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“Ni en guerra se admite disparar contra viviendas”

Liliana Ortega, directora ejecutiva de Cofavic, comparó los excesos cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado con los ocurridos durante el 27 de febrero de 1989 

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A pesar de la censura impuesta a los medios de comunicación radioeléctricos, abundan las evidencias audiovisuales y testimonios de testigos sobre militares de la Guardia Nacional Bolivariana que dispararon indiscriminadamente contra residencias en varios sectores de Caracas donde el 19 de febrero en la noche hubo protestas.

A partir de la información difundida a través de Internet, la directora ejecutiva de Cofavic, Liliana Ortega, advirtió: “Ni en guerra se admite disparar contra las viviendas”. Comparó los excesos cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado con los ocurridos durante el Caracazo. La diferencia que nota es que, el 27 de febrero de 1989 la represión militar se concentró en zonas populares como Catia, Petare y El Valle.

“Los disparos indiscriminados de cuerpos de seguridad en la represión de alteraciones del orden público fueron exhaustivamente analizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando condenó a Venezuela por el Caracazo. Desde hace 25 años está claro que el Estado también es responsable de la actuación fuera de la ley de grupos armados con su aquiescencia o tolerancia”, precisó Ortega.

Marino Alvarado, coordinador general de Provea, asegura que lo ocurrido revela un patrón de represión conjunta entre la GNB y colectivos oficialistas. Informó que el 19 de febrero en la noche recibió denuncias de Caracas, Puerto Ordaz y Valencia: “Hay suficientes registros de la actuación armada de grupos paramilitares en coordinación con los cuerpos de seguridad del Estado contra las residencias”.

Destacó que algunos funcionarios, como la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela; y el gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, han alentado a los colectivos oficialistas a través de sus cuentas de Twitter. “Pareciera que la estrategia del gobierno para reprimir las protestas que se han tornado violentas es incorporar a grupos paramilitares”, afirmó Alvarado.

Rocío San Miguel, de Control Ciudadano, fue más allá: “Hay denuncias de la intervención de mercenarios extranjeros en las manifestaciones emprendidas por sectores de oposición. En todo caso, lo indubitable es el incremento de la participación de militares en labores de control de orden público, sin que existan suficientes garantías del uso proporcional y progresivo de la fuerza”

La directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar, recordó que la función de los cuerpos de seguridad está limitada al restablecimiento del orden público, con estricto apego a los estándares internacionales. “¿Por qué persiguen a los manifestantes y disparan contra sus viviendas? Es lo mismo que ocurrió en el Caracazo”, expresó.