Ejecutivo, constitucionalmente, no puede negar una misma ley eternamente.

“Someter la Amnistía a referéndum es una opción”

El dirigente político Óscar Pérez, actualmente asilado en Perú, propuso que esta ley sea sometida a referéndum y así el pueblo venezolano sea quien decida aprobar o no este instrumento jurídico propuesto en campaña por los candidatos de la MUD.

“Frente a esta nueva zancadilla que prepara el ilegitimo Tribunal Supremo de Justicia en contra de la tan anhelada Ley de Amnistía que se discute en el seno de la Asamblea Nacional, se hace necesario que el parlamento evalúe la posibilidad constitucional de someter a consulta popular el contenido de esta propuesta legislativa a través de un referendo, que permita al pueblo venezolano decidir si aprueba o no esta ley que devolverá la libertad a presos políticos y exiliados”, expresó Pérez a través de una nota de prensa.

El artículo 73 de la Constitución, al cual hace mención Oscar Pérez, reza lo siguiente: “Serán sometidos a referendo aquellos proyectos de ley en discusión por la Asamblea Nacional, cuando así lo decidan por lo menos las dos terceras partes de los las integrantes de la Asamblea. Si el referendo concluye en un sí aprobatorio, siempre que haya concurrido el veinticinco por ciento de los electores o electoras inscritos o inscritas en el registro civil y electoral, el proyecto correspondiente será sancionado como ley”.

TSJ, el eterno obstáculo

No es secreto para ningún venezolano que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia nunca ha fallado una sentencia en contra del chavismo en los últimos 10 años. Algunos magistrados del alto ente judicial son militantes “inactivos” del PSUV, los cuales fueron proclamados en diciembre luego de que el gobierno perdiera las elecciones parlamentarias el 6 de ese mes.

Desde que inició 2016, el TSJ ha trancado cada ley aprobada que resulte comprometedor para los funcionarios gubernamentales conocidos por ser chavistas. En febrero incluso emitieron una sentencia en donde relevaban de sus funciones contraloras al Legislativo. Esto significa que a los ojos del poder Judicial, la Asamblea no puede remover funcionarios públicos como constitucionalmente podrían hacerlo.

Sin embargo, Solórzano se expresó confiada con respecto a la aprobación de la Amnistía. No cree que ni el TSJ ni Maduro podrán evitar la aplicación de esta ley por siempre.

"Nosotros tenemos nuestras estrategias y hay cosas que no vamos dar a conocer (…) Nuestra estrategia es clara y meridiana, llena de madurez y responsabilidad. Nosotros sabemos lo que hacemos”, aseguró la diputada, quien además es presidenta de la Comisión de Política Interior.

Es importante tener en cuenta que la AN también inició, este martes, la discusión de una ley que reestructure el TSJ para sustituir la directiva del poder Judicial hacia una más “objetiva, justa y políticamente imparcial”.