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“El decreto solo quiere legitimar políticas erradas del gobierno”

Diputados de la MUD y del PSUV instalaron la comisión que estudiará el decreto de emergencia

Diputados de la MUD y del PSUV instalaron la comisión que estudiará el decreto de emergencia

Empresarios, trabajadores, sindicalistas y jubilados presentaron sus propuestas a la comisión que estudia el decreto de emergencia económica

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Ayer en la Asamblea Nacional, en la instalación de la comisión que estudia el decreto de emergencia económica propuesto por el Ejecutivo, un grupo de empresarios, trabajadores, sindicalistas y jubilados rechazó el documento por considerar que es “más de lo mismo” y que se enfoca en un diagnóstico errado de la crisis económica sin ofrecer soluciones claras. Presentaron sus propuestas a los diputados.

Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, dijo que no aprueban el decreto como está redactado porque la crisis no es coyuntural, sino causada por “la destrucción de la producción nacional para privilegiar las importaciones”. Añadió que se requieren medidas de mediano y largo plazo, y no un decreto de cuatro meses para superar la crisis.

“Dicen que el valor ficticio de la divisa induce la inflación. El valor ficticio es el dólar a 6,30; a 12 o a 200, porque no se consigue. La inflación se da por la emisión inorgánica de dinero”, aseveró.

La sindicalista Marcela Máspero aseguró que “el decreto solo quiere legitimar políticas erradas del gobierno” y lamentó que no ofrezca nada nuevo. 

Recordó que en su momento apoyó “la recuperación de empresas” emprendida por el gobierno, pero deploró que hoy estén arruinadas y sus trabajadores sean perseguidos. “Venezuela no entregará un cheque en blanco nunca más a este gobierno”, aseguró, y propuso que se instale una comisión de diálogo con el sector privado y los trabajadores y que se reestructure el Banco Industrial para potenciar la producción.

Alfredo Padilla, representante de los emprendedores, rechazó el decreto porque solo pretende que el Ejecutivo abarque más poder.

Luis Cano, delegado de los jubilados y pensionados, lamentó que nunca se les entregara la tarjeta de salud ni los tickets de alimentación, y señaló que más de 50.000 pensionados no cobran desde noviembre.

Causas. La economía se midió a la política en el debate: por la Mesa de la Unidad Democrática, José Guerra, presidente de la comisión, se centró en explicar las causas estrictamente económicas de la debacle. Admitió que existe una emergencia, pero afirmó que no es nueva, que surgió en 2013 cuando la economía perdió su tendencia positiva.

Indicó que la causa de la crisis no es una “guerra internacional contra los precios del petróleo”, pues entre enero y junio de 2013 el barril aún estaba sobre 100 dólares y ya había comenzado la debacle. “La crisis no la generó la caída del precio del petróleo, eso la empeoró”.

Guerra enumeró las causas de la caída del precio del crudo: el método de extracción del fracking en Estados Unidos; que Arabia Saudita se niegue a disminuir su producción y la apreciación del dólar frente al euro.

“Aquí no se aprendió la lección. Arabia Saudita tiene 700.000 millones de dólares en reservas por el petróleo, México tiene 120.000 millones y Colombia 40.000 millones de dólares”, aseguró.

Respuesta. Héctor Rodríguez, jefe de la bancada del PSUV e integrante de la comisión, protestó por dos razones: porque solo se escuchó a empresarios y trabajadores de una tendencia (opuesta al decreto) y porque Guerra adelantó opinión y desestimó lo político en la crisis.

Indicó que “la tormenta económica” ya comenzó e informó que el precio del petróleo bajó a 21,83 dólares por barril, lo que debilita la capacidad de maniobra de la economía. “La cultura de la renta petrolera está llegando a su fin. Eso obliga a diversificar la economía”. Ante eso, pidió acompañar al presidente en la aprobación del decreto para que “con responsabilidad” la Asamblea y el Ejecutivo puedan tomar las medidas que se deben aplicar para superar la crisis.

Fuentes parlamentarias informaron que el PSUV podría pedir una prórroga para profundizar la discusión del decreto. Afirmaron que los ministros dijeron que irían hoy a las 5:00 pm a la Asamblea para las sinterpelaciones, y no a las 10:00 am como había fijado el Parlamento. Tampoco desean la presencia de los medios dentro del Hemiciclo. “Quieren que no tengamos un informe el viernes para descalificar la decisión que tomemos”, advirtieron.

 

Alcaldes se reunieron con directiva

La Asociación de Alcaldes de Venezuela se reunió con la directiva del Parlamento para presentarle propuestas. Gerardo Blyde, alcalde de Baruta, informó que discutieron sobre cómo mejorar la seguridad en los municipios, la entrega de recursos y combatir la persecución judicial contra las autoridades locales.

También hablaron sobre el decreto de emergencia económica. Blyde aclaró que el documento, como forma parte de un estado de excepción, debe precisar las garantías que se restringen: “No es un decreto de emergencia, es otra habilitante disfrazada”. Dijo que requiere de la autorización de la Asamblea, diga lo que diga el TSJ. “Es grave que proponga que los créditos adicionales no pasen por la Asamblea. 20% de los recursos excedentarios deben ir a las alcaldías”.

Los alcaldes presentaron una propuesta de ley para el instituto de previsión social del policía y una de reforma de la ley del IVA, que le exige a las alcaldías pagar 12% por el costo de sus obras. Tendrán mesas de trabajo con las comisiones permanentes del Parlamento.

 

Piden al TSJ currículo de magistrados

Ayer se reunió la comisión que estudia supuestas irregularidades en la designación de 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia el 23 de diciembre. El diputado Carlos Berrizbeitia, presidente de la comisión, informó que enviaron una comunicación a la presidente del máximo tribunal, Gladys Gutiérrez, para que les remita los currículos académicos de esos magistrados, ya que no están en el archivo de la Asamblea Nacional.

El Frente Constitucional entregó un informe a la comisión en el que mencionan irregularidades en la selección: asevera que se violó la Constitución, la Ley Orgánica del TSJ, el Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea, que no hubo un baremo sólido para la selección ni se entrevistó a todos los postulados.

“La semana que viene nos reuniremos con la academia, con las facultades de Derecho Constitucional y profesores. También recibiremos a varias ONG. El informe podría estar listo luego de Carnaval”, agregó Berrizbeitia.

 

El Dato

La Constitución, el Reglamento Interior de la Asamblea Nacional y la Ley del Estatuto de la Función Pública establecen la obligatoriedad de los funcionarios del Poder Ejecutivo de rendir cuentas de las actividades bajo su responsabilidad, so pena de ser sancionados.

En el caso de la carta magna, este mandato está regulado por los artículos 141, 143 y 222; en el Ridan está contenido en su artículo 114 y en el Estatuto de la Función Pública, en los artículos 79, 82, 83 y 86.