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El debate y la denuncia plural vuelven progresivamente al Parlamento

Asamblea Nacional

Asamblea Nacional | Foto: Williams Marrero

Pese a los obstáculos interpuestos por el TSJ, la ley del hielo que le aplica el Ejecutivo y los intentos de entorpecer las plenarias, la Asamblea Nacional muestra un nuevo semblante

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De coliseo romano a ágora griega. Así luce el camino recorrido por la Asamblea Nacional desde 2011 hasta hoy.

El anterior Poder Legislativo, además de ser escenario de sangrientas golpizas, se definió por mantener un discurso monocolor, silenciar las críticas al gobierno, avalar a pie juntillas las decisiones de los otros poderes y solo permitir voces de respaldo a la revolución. La nueva Asamblea Nacional muestra los primeros signos de cambio: desde el 5 de enero al presente han sido 11 los sectores sociales (además de un gobernador y dos alcaldes) cuyas voces han sido escuchadas por la plenaria y las comisiones parlamentarias.

Los primeros en ser oídos fueron los trabajadores despedidos arbitrariamente del canal ANTV, quienes ejercieron un derecho de palabra el 27 de enero en la Comisión de Desarrollo Social. De ahí en adelante esa y otras comisiones han sido caja de resonancia de los problemas más sensibles de la gente.

Trabajadores del sector eléctrico, educadores empleados del Periódico de Occidente, representantes de Fetraharina, voceros del Sindicato de Trabajadores de la Prensa y varias ONG defensoras de la libertad de expresión, productores del Valle de Tucutunemo, familiares de estudiantes y pensionados que viven en el exterior, dueños de empresas expropiadas, el alcalde del municipio Barinas, José Luis Machín, y el alcalde de Maturín, Warner Jiménez, todos han hablado en las comisiones permanentes.

Desde la plenaria Luis Pedro España, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB; Richard Medina, padre de un niño fallecido por falta de un medicamento; John Pérez, hijo de una mujer fallecida por falta de insumos médicos, y el gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, también han expuesto sus planteamientos.

Ocho asuntos de interés nacional, a su vez, han sido debatidos por la cámara que aprobó 10 investigaciones de diversa índole: designación de los magistrados del TSJ, crisis penitenciaria, crisis universitaria, crisis del agua, situación agrícola y productividad, la muerte de Félix Borges durante el incendio de un taladro petrolero en Monagas, la crisis del Poder Judicial, el estado de las empresas básicas de Guayana, la situación del sector pesquero y la crisis eléctrica. Temas nunca discutidos en el último lustro.

Logros

El politólogo y especialista en procesos latinoamericanos, Xavier Rodríguez Franco, afirmó que la incipiente apertura a la denuncia ciudadana es uno los logros de la nueva AN, a lo que agrega: “Permitir el acceso de medios de comunicación privados y la transmisión en directo por Internet; la divulgación de los proyectos de ley, órdenes del día y demás documentos legislativos por medios electrónicos. Y las consultas a gremios, universidades, cámaras empresariales, organizaciones no gubernamentales y expertos sobre distintas materias legislativas”.

Sostiene que la AN ha hecho importantes avances a favor de su recuperación como institución autónoma, pero advirtió que aún se enfrenta con un sistema de restricciones y subordinación impuesto por el Ejecutivo durante 15 años.

“En dos meses se ha revitalizado parcialmente su carácter deliberativo, propositivo y de denuncia; sin embargo, sus facultades de investigación y control parlamentario están fuertemente amenazadas, lo que compromete la celeridad y eficiencia de su gestión. Ello es una señal de la confrontación que tendrá con un gobierno central que entiende la gravedad de la crisis de gobernabilidad en la que se encuentra”, indicó.

Obstáculos

En estos dos meses la ciudadanía ha visto una muestra de dichas amenazas: las salas Electoral y Constitucional del TSJ han dictado tres fallos que intervienen directamente en las facultades de la AN, mientras los tribunales de instancia del Poder Judicial hacen caso omiso a los exhortos de la directiva para liberar a los diputados presos Rosmit Mantilla, Gilberto Soto y Renzo Prieto. La fiscal general, el presidente del Banco Central de Venezuela y 12 de 13 funcionarios del Ejecutivo no han asistido a las citaciones de las comisiones permanentes y especiales. El Seniat desatendió la recomendación de la Comisión de Finanzas y aumentó unilateralmente la unidad tributaria. La Imprenta Nacional no se ha mostrado diligente en la publicación de los actos y decisiones del Parlamento y solo ha publicado 4 de 15 acuerdos aprobados en cámara, además de designaciones de funcionarios en cargos administrativos.

Rodríguez Franco consideró prematuro asegurar que la AN haya recuperado su carácter de poder vigilante de la administración pública, pero ha dado señales de estar en vías de recuperar su independencia. “Existen muchas amenazas y presiones para que la AN no controle la administración pública. No será fácil, pues han sido muchos años de hegemonía presidencial y anomia funcional. Sin embargo, la nueva legislatura ha debatido temas silenciados por años, ha incorporado iniciativas de leyes inéditas y ha conducido actividades audaces de denuncia fuera de su recinto haciendo un uso sin precedente de la inmunidad parlamentaria”, expresó.

Desafíos

En el largo camino de cinco años que la AN tiene por delante, llegar airosos al cierre del primer período ordinario de sesiones, en agosto próximo, es la primera parada. El politólogo Xavier Rodríguez enumeró los principales desafíos que, a su juicio, afronta el Parlamento opositor en los próximos meses: “Primero, la amenaza permanente a sus facultades por parte de un Poder Judicial claramente articulado con el Poder Ejecutivo. Otro gran desafío es fomentar una gestión independiente, transparente y autónoma, con el Reglamento de Interior y Debates más antidemocrático de Suramérica. En lo personal, no entiendo muy bien la lógica política detrás de la indisposición de la junta directiva de modificar un reglamento sin pautas claras de transparencia. El desafío más importante es lograr que la agenda del cambio de gobierno no imponga el diferimiento de la agenda de soluciones legislativas a la crisis alimentaria y sanitaria. La Mesa de la Unidad Democrática tendrá que demostrar que es políticamente algo más que una coalición electoral de oposición y que sabrá cómo atender ambas agendas simultáneamente dentro de sus diversidades y en atención a lo que el país espera de ellos”.

Sin agenda legislativa

Aunque la totalidad de las comisiones se instaló el 20 de enero y la mayoría ha dado a conocer el contenido de su agenda de leyes, la junta directiva no ha cumplido el artículo 68 del Reglamento Interior que ordena a la comisión consultiva elaborar la agenda legislativa, someterla a consideración de la plenaria y aprobarla por mayoría simple. Entre 2012 y 2015, bajo la presidencia de Diosdado Cabello, el Parlamento incumplió sostenidamente con este mandato. Pese a ello, la nueva AN sancionó esta semana su primera norma: la reforma de la Ley del BCV, y tiene en cola otros 5 proyectos que han sido aprobados en primera discusión en estos dos meses.

Comisiones activas

Aparte de las investigaciones ordenadas por la plenaria, las comisiones permanentes han iniciado la investigación de numerosos casos de presunta corrupción.

La Comisión de Contraloría se ha comprometido con averiguar las irregularidades en la licitación para la importación de alimentos, medicamentos e insumos; supuestas irregularidades en la dirección de la aerolínea Conviasa; presunta malversación de fondos del gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas; supuestas irregularidades en Petróleos de Venezuela durante la dirección de Rafael Ramírez por más de 7 millardos de dólares; irregularidades en la liquidación de 230 millardos de dólares a través de Cadivi y Cencoex entre 2003 y 2014; corrupción en el Fondo de Pensiones de Pdvsa; pago del rescate financiero del Banco Espirito Santo a través del Fonden; malversación de fondos públicos a través del Banco de Andorra.

La Comisión de Energía y Petróleo le mete la lupa al aumento de la participación accionaria de la empresa rusa Rosneft en el proyecto Petromonagas con autorización de Pdvsa; las licitaciones para explotar oro, diamante y coltán en el Arco del Orinoco y el cálculo de la deuda a las 74 empresas petroleras expropiadas en 2009.

La Comisión de Poder Popular y Medios de Comunicación se centra en la gestión del papel prensa por parte del Complejo Alfredo Maneiro.

La Comisión de Política Interior adelanta dos averiguaciones: violación de derechos humanos en La Guajira y nacionalidad del presidente Nicolás Maduro.

La Comisión de Política Exterior llegó a acuerdos con el Tribunal de Control de Brasil para determinar si hubo irregularidades en las alianzas entre el gobierno venezolano y las empresas Odebrecht, Hypermarcas y JBS para la importación de medicamentos; aparte de la supuesta triangulación entre Petrobras, Pdvsa y empresas privadas para financiar la campaña de Hugo Chávez con fondos de Odebrecht.