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Cuatro gobernadores de oposición están bajo amenaza de sanción política

Enrique Maestre | Foto: Henry Delgado

Enrique Maestre | Foto: Henry Delgado

Las denuncias contra mandatarios oficialistas no parecen prioritarias. En la Comisión de Contraloría también hay expedientes contra Enrique Maestre y Marcos Díaz Orellana

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Cuatro gobernadores en ejercicio aspirantes a la reelección y adversos al proyecto chavista están siendo investigados en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional por denuncias que datan algunas de hace más de cuatro años. Henri Falcón, Morel Rodríguez, César Pérez Vivas y José Gregorio Briceño aseguran estar en la mira del presidente de la instancia parlamentaria, Pedro Carreño, como parte de una estrategia de retaliación y persecución política.

Carreño, que repite hasta el cansancio que ninguna de las averiguaciones se pasa por el tamiz partidista, pidió a la comisión acelerar el trabajo para llevar los informes que impliquen sanción política a la plenaria del 11 de diciembre, fecha de cierre del segundo período de sesiones ordinarias de este año.

Al ser consultado sobre la exigencia efectuada esta semana por el PCV, en el sentido de que se investigue por igual las denuncias contra gobernadores opositores y oficialistas, respondió: “La Asamblea Nacional es la casa del poder popular; aquí no se le niega el acceso a nadie. Si el PCV tiene denuncias contra mandatarios del PSUV, que vengan a la Comisión de Contraloría y las presenten. Es irresponsable decir que se investigue a tal o cual gobernador sin presentar los documentos que respalden la denuncia”, declaró.

El llamado del PCV tuvo eco en la oposición. El jueves de esta semana el concejal metropolitano Máximo Sánchez pidió al Parlamento que solicite los expedientes que cursan en Fiscalía y Contraloría contra los candidatos regionales del PSUV Ramón Rodríguez Chacín, Henry Rangel Silva y Tareck el Aissami, así como otros existentes contra Juan Barreto, Diosdado Cabello y Néstor Reverol.

El diputado Carlos Ramos (UNT), integrante de la subcomisión encargada de indagar las denuncias contra los gobiernos regionales, se mostró de acuerdo con los comunistas. “En este momento lo más apropiado es seguir investigando sin apuro y presentar las conclusiones después de los comicios para que no se perciba que la comisión está interfiriendo en las elecciones”, acotó.

En la mira

Los gobernadores de Lara y de Monagas fueron electos en 2008 por la tarjeta del PSUV. En 2010 Falcón se deslindó del proyecto chavista por diferencias con la política de expropiación que se pretendía emprender en Lara. En marzo de este año se produjo la ruptura de Briceño por diferir de la estrategia de Pdvsa para enfrentar la contaminación del río Guarapiche.

Contra ambos hay denuncias en la Comisión de Contraloría desde hace más de cinco años, pero no fue sino hasta 2012 cuando se activó la investigación. Pedro Carreño niega que se trate de una retaliación.

“La comisión recibió en enero de este año más de 700 expedientes de vieja data y la meta que nos pusimos fue resolverlos todos este año. No es un asunto de persecución como quieren hacer ver”, aseguró presidente de la instancia parlamentaria.

Falcón ha pedido ser interpelado: “Son investigaciones político-partidistas porque las encuestas me dan 22 puntos de ventaja sobre el candidato del gobierno”.

Briceño asegura que los casos en su contra fueron investigados por la Contraloría General, sin que se hallara evidencia de ilícitos: “En mi gestión no ha habido robo, desvío, ni obras inconclusas. A mí no me están llamando por ladrón, sino porque no me presté para salvarle el nombre a Pdvsa y a la revolución”, dijo.

El 29 de febrero Ricardo Sanguino (PSUV) solicitó a la Comisión de Contraloría investigar al gobernador de Táchira por el desfalco de más de 4,5 millones de bolívares por funcionarios adscritos a la dirección de personal de la gobernación.

Pérez Vivas había puesto la denuncia ante la Contraloría del estado andino y el Ministerio Público con antelación. “Nunca fui citado ni visitado por la Comisión de Contraloría. Sólo solicitaron la nómina de la gobernación y se les entregó. Esa denuncia no prosperó porque yo actué oportunamente, los responsables fueron sentenciados y el dinero fue recuperado”, dijo a El Nacional.

A juicio del mandatario tachirense, las averiguaciones contra gobernadores de oposición son eminentemente políticas: “No buscan controlar la administración ni sanearla, sino perseguir”.

No obstante, Carreño, que preside la comisión especial creada para este caso, declaró que la investigación sigue su curso. “Hemos hecho varias actuaciones; recibimos parte de los cuestionarios (7 de 26) que enviamos a los ex funcionarios presos y solicitamos al Ministerio Público que insista con el resto. La Directora Nacional Anticorrupción está al tanto de este caso. No se descarta que el gobernador pueda ser interpelado”, dijo el diputado del PSUV.

En la sesión del 31 de octubre de este año los diputados de la Comisión de Contraloría acordaron viajar a Nueva Esparta para verificar una denuncia contra la gobernación por la presunta compra con sobreprecio de un terreno en la laguna de El Morro en 2005. La contratación irregular de bolsas de comida y la entrega de una concesión para administrar el puerto de El Guamache también figuran en el expediente.

“Son casos viejos que traen a colación para crear una situación ficticia. En su oportunidad se enviaron los documentos a la Comisión de Contraloría de la Asamblea y al tribunal, y la decisión nos favoreció porque no hubo ilícito”, dijo Rodriguez.

En respuesta, Pedro Carreño señaló: “Los delitos contra el patrimonio no prescriben; las actuaciones de los demás poderes no menoscaban las capacidades de control político de la Asamblea”.

“Yo no tengo problema en que nos investiguen, pero creo que el PSUV comete un error. Lo que pasa es que están alarmados porque su candidato no tiene respaldo de la población”, acotó.

Solicitó determinar el uso que Carlos Mata, ex ministro de la Defensa y candidato a la gobernación, dio a 196 millones de bolívares para la construcción de viviendas y canalización de ríos tras las lluvias de 2011. “Ni están las viviendas, ni está el informe”, dijo.

Vuelo bajo

La Comisión de Contraloría también tiene en sus manos dos denuncias contra gobernadores oficialistas en ejercicio que no han contado con la misma celeridad de los otros.

Por ejemplo, el expediente 1404 data de 2009 y señala que el gobernador de Sucre, Enrique Maestre, recibió en 2008 la suma de 432,1 millones de bolívares para cancelar deudas laborales a sus trabajadores. Los denunciantes, representantes de 11 sindicatos sucrenses, afirman que nunca recibieron los pagos.

Otro expediente, el 1443, fue recibido en 2011 y señala que la gobernación de Mérida compró un conjunto de maquinarias de construcción por un monto de Bs 1.782.150 en noviembre de 2007 para ser asignadas al Instituto Merideño de Infraestructura y Vialidad. Las maquinarias no fueron entregadas.

En la anterior legislatura se produjeron varias sanciones políticas contra aliados y ex aliados del partido de gobierno. La lista la encabeza el ex gobernador de Yaracuy, Carlos Giménez, que en 2010 fue hallado responsable de causar un daño patrimonial superior a los 200 millardos de bolívares en la entidad; Gilmer Viloria, ex mandatario de Trujillo, corrió la misma suerte. Ese mismo año un procedimiento iniciado por la Asamblea Nacional y terminó en la Contraloría General inhabilitó a Ramón Martínez (Nueva Esparta) y a Manuel Rosales (Zulia) para ejercer cargos públicos.

En enero de 2011, en su último acto administrativo, la Asamblea que operó entre 2006 y 2011 también emitió una condena política contra el ex gobernador de Aragua Didalco Bolívar.

La actual legislatura no ha volado tan alto todavía. Un expediente de 17 denuncias presentadas en 2009 contra el ex gobernador de Miranda Diosdado Cabello por parte de la Procuraduría del estado, por la presunta comisión un daño patrimonial de 480 millones de bolívares, fue desechada en octubre de 2011 por el Parlamento.

Hasta el momento, las sanciones políticas de esta Asamblea han afectado a tres alcaldes del PSUV: el de Jacura (Falcón), el de Guanarito (Portuguesa) y el de Peñalver (Anzoátegui).

Público y perverso

En una carta abierta de fecha 20 de diciembre de 2011, el PCV del estado Bolívar acusó al gobernador de la entidad, Francisco Rangel Gómez, y al Instituto de Salud de la entidad de violar los derechos humanos de sus trabajadores.

El 29 de septiembre pasado el periódico Tribuna Popular denunciaba que 43 trabajadores de la Fundación Barrio Adentro Carabobo, del Hospital Universitario de Caracas y del Ministerio de Salud eran víctimas de despidos injustificados por “haber realizado denuncias sobre acoso laboral”.

Agregan los comunistas en su impreso que Portuguesa “no escapa a los atropellos y violación al derecho humano del trabajo” y se refieren concretamente a la ejecución de 27 despidos injustificados en la Dirección de Salud Ambiental de la entidad. “Nosotros exhortamos a nuestros militantes a llevar todas las denuncias a la Asamblea, la Fiscalía y a donde corresponda”, dijo Carlos Aquino, secretario de Propaganda del PCV.

Más recientemente, el 18 de octubre, Eduardo Serrano, coordinador de formación ideológica del PSUV-Trujillo, declaró a El Nacional que el gobernador Hugo Cabezas estaba inmerso en posibles hechos de corrupción. “Cabezas es dueño de muchas empresas en Trujillo, empresas que siempre obtienen las licitaciones para las obras en el estado en detrimento de las cooperativas y pequeñas empresas. Su testaferro es el diputado Hugbel Roa. Tenemos pruebas y las denuncias las estamos llevando a la dirección nacional del partido”. El primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, es a la vez presidente de la Asamblea Nacional.

El presidente de la Comisión de Contraloría, Pedro Carreño, respondió que los atropellos por causas laborales y de derechos humanos no corresponden a la instancia, que sólo trata aquellas que lesionan el patrimonio público. “En el caso de Trujillo, esa denuncia no ha llegado a la comisión, y si llegara, podría no ser admitida porque parece estar basada en infundios. Es negativo utilizar la corrupción como arma de retaliación política. Es perverso”, enfatizó.

El antejuicio

Es importante tener en cuenta que la Asamblea sanciona políticamente, la Contraloría sanciona administrativamente y el Poder Judicial sanciona penalmente. Un gobernador puede ser sancionado políticamente por la Asamblea Nacional y esta puede remitir el expediente al contralor general y al fiscal general para que inicien las averiguaciones que determinen si el funcionario en cuestión cometió delito.

Si el contralor establece que hubo delitos de corrupción administrativa, puede suspender al funcionario en ejercicio o destituirlo, e imponer su inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos hasta por 15 años, dice el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General.

Si el fiscal general determina que hay delitos penales, presenta una querella ante el TSJ, que debe convocar a una audiencia oral y pública dentro de un lapso de 30 días para que el imputado conteste a las acusaciones. En la audiencia el fiscal general expone los fundamentos de la querella y el defensor, los alegatos. Por último el imputado tiene derecho de palabra. Finalizada la audiencia, el TSJ tiene cinco días para declarar si existe o no mérito para enjuiciar al gobernador. Si la respuesta es positiva, el gobernador debe separarse de su cargo y pasar a juicio. El artículo 266 de la Constitución señala que es atribución del TSJ declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento de los gobernadores.

En caso de que el Parlamento dictamine sanción política contra alguno de los gobernadores de oposición, los procesos de antejuicio de mérito y/o inhabilitación podrían tomar varios meses.