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Por errores y omisiones el Estado viola los derechos sociales

A pesar de que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, el gobierno se ha hecho de un discurso anacrónico que coloca los derechos sociales por encima de los individualesA pesar de que los derechos humanos son interdependientes eindivisibles, el gobierno se ha hecho de un discurso anacrónico que coloca losderechos sociales por encima de los individuales. Se ufana de losreconocimientos obtenidos por logros muy discutibles, como la supuestaerradicación del analfabetismo y asegura que ha cumplido con creces la mayoríade los Objetivos del Milenio. La crisis sanitaria, el deterioro de losplanteles y el déficit de viviendas emergen como realidades más contundentesque cualquier buena intención. El Observatorio Venezolano de ConflictividadSocial ha determinado que la violación de los derechos sociales constituye elprincipal motivo del descontento. Al ciudadano solo le queda la opción deprotestar, pues el Tribunal Supremo de Justicia, mediante una de sus máscontroversiales sentencias, la 1.002 dictada en 2004, negó la posibilidad dereclamar ante los tribunales los derechos sociales. El TSJ determinó que laspolíticas públicas no están sujetas a control judicial, sino político.

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A pesar de que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, el gobierno se ha hecho de un discurso anacrónico que coloca los derechos sociales por encima de los individuales. Se ufana de los reconocimientos obtenidos por logros muy discutibles, como la supuesta erradicación del analfabetismo y asegura que ha cumplido con creces la mayoría de los Objetivos del Milenio. La crisis sanitaria, el deterioro de los planteles y el déficit de viviendas emergen como realidades más contundentes que cualquier buena intención. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ha determinado que la violación de los derechos sociales constituye el principal motivo del descontento. Al ciudadano solo le queda la opción de protestar, pues el Tribunal Supremo de Justicia, mediante una de sus más controversiales sentencias, la 1.002 dictada en 2004, negó la posibilidad de reclamar ante los tribunales los derechos sociales. El TSJ determinó que las políticas públicas no están sujetas a control judicial, sino político.

La Misión Vivienda se quedó corta

El artículo 82 de la Constitución indica: “Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda e higiénica (…) la satisfacción de este derecho es obligación compartida de los ciudadanos y el Estado”. A pesar de la referida corresponsabilidad, el Estado debe garantizar los medios para que las familias puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de los inmuebles que usan como residencia.

En abril de 2011 el gobierno lanzó su programa habitacional Gran Misión Vivienda para resolver el déficit de inmuebles. Para ese año se calculaba un déficit de 2,7 millones de unidades. Entre 2011 y lo que va de 2014 han entregado 630.330 viviendas, según cifras del Ministerio de Vivienda y Hábitat. Faltarían más de 2 millones de inmuebles y habría que agregar el incremento de la demanda registrado en 3 años.

Misión Vivienda tiene como meta este año entregar 400.000 viviendas, pero faltando 13 días para finalizar 2014 sólo han construido 83.162, según cálculos oficiales. Para alcanzar la meta que se han propuesto, el gobierno debería construir y entregar 318.838 unidades lo que significa que hasta la fecha solo ha cumplido 20,8% de lo prometido.

El ímpetu que mostró el programa durante 2011 y 2012 no se repitió en 2013 y mucho menos este año en el que el déficit amplio su rango.

La falta de tierras urbanizadas y de materiales de construcción, como cemento, cabilla y estructuras metálicas, son algunos de los obstáculos que han enfrentado.

El pensamiento único irrumpe en los planteles

La resolución 058, aprobada en octubre de 2012, causó una gran resistencia de la sociedad civil frente a la creación de los consejos educativos y el otorgamiento de amplios poderes de decisión a las comunidades sobre el funcionamiento de los planteles. 16 organizaciones civiles manifestaron en 2013 en contra de la normativa, por la restricción del derecho de las familias a participar en la educación y el establecimiento del socialismo como único ideario educativo.

La asociación civil Forma denunció que la resolución violenta los artículos 76 y 2 de la Constitución. El primero señala que los padres tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar y educar a sus hijos, por lo que actúan como co-responsables del proceso educativo. El segundo reza que Venezuela se constituye en un Estado democrático que propugna como valores la igualdad, los derechos humanos y el pluralismo político.

La normativa, impulsada por la ex ministra de Educación Maryann Hanson, relega el papel de los padres en la toma de decisiones, debido a que los miembros de la comunidad tienen el mismo poder de decisión que padres y maestros, expresó Forma.

La resolución también contradice el derecho al pluralismo político en el país, pues considera a los consejos comunales como instancias de participación en el proceso educativo, “en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista” lo cual no figura en la Constitución.

Para Fenasopadres, la resolución 058 es una de las violaciones más graves a la carta magna en lo que concierne a los derechos sociales relacionados con la educación. Nancy Hernández, vocera de la organización, asegura que este instrumento violenta, además, el artículo 67, según el cual todos los ciudadanos tienen el derecho de asociarse mediante métodos democráticos.

Hernández afirmó que a través de la 058 las formas de asociación son decididas por el Estado, sin consultar con los participantes del proceso educativo.

El artículo 7 de la normativa dictamina que los padres, docentes, estudiantes, obreros, administrativos y comunidades deben organizarse en 11 comités específicos como únicas instancias de participación. Los maestros deben agruparse en colectivos de formación, por lo que Fenasopadres desconoce otros tipos de asociación legítimamente constituidos, como es el caso de la Federación Venezolana de Maestros.

Transcurridos 15 años no se ha creado un sistema único de salud

El artículo 83 de la Constitución establece que la salud es un derecho fundamental y que el Estado tiene la obligación de garantizarla como parte del derecho a la vida. El artículo 84 señala que para cumplir con el mandato debe crearse un sistema público nacional de salud cuyo financiamiento provendría de los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra fuente de financiamiento legal. Luego de 15 años tales disposiciones constitucionales no se han cumplido.

Venezuela no tiene un sistema de salud único, sino varios sistemas regidos por diferentes organismos lo cual debilita al Ministerio de Salud como ente rector, así como la efectividad de las políticas públicas para el sector. Los economistas Silvia Salvato y Eduardo Áñez describieron ese fraccionamiento en el documento El Financiamiento de la Salud. Integrar más que dividir, publicado por Cedice en noviembre. El informe resalta como el sector más favorecido entre los cuatro sectores identificados la Misión Barrio Adentro, que ha recibido de PDVSA desde su creación en 2003 un total de 6.516 millones de dólares.

El ex ministro de Sanidad José Félix Oletta afirma que, de acuerdo con las tres últimas Memoria y Cuenta de la estatal petrolera, esas erogaciones llegaron a 17.950 millones de dólares sin contar los recursos suministrados a través del presupuesto ordinario, mediante los ministerios de Salud y Secretaría de la Presidencia, hecho que convierte a la misión en una especie de ministerio paralelo: con más recursos disponibles, pero con menos atribuciones para atender a los ciudadanos.

Los otros sectores que impiden la consolidación en un sistema único como el que impone la Constitución están integrados por el propio sistema sanitario dependiente de Min Salud, que cuenta con más de 220 hospitales; el aseguramiento provisional representado por el IVSS e institutos como el Ipasme, el Ipsfa, los hospitales de Fuerza Armada y el sector privado, por el pago que realizan las instituciones públicas para contratar servicios de salud privada a través de pólizas para sus trabajadores.