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Tres denuncias contra Maduro ha recibido La Haya en 19 meses

En septiembre el gobierno de Colombia denunció al presidente Nicolás Maduro ante la CPI por las deportaciones masivas de la frontera | Foto AFP / Archivo

En septiembre el gobierno de Colombia denunció al presidente Nicolás Maduro ante la CPI por las deportaciones masivas de la frontera | Foto AFP / Archivo

El primer mandatario no ha informado a Naciones Unidas sobre el estado de excepción en 24 municipios, aunque el Pacto de Derechos Civiles y Políticos lo obliga

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La fiscalía de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, ha recibido tres denuncias contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y altos funcionarios de su gobierno en menos de dos años. El factor común: todas piden que se investigue la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.

Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, y el dirigente de Voluntad Popular en el exilio Carlos Vecchio solicitaron ayer una averiguación contra ocho altos funcionarios del gobierno de Venezuela, encabezados por Maduro.

Los denunciantes indicaron a la prensa que presentaron evidencias de una treintena de homicidios, más de 400 torturas, 3.700 detenciones ilegales, 800 heridos y 2.000 juicios contra manifestantes pacíficos, ocurridos desde febrero de 2014 hasta el presente.

El primer caso contra Maduro en La Haya fue introducido el 7 de abril de 2014 por 198 legisladores de 8 países latinoamericanos, que pidieron investigar “la represión masiva, generalizada y sistemática contra protestantes pacíficos y desarmados” en Venezuela. El segundo fue consignado el 2 de septiembre pasado por el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, por “la perpetración de crímenes de lesa humanidad” durante la deportación de colombianos radicados en la frontera binacional.

La directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Ligia Bolívar, explicó que la admisibilidad de una petición ante la Corte Penal depende de la comprobación de que la persona acusada sea responsable directa porque indujo, ordenó o ejecutó el o los crímenes.

“Cuando el golpe de Estado de 2002 se presentaron más de 20 denuncias contra el ex presidente Hugo Chávez y todas fueron desestimadas. Lo fundamental en la CPI es la demostración fehaciente por parte de quienes presentan la denuncia de que hay vínculo directo entre los hechos y las personas acusadas de haberlos cometido”, dijo Bolívar.

Cortesía. La nueva denuncia se registró en la víspera de un inusual derecho de palabra que Maduro ejercerá hoy ante el Consejo de DDHH de la ONU, por solicitud de la cancillería venezolana, para explicar la situación de los derechos humanos en el país.

“El Consejo no puede seguir desestimando la inocultable y precaria situación de los derechos humanos en Venezuela”, respondió José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, quien espera que el alto comisionado para los derechos humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, se pronuncie para contrarrestar “el monólogo de Maduro”.

UN Watch, otra ONG con sede en Ginebra, exigió al Consejo conceder a Lilian Tintori un tiempo igual al que tendrá Maduro. UN Watch acotó que tras la “cortesía” del Consejo con el presidente venezolano, “es solo cuestión de tiempo antes de que Erdogan de Turquía, Assad de Siria y Kim Jong-Un de Corea del Norte soliciten en cualquier momento del año el mismo podio, al que usualmente solo pueden acceder cada septiembre en Nueva York”.

Contexto

  • El 28 de octubre pasado Venezuela fue ratificada como miembro del Consejo de DDHH-ONU.
  • En junio de este año el Comité de DDHH-ONU exigió a Venezuela respetar a los defensores de derechos humanos.
  • En diciembre de 2014 el Comité contra la Tortura-ONU ordenó la liberación los presos políticos y detenidos por manifestar.
  • En Venezuela hay 74 presos políticos, de acuerdo con cifras del Foro Penal Venezolano

ONU desconoce decretos
La directora del Centro de DDHH de la UCAB, Ligia Bolívar, denunció que tres meses después del primer decreto de estado de excepción dictado por Maduro, y tras una veintena de resoluciones relacionadas, la ONU no ha sido informada.

“De acuerdo con el artículo 4.3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, todos los Estados están obligados a informar de manera inmediata, a través del secretario general, de cualquier medida que suponga vulneración de los derechos del pacto. Hasta este momento eso no se ha hecho”, indicó Bolívar.