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Estado se desentendió de agresiones a los medios

En el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión se da cuenta de al menos 40 ataques a la prensa en 2012

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El Estado venezolano se desentendió de las agresiones y amenazas contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación ocurridas el año pasado, que figuran en el informe anual 2012 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue divulgado ayer.

“En sus observaciones al presente informe, el Estado indicó que la información reportada sobre agresiones y amenazas contra medios y periodistas se encuentra sustentada en ‘publicaciones de medios de comunicación venezolanos y de ONG venezolanas’, cuando ‘los únicos medios de prueba, según la legislación venezolana, en caso de agresiones son las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público, única forma para que se inicie una investigación penal”, se indica en el documento.
En el informe se da cuenta de 20 agresiones a periodistas en el territorio nacional durante el año pasado, así como otras 20 ocurridas en los procesos electorales celebrados en 2012.
“La CIDH recibió información sobre el aumento de las agresiones a periodistas durante el proceso electoral. En este sentido, la CIDH continúa advirtiendo un agudo clima de polarización que dificulta, y en muchos casos impide, que los periodistas puedan realizar su trabajo de informar adecuadamente a la sociedad”, se advierte en el documento.
En cuanto a los ataques vinculados con la cobertura de eventos electorales, la respuesta de las autoridades venezolanas fue similar a la anterior: “Reiteró en sus observaciones que estas ‘denuncias basadas en informaciones de prensa no comprometen al Estado venezolano’. A su juicio, ‘si las mismas no fueron denuncias ante el Ministerio Público no constituyen prueba alguna”.
La CIDH también reportó casos de incautación de material periodístico, cinco en total. En cuanto a estas denuncias el Estado venezolano sólo se limitó a argumentar que no habían sido interpuestas ante la Fiscalía.
“A su juicio, esta información es reportada ‘con el fin de levantar falsos expedientes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y desprestigiar a un país que comete el delito de no obedecer al Gobierno estadounidense que es el que financia a la OEA”, se indica en el informe.
En el capítulo dedicado a Venezuela la CIDH manifiesta preocupación por los referidos ataques y por la falta de investigación y sanción a los responsables.
La mencionada relatoría también advierte la existencia de normas sancionatorias ambiguas o desproporcionadas que permiten abrir procesos judiciales y administrativos de manera discrecional.
Venezuela respondió que hasta el momento de la presentación del informe los medios de comunicación opositores nunca han sido objeto de medidas de cierre (parece haber sido obviado el caso de RCTV) ni de confiscación de ediciones.