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Consideran que antejuicio es un atropello a las instituciones

El diputado Andrés Velásquez denunció que el Ejecutivo tiene una estructura que le permite hacer persecución a toda la disidencia | Foto: José Pacheco

El diputado Andrés Velásquez denunció que el Ejecutivo tiene una estructura que le permite hacer persecución a toda la disidencia | Foto: José Pacheco

Critican la poca transparencia que se genera cuando otros poderes son sumisos al Ejecutivo

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Dirigentes políticos consideran que la admisión del antejuicio de mérito a los diputados Juan Carlos Caldera y María Aranguren constituye un atropello a las instituciones. Coinciden en que el gobierno no reconoce la vía política y apela al poder del Estado para alcanzar sus objetivos.

“Ellos aluden a la extorsión para obtener sus objetivos”, afirma el diputado Andrés Velásquez, dirigente de La Causa R. Agrega que el Ejecutivo tiene una estructura que le permite hacer una persecución sistemática de todo tipo de disidencia.

“No sólo los políticos son el objetivo; cualquier sector que se oponga a sus decisiones es amedrentado”, declara. Afirma que la decisión de la Sala Plana es “encargo político”.

El jefe de la fracción parlamentaria de AD, Edgar Zambrano, indica que una decisión basada en “abuso de poder” deja a las instituciones en una situación de “poca transparencia”.

“Como ha pasado anteriormente, el Poder Judicial reacciona complaciendo las peticiones del Ejecutivo. Esto solo atenta contra ellos mismos porque quedan ante el país como corruptos”, expresa.

El diputado Stalin González, dirigente de UNT, manifiesta: “Lo que no pudieron por vía política, lo consiguen por corrupción. Optaron por utilizar al TSJ para alcanzar una habilitante que no hace falta. En una supuesta lucha contra la corrupción vemos cómo el cogollo del PSUV es el que controla el país”.

El diputado Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia, considera que la habilitante es la respuesta de un “gobierno débil”. Apunta que para los casos políticos que favorecen al gobierno la “justicia está partidizada”.

Carlos Melo, dirigente de Copei, asevera que la decisión demuestra “la sumisión” de las instituciones. “En lo que ellos llaman la cuarta república por lo menos se cuidaban las formas. Si había algún juez adeco o copeyano se lo tenía bien escondido. No es el caso en este tiempo, cuando vemos que el señor Maduro llama a la fiscal y en solo horas ya hay decisiones. Eso no se había visto”.

Interés ciudadano

El politólogo Carlos Raúl Hernández considera que el ciudadano no percibe el escenario político como el económico y el social. “La gran mayoría del país no está pendiente de las inmunidades de los diputados y de las habilitantes, pero sí siente los altos precios y la inseguridad; de modo que el gobierno está en una estrategia muy peligrosa para él. Está accionando en lo político sin atender de frente lo social”.

Advierte que las decisiones políticas del Ejecutivo no pueden retrasar verdaderas acciones que le den alivio a la crisis económica y de inseguridad que vive el país. “Lo que se podrá leer en los resultados de las próximas elecciones es el descontento de los ciudadanos frente a los problemas que los afectan directamente”.