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“La industria de la prensa corre grave peligro de desaparecer en Venezuela”

Miguel Henrique Otero en la Sociedad Interamericana de Prensa | El Nacional

Miguel Henrique Otero en la Sociedad Interamericana de Prensa | El Nacional

En la reunión que se realiza en República Dominicana, el presidente editor de El Nacional denunció las amenazas al periodismo independiente

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La industria de la prensa en Venezuela corre grave peligro de ser reducida a su mínima expresión o desaparecer. Solo sobrevivirán  aquellos rotativos controlados por el gobierno, que son órganos de propaganda alejados del buen periodismo, destaca el informe sobre las violaciones de la libertad de expresión y de prensa presentado ayer en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa,  que se realiza en Punta Cana, República Dominicana.
El documento recoge los eventos registrados entre enero y marzo de este año en Venezuela referidos a la violación de las libertades de prensa y de expresión en el contexto de un continuo agravamiento del deterioro institucional del Estado venezolano, del colapso de los servicios básicos de agua y energía eléctrica, del acelerado desabastecimiento de alimentos, productos de primera necesidad y medicinas, de una inseguridad ciudadana cuyas muertes superan las de países en guerra y de un creciente rechazo al gobierno del presidente Nicolás Maduro, con apenas menos de 20% de aprobación, lo que compromete seriamente la gobernabilidad en el país.
“Los medios independientes se ven sofocados por una política restrictiva de la libre circulación de la información y el pensamiento, que va desde la censura indirecta de obstaculizar el acceso al papel y otros insumos imprescindibles para los medios impresos, hasta las medidas judiciales contra los propietarios y directivos de medios impresos, radioeléctricos o digitales”, expone el informe que fue presentado ante la SIP por el presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, quien es vicepresidente regional para la Libertad de Expresión del organismo, que agrupa a los directores de los principales medios del continente.
Con relación al acceso al papel, el informe denuncia la situación de los diarios El Carabobeño, El Impulso y El Nacional. Al respecto, Otero aseguró: “La Corporación Maneiro siempre le cerró las puertas al periódico”.
Cerca de 80 periódicos venezolanos se enfrentan a la posibilidad de detener sus rotativas. La estatal Corporación Alfredo Maneiro fue creada –según el informe– para monopolizar el suministro de papel y desplazar a las importadoras tradicionales del insumo, que dejaron de recibir divisas desde hace dos años.
Este ente gubernamental, afirmó Otero, es utilizado discrecionalmente para silenciar al periodismo independiente y estrangular a medios hasta hacerlos desaparecer.
 
La criminalización.
El documento expone con preocupación la medida dictada contra David Natera Febres, director del diario Correo del Caroní, que fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de difamación e injuria. Destaca las medidas judiciales contra directivos y propietarios de los medios El Nacional, Tal Cual y La Patilla, dictadas a partir de una demanda introducida por el diputado y ex presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello.
El documento señala “otro episodio que apunta a la incapacidad del actual gobierno de convivir con el adversario y la prensa libre en un clima de libertad y pluralidad”, como es el caso del canal televisivo adscrito a la Asamblea Nacional ANTV.
Refiere que los operadores de la “hegemonía comunicacional”, propugnada y ejercida por el gobierno, ordenaron la irrupción violenta en los estudios de ANTV para sustraer los equipos de transmisión y destruir las instalaciones, despidieron a los empleados de la televisora y actualmente 164 trabajadores se encuentran “en un limbo” ante la ilegalidad de la medida.
El informe no olvida que el gobierno venezolano persiste en no dar cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de devolver la señal a Radio Caracas Televisión, así como los equipos de transmisión arbitrariamente confiscados en 2007, cuando por órdenes directas del entonces presidente Hugo Chávez Frías no se renovó la concesión.
 
Las concesiones. En lo que se refiere a los medios radioeléctricos, el informe destaca  que el presidente Nicolás Maduro no se ha ahorrado amenazas contra los canales de televisión.
“Venezuela –indicó Otero– tiene el instrumento de extorsión más grande que puede tener un país, como es el caso de las concesiones vencidas y no renovadas de radio y televisión. Ahora se acompaña de la amenazas permanentes del presidente Maduro a los canales de televisión”.
La delegación venezolana presentó un video en el que se muestra al mandatario nacional amenazando a Globovisión, Televen y Venevisión.
Otros mecanismos de coerción, señala el informe, son utilizados contra  varios portales digitales. No solo es el caso de La Patilla, sobre cuyo propietario, Alberto Federico Ravell, pesa una medida judicial que le impide ingresar al país libremente, sino también el  del portal Dólar Today, objeto de una demanda introducida por los abogados del Banco Central de Venezuela ante la Corte de Delaware, en Estados Unidos.
El informe sobre las violaciones de la libertad de expresión en Venezuela destaca asimismo las continuas agresiones y amedrentamientos contra comunicadores durante el ejercicio de su derecho al trabajo y  que no pueden ser considerados “hechos aislados”. También denuncia los episodios de violencia e intimidación contra periodistas en  entidades del país durante la cobertura de las crecientes protestas provocadas por la carestía y el colapso de los servicios públicos.

Aparato judicial
para perseguir
 
Ha llegado la hora de exigir la imprescriptibilidad de los crímenes contra periodistas, así como de reclamar a viva voz que los asesinatos de comunicadores sean considerados delitos de lesa humanidad, dijo el presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio  Paolillo.
Indicó que México y Brasil encabezan la macabra lista de periodistas asesinados, con cuatro comunicadores cada uno, además de Colombia, El Salvador,  Guatemala y Venezuela, con un periodista muerto, cada uno.
Paolillo hizo una presentación sobre el estado de la libertad de expresión en el continente.
Con relación a Venezuela señaló: “El presidente Nicolás Maduro perdió las elecciones legislativas de diciembre pasado, pero eso no ha impedido a su gobierno seguir utilizando el aparato judicial que controla absolutamente para acosar,  perseguir y silenciar a los periodistas críticos o independientes”.
De hecho,  añadió, en el último  semestre  3 periódicos dejaron de publicarse y otros 80 evalúan seguir el mismo derrotero ante las restricciones en el suministro de papel impuesto por el gobierno a través de la empresa monopólica  estatal  Corporación Alfredo Maneiro.

 
ARGENTINA
El cambio de gobierno a finales del año pasado marcó el cierre de un ciclo político en el que se registró la mayor ofensiva contra el periodismo independiente desde la última dictadura militar. El kirchnerismo desplegó una extraordinaria campaña contra la prensa y las voces críticas en general que incluyó el uso de recursos públicos para montar un gigantesco aparato comunicacional destinado a la deslegitimación de periodistas y medios; la partidización de medios públicos; la distribución discriminatoria de la pauta oficial con el objetivo de premiar a sus beneficiarios o castigar a los medios no adictos; la aplicación selectiva de normas para perseguir a la oposición; la sanción de leyes específicas para desarticular medios críticos y favorecer voces oficialistas; la presión a anunciantes privados para que no pautaran en medios no alineados con los intereses gubernamentales; la utilización de los organismos de control y de los servicios de inteligencia para presionar, intimidar y espiar. El kirchnerismo hizo un gran esfuerzo para instalar la idea falaz de que la plena vigencia de la libertad de prensa debía deducirse de la mera existencia de una mirada crítica de ciertos medios y periodistas.
 
BOLIVIA
Medio millar de radioemisoras comenzaron con una dificultosa travesía por la burocracia estatal para renovar sus licencias, mientras la amenaza de su silenciamiento está en una norma que impone la venta de frecuencias. La amenaza a las radioemisoras se suma a la permanente asfixia tributaria con la que se enfrentan medios privados independientes y que en muchos casos sufrieron el recorte de la publicidad estatal. El contexto político en que se presenta el anuncio de cierre de emisoras y venta de frecuencias  describe un ambiente adverso al presidente Evo Morales, que el 21 de febrero perdió en las urnas la posibilidad de postularse por cuarta vez a la Presidencia.
 
ECUADOR
Un asunto que enfrenta a dos sectores de la sociedad es el derecho a la libertad de expresión. De un lado, quienes abogan y defienden el libre ejercicio de la palabra; y del otro, el oficialista,  que con una constante campaña busca silenciar y desprestigiar no solo a los medios de comunicación independientes sino también a quien ejerce opinión o hace oposición,  incluso en redes sociales. Se ha elevado la intolerancia desde el poder a la protesta social al punto de criminalizarla. Los enlaces sabatinos del presidente Rafael Correa se han convertido en un espacio televisivo para fustigar a los medios. Los medios públicos también son una vía de ataque utilizada por el gobierno.