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No hace falta una Constituyente sino cumplir la Constitución

El jurista Jesús María Casal sostuvo que  "Con el estado comunal no se pretende eliminar gobenaciones y alcaldías, sino de infiltrarlos para restarles autonomía funcional" | Foto: Alexandra Blanco / El Nacional

El jurista Jesús María Casal sostuvo que "Con el estado comunal no se pretende eliminar gobenaciones y alcaldías, sino de infiltrarlos para restarles autonomía funcional" | Foto: Alexandra Blanco / El Nacional

El jurista considera que el Estado comunal se fundamenta en el clientelismo y está concebido para una mayor concentración del poder en manos del Presidente de la República 

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El jurista Jesús María Casal aceptó la convocatoria que le hizo la Mesa de la Unidad Democrática para ordenar el debate sobre la necesidad de recuperar la institucionalidad democrática consagrada en la Constitución, en el entendido de que los contrapesos se han debilitado progresivamente durante los 14 años de gobierno chavista.

Evalúa con escepticismo la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, surgida paralelamente en la oposición y el oficialismo. Considera que no están dadas las condiciones para elaborar una nueva carta magna que sea el resultado de un debate suficientemente plural. Teme que se impongan los cambios que se promovieron con la fallida reforma constitucional y que, en definitiva, la imposición del socialismo como forma de gobierno conduzca a una mayor concentración del poder en manos del Presidente de la República.

 

—¿Para qué le serviría al Gobierno una Asamblea Nacional Constituyente?

—Una Constituyente promovida por el Gobierno estaría dirigida a eliminar o, al menos, a flexibilizar los principios de pluralidad política y federalismo. Quizás insistan en las propuestas que fueron rechazadas en 2007 sobre la nueva geometría del poder. Probablemente intenten la constitucionalización del socialismo, lo cual socavaría la esencia de la democracia. No sería una reforma para más estado de derecho, sino para más poder para el Ejecutivo.

No hace falta una Constituyente sino cumplir con la Constitución. El estricto respeto a la carta magna es imprescindible en democracia. La necesidad fundamental, lo más urgente e importante es recuperar la institucionalidad: designar nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, rectores del Consejo Nacional Electoral y el contralor general de la República, mediante los procedimientos participativos y plurales establecidos en la Constitución. Es imprescindible corregir los vicios en la integración de los comités de postulaciones para elegir a las autoridades de los órganos de los poderes públicos que, en la práctica, han implicado la sustitución de diversos representantes de la sociedad civil por diputados del oficialismo. Que la Asamblea Nacional sea un espacio de deliberación plural y no para sorprender y aniquilar al adversario político, mediante el relajamiento del Reglamento Interior y de Debates.

 

—¿Y para que le serviría una Constituyente a la oposición?

—Desde la oposición se plantea la posibilidad de elaborar una nueva Constitución con el objetivo de excluir al chavismo del ejercicio del poder. En ese sentido, la Constituyente puede degenerar en una nueva hegemonía. El reordenamiento de las instituciones no puede ser para colocarlas al servicio de los gobernantes de turno, sino para que funcionen como árbitros imparciales en la resolución de conflictos. No puede usarse la Constituyente para que una mitad del país niegue a la otra.

 

—¿Es posible que la oposición tenga presencia determinante en una eventual Constituyente?

—Para que se logre el saneamiento institucional del país, deben estar garantizadas varias condiciones previas que comienzan por la definición y respeto de las reglas del juego para elegir a sus integrantes. Recordemos lo que ocurrió en 1999, cuando se diseñó un sistema electoral que condujo a la hegemonía oficialista casi absoluta en la Constituyente, a pesar de que los representantes de la oposición obtuvieron casi 40% de los votos. Recordemos estrategias como el llamado Kino. Si el oficialismo impone las reglas, la Constituyente va a causar mayores problemas en términos de institucionalidad.

 

—El Estado comunal avanza sin esperar reformas constitucionales.

—La idea oficialista del Estado comunal es que las competencias deben volver a manos del pueblo, porque se asume que están usurpadas por las gobernaciones y alcaldías. Pero, en verdad, más que empoderamiento popular, todo queda en manos del Poder Ejecutivo. La participación ciudadana en los asuntos públicos debe ser libre, a través de instancias verdaderamente autónomas que no compitan con las reglas democráticas ni con el Estado federal. Muchas de las normas establecidas en las leyes del Poder Popular están reñidas con los principios democráticos en materia de descentralización. La dirección de todo este proceso está determinada por la asignación de recursos mediante prácticas clientelares. Con el Estado comunal no se pretende eliminar gobernaciones y alcaldías, sino infiltrarlos para restarles autonomía funcional. Se trata de insertar a los estados y municipios en una red de gobierno que dependa del poder central. A los fines de mejorar la calidad de vida de la gente, lo ideológico no puede ser lo más determinante, pues de lo contrario se incurre en discriminación.

 

—¿Cuál es el alcance de la creación las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral?

—Son instancias cuyas autoridades son directamente designadas por el Presidente de la República y, por lo tanto, carecen de sustento democrático en términos de elección popular y revocatoria de mandatos. En el llamado Plan de la Patria se retoman ideas como la creación de Distritos Motores de Desarrollo, incluidos en la fallida reforma constitucional, y que, en la práctica, conducen a la recentralización de toda la administración pública

—¿Qué hay de malo en transferirle poder a las comunidades organizadas?

—El empoderamiento comunitario no está reñido con la Constitución, pero, en todo caso, debe garantizar los principios de pluralismo político y federalismo. Es inadmisible que la participación ciudadana que promueve el Gobierno esté reducida a la construcción del socialismo y que desconozca la organización del poder público en tres niveles: nacional, estadal y municipal. Las organizaciones del Poder Popular no son autónomas. Las comunas en construcción tienen déficit de legitimidad en la medida en que las instancias de representación, como el parlamento comunal, no están regidas por la elección a través del voto directo y la posibilidad de revocatoria de mandatos. Ejercerían competencias de gobiernos que sí fueron electos popularmente y están sometidas a revocatoria de mandatos. El Estado comunal, como lo concibe el Gobierno, no es democrático.

Ficha personal

Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB

Ex decano de la Facultad de Derecho de la UCAB

Asesor de la MUD en materia de institucionalidad 

elopez@el-nacional.com