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Denuncian ante la Corte Interamericana nuevas amenazas contra familia Barrios

Eloísa Barrios no se doblega a ésar de 15 años de hostigamiento | Foto: Francesca Commissari / El Nacional

Eloísa Barrios no se doblega a ésar de 15 años de hostigamiento | Foto: Francesca Commissari / El Nacional

Presuntos funcionarios del Cicpc allanaron la residencia de Lilia Ysabel Solórzano Barrios y hostigaron a Víctor Daniel Cabrera Barrios

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La Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Paz del Estado Aragua, el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional denunciaron ante la  Corte Interamericana de Derechos Humanos una nueva situación irregular sufrida por la familia Barrios, diez de cuyos integrantes han sido asesinados desde 1998.

Lilia Ysabel Solórzano Barrios y Víctor Daniel Cabrera Barrios fueron víctimas de un allanamiento sin orden judicial y de amenazas de muerte por presuntos funcionarios policiales, aseguraron las ONG. El 13 de septiembre tres supuestos integrantes del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas entraron a la fuerza a la vivienda donde se encontraban.

Los denunciantes precisaron que Cabrera Barrios estaba en la casa de su tía Lilia Ysabel, ayudándola a realizar reparaciones a la estructura de su nuevo lugar de residencia, adonde tuvo que mudarse debido al hostigamiento y agresiones que ha sufrido la familia. Los presuntos funcionarios del Cicpc le advirtieron al hombre que ya sabían donde ubicarlo.

Cabrera Barrios es hijo de Eloísa Barrios, que ha encabezado la exigencia de justicia en los tribunales nacionales y en el sistema interamericano por la muerte de cuatro hermanos y seis sobrinos, algunos de ellos a manos de funcionarios policiales.

El 24 de noviembre de 2011 la Corte Interamericana determinó la responsabilidad del Estado venezolano por la violación de nueve derechos: vida, integridad personal, libertad personal, circulación y residencia, garantías judiciales, protección judicial, propiedad privada, protección especial a la niñez y la adolescencia y prevención y sanción de la tortura.

El máximo tribunal hemisférico pidió investigación y sanción efectivas de los asesinatos de Benito Antonio, Narciso y Rigoberto Barrios, Luis Alberto Barrios, Oscar José Barrios, Wilmer José Flores Barrios y Juan José Barrios, ocurridas entre 1998 y 2011.

En 2012, luego de la sentencia de la Corte Interamericana, murieron otros dos integrantes de la familia: Víctor Tomás Navarro Barrios, de 17 años de edad, y Jorge Antonio Barrios, el 9 de junio y el 15 de diciembre, respectivamente.

La última víctima fatal fue Roni David Barrios, de 17 años de edad, que murió el 15 de mayo de 2013. Cuatro de los diez fallecidos eran menores de edad. Los otros dos adolescentes eran Rigoberto y Oscar José Barrios.

En el comunicado divulgado ayer se indica: “Los asesinatos de los integrantes de la familia Barrios tienen dos denominadores comunes. El primero, que las víctimas habían sido testigos de los actos de amedrentamiento o incluso de los asesinatos de sus familiares y habían denunciado los hechos. Y el segundo elemento que se encuentra en todos los casos es la impunidad institucionalizada”.

Las ONG destacaron la importancia de que se investiguen las nuevas amenazas y que el Estado venezolano cumpla las medidas de protección acordadas por la Corte Interamericana a partir del 24 de septiembre de 2004. Instaron a que se solicite la presentación de los análisis de riesgo individualizados para cada uno de los beneficiarios de las medidas. 

“Seguiré exigiendo justicia”

“Yo soy Eloísa Barrios. Vengo de una familia humilde de Guanayén, en el estado Aragua. Desde que me mataron al primero de mis hermanos no he descansado. El 24 de noviembre de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por los asesinatos, pero en los últimos dos años me han matado a tres sobrinos más. Van diez muertos. Luego de la sentencia aspiraba  a decirle a Chávez lo que estaba ocurriendo con mi familia, lo que estaban haciendo los fiscales y los jueces penales de Aragua; deseaba decirle que protegiera a mi familia de la persecución policial y judicial. Pero Chávez, en vez de oír mis penurias, lo que hizo fue ponerse a pelear con el único tribunal que me había oído, el único que entendió mi tragedia. De tal manera que jamás renunciaré a la Corte, aunque el Gobierno se haya retirado de ese tribunal. Seguiré exigiendo justicia en cualquier parte del mundo”.