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Con 90 diputados la oposición quedaría de manos atadas

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José Peña Solís considera que es una jugada perversa

No se podrían revocar las controversiales designaciones de las autoridades de los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano

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Si la impugnación de 22 diputados de la Mesa de la Unidad Democrática prospera en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, la oposición quedaría con 90 diputados o, lo que es lo mismo, perdería la mayoría de dos terceras partes de la Asamblea Nacional que logró en los comicios del 6 de diciembre. Ni siquiera dispondría de los tres quintos (100 diputados), de modo que en la práctica no podría hacer mayor contrapeso al gobierno.

José Peña Solís, ex presidente de la Sala Electoral, califica de perversa la jugada del oficialismo: “Se intenta recubrir de un barniz jurídico el empeño del chavismo en desconocer la voluntad popular expresada a través del sufragio y su resistencia a perder el poder”.

La página web del TSJ indica que la Sala Electoral tuvo despacho hasta el 10 de diciembre. Sin embargo, habría abierto sus puertas para recibir un recurso contencioso de nulidad acompañado de una solicitud cautelar de suspensión de los efectos de la elección y proclamación de este grupo de 22 diputados opositores.

Peña Solís explica que la medida cautelar de suspensión de efectos se puede dictar inaudita parte; es decir, sin notificar a los afectados y de manera inmediata. Lo más grave es que el impedimento para que estos 22 diputados opositores se incorporen a la legislatura de la Asamblea Nacional, que comienza el 5 de enero de 2016, puede prolongarse indefinidamente. “Aunque la ley dispone una abreviación de lapsos, la Sala Electoral puede retardar la emisión de una sentencia sobre el fondo de la controversia todo el tiempo que quiera o, mejor dicho, que necesite el gobierno para que la maniobra surta efectos”, advierte el ex magistrado.

Así las cosas, la oposición no podría revocar las decisiones de la legislatura saliente, entre ellas la designación de los magistrados del TSJ, los rectores del CNE y las autoridades del Poder Ciudadano, ni aprobar votos de censura al vicepresidente y a los ministros.