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“La habilitante será usada contra supuestos enemigos internos”

“Obama: repeal the executive order”, dijo Maduro en su alocución tras recibir la Habilitante | Foto AVN

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Alberto Arteaga Sánchez teme abuso de poder mediante el relajamiento del debido proceso

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El jurista Alberto Arteaga Sánchez advierte que no está garantizado que los decretos leyes que durante los próximos nueve meses dicte el presidente Nicolás Maduro, con fundamento a la habilitación que le concedió la Asamblea Nacional, sean exclusivamente para enfrentar a Estados Unidos.

El texto aprobado por la bancada oficialista que domina el Parlamento abre la posibilidad de legislar sobre cualquier materia, en la medida en que señala como propósito general, sin mayores precisiones, garantizar la protección contra “cualquier actividad externa o interna que pretenda violentar la paz, la tranquilidad pública y el funcionamiento de las instituciones democráticas”.

“La mención a actividad interna -explica Arteaga Sánchez- está asociada a la noción de enemigo interno y a la justificación del derecho penal del enemigo. En la práctica y, precisamente como consecuencias de decretos leyes previos, hemos visto cómo se han utilizado procedimientos penales para perseguir y aniquilar la más mínima expresión de disidencia”.

El académico mencionó, a modo de ejemplo, que la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal relajó garantías fundamentales vinculadas al debido proceso: ahora se permite el juicio en ausencia, la policía tiene mayor injerencia en las investigaciones y se menoscabaron las opciones de defensa del imputado. “Todo indica que con el pretexto de la lucha antiimperialista se va a fortalecer el poder punitivo del Estado sobre el ciudadano, sobre todo aquel que el gobierno considere su enemigo o, en términos de esta nueva habilitante, una amenaza interna”, agregó Arteaga Sánchez, quien no descarta que se les confiera legalidad a procedimientos controversiales como la validación de acusaciones de los llamados patriotas cooperantes y agentes encubiertos.

“Pudiera suceder que la resolución 8610 del Ministerio de la Defensa, que autoriza el uso de la fuerza letal en el control del orden público, se convierta en un decreto ley”, indicó como ejemplo.

Para Arteaga Sánchez, la habilitante antiimperialista es un estado de excepción disfrazado, “pero sin cumplir con las formalidades ni asumir el costo político que implica la restricción de garantías constitucionales, lo cual puede ser todavía más peligroso”.

La abogada Adriana Betancourt, experta en estados de excepción, recordó que se trata de una previsión constitucional sujeta a rigurosos controles: “La habilitante antiimperialista se parece, pero no es un estado de excepción. Habrá que esperar las ejecutorias del gobierno para determinar mayores similitudes o diferencias”.