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Denuncian persecución contra adversarios políticos del Gobierno

El Foro por la Vida advierte que se trata de una práctica sistemática realizada desde el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo

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El Foro por la Vida, coalición que reúne nueve organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, emitió ayer un comunicado en el que denuncia que los adversarios políticos del Gobierno en Venezuela son objeto de persecución sistemática, no sólo desde el Poder Judicial sino desde el Legislativo, el Ejecutivo y los medios de comunicación del Estado.

Advierten sobre “la creación de comisiones parlamentarias de investigación sin representación plural de los fuerzas políticas electas en la Asamblea Nacional, que asumen funciones cuasi jurisdiccionales, lo que configura una grave violación a la presunción de inocencia y al debido proceso”.

En el documento se denuncia que los presuntos investigados son criminalizados a priori mediante un despliegue público desarrollado por los más altos voceros del Estado y con el uso abusivo de los medios públicos de comunicación.

En cuanto al Poder Judicial, el Foro por la Vida señala que las personas llevadas ante el sistema de justicia por razones políticas quedan en estado de indefensión debido a que se les prohíbe nombrar abogados de su confianza, tener pleno acceso a su expediente, promover todas las pruebas que consideren necesarias y tener acceso a recursos legales mínimos para su defensa. 

En el comunicado también se señala que los tribunales desechan, sin ningún tipo de motivación, las recusaciones que estas personas presentan contra los jueces.

La coalición advierte que estas practicas son implementadas contra adversarios políticos, jueces, abogados, líderes sindicales y sociales, defensores de derechos humanos y funcionarios públicos que hayan tomado decisiones contrarias a los intereses políticos del Gobierno, o que hayan manifestado su inconformidad con políticas gubernamentales y exigido el respeto de sus derechos.

El Foro por la Vida pide el cese de la criminalización sistemática de los adversarios políticos. “La aplicación de la justicia no puede ser asumida como una instrumentalización de la venganza política. Eso no sólo favorece la impunidad sino que resquebraja principios básicos de la democracia y produce una muy grave fractura social y política de resultados impredecibles”, señala el comunicado.