• Caracas (Venezuela)

Política

Al instante

El castigo por protestar va más allá de la celda

81 personas permanecen detenidas según el Foro Penal | Foto Archivo El Nacional

81 personas permanecen detenidas según el Foro Penal | Foto Archivo El Nacional

Muchos de los presos por manifestar han perdido estudios, trabajo y calidad de vida con efectos sobre su familia

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

De los detenidos en las protestas de los últimos meses 81 permanecen presos, según el Foro Penal Venezolano. En ese grupo hay estudiantes, así como trabajadores y otros miembros de la sociedad civil cuyas vidas se han alterado mientras avanzan los procesos penales en su contra.

Gerardo Resplandor, de 24 años de edad, tiene cinco meses preso en el Sebin tras ser detenido en la toma del campamento frente a la sede de la ONU en Caracas. la madre, Damelys Veracierta, que tiene un puesto de comida en Punta de Mata (Monagas), debió alterar su vida e instalarse en casa de familiares en los Altos Mirandinos para luchar por la libertad del estudiante y visitarlo en el Helicoide. Contó que al joven le faltan dos materias y la tesis para graduarse de ingeniero de Mantenimiento Industrial en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, en Anzoátegui.

“Mi hijo se vino a Caracas a preparar su tesis y mientras esperaba respuesta por trabajo se unió a la protesta, casi nunca se quedaba en el campamento. El día que se llevaron a los estudiantes durmió allí y se despertó con una pistola encima. Me duele lo que está pasando, mi esposo tiene problemas de la tensión y a mí deben sacarme todo por dentro pero estoy luchando por la libertad de mi hijo, que está preso injustamente. Nos ha ayudado mucho la sociedad civil con alimentos. Cuando llegué a Caracas no conocía a nadie”, relató.

El Tribunal 48° de Control decidió en julio pasar a juicio a Resplandor por los delitos de “incitación a la desobediencia de las leyes, obstrucción de la vía pública y posesión de sustancias explosivas”.

Al piloto Rodolfo González –de 63 años de edad y conocido como el Aviador– y a su familia la vida les dio un vuelco desde abril, cuando fue detenido por ser un presunto operador logístico de las guarimbas. Su casa en Macaracuay, la de una de sus hijas y la agencia de viajes de la familia fueron allanadas. González fue denunciado por un patriota cooperante. Su hija Lisseth señala que ya estaba retirado y hacía trabajos por su cuenta, pero el sustento principal de sus padres era el negocio de turismo, que tienen desde hace 30 años, del que se llevaron computadoras y los libros del Seniat.

“Mi mamá, que es mayor que mi papá, Josefa de González, de 67 años de edad, trabaja a duras penas en la agencia, limitada y con computadoras prestadas. Ella está imputada también en la investigación y debe presentarse cada 30 días ante el tribunal. Nosotros debemos turnarnos para ir al Sebin en la semana, los domingos tratamos de ir todos y para las audiencias la situación es más difícil porque son en horario de trabajo. A mis padres se les afectó la calidad de vida, el tiempo de descanso a su edad y la posibilidad de compartir con sus nietos”, dijo.

Hace dos días el Tribunal 27° de Control decidió que González y su esposa, más tres estudiantes, irán a juicio. A González lo acusan de asociación para delinquir, tenencia de explosivos y tráfico de armas de fuego. El piloto sufre de enfermedad periodontal y usa aparatos, pero  se le dañaron. Ello ameritó que el tribunal autorizara su traslado a un especialista. Su hija señaló que los medicamentos para la hipertensión los administran los custodios en el Sebin, quienes se los dan a la hora, pero en la celda solo permiten antidiarreicos o acetaminofén.

Presos en casa. La ONG Funpaz reportó que 5 estudiantes en Lara, aprehendidos en mayo y con arresto domiciliario, perdieron sus semestres y empleos: Emmanuel Fuentes, Douglas Medina, Eddie Peña, Daniel Leo y Alexis Torres.

El vicepresidente de Funpaz, Andrés Colmenárez, cuestionó la criminalización de los manifestantes y el incumplimiento del artículo 44 de la Constitución, el cual establece que la libertad personal es inviolable y que las detenciones no pueden hacerse sin orden judicial o sin flagrancia.

Colmenárez llamó la atención sobre el caso de María Elena Uzcategui, de  56 años de edad, que fue detenida en Barquisimeto el 12 de septiembre por abrir la puerta de su apartamento a estudiantes. A la ama de casa y abuela la privaron de libertad y está recluida en el anexo femenino de la antigua cárcel de Uribana.

El efecto Afiuni
EDGAR LÓPEZ

La única jueza venezolana que ha acogido la recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU a efectos de liberar a un preso es María Lourdes Afiuni, en favor del empresario Eligio Cedeño.

La consecuencia fue brutal: el presidente Hugo Chávez, en forma pública, dijo que la jueza debía ser condenada a 30 años de prisión y que igual suerte merecía cualquiera que hiciera algo parecido.

Desde entonces el Poder Judicial está determinado por el “efecto Afiuni”; es decir, muy pocos jueces, por no decir ninguno, se atreverían a tomar decisiones que pudieran molestar al gobierno, so pena de pagarlo con cárcel. Y es que más de 70% es provisorio, no tiene estabilidad y es vulnerable a presiones. 


Tuitera arrepentida de sus mensajes
MARU MORALES

Inés González (@inesitaterrible) se arrepintió ante la jueza 13ª de control de Zulia por sus mensajes en Twitter contra el diputado Robert Serra, asesinado el 1° de octubre en Caracas.

La tuitera fue detenida por el Sebin de Maracaibo tres días después del crimen e imputada el 8 de octubre por instigación pública, ultraje violento y ultraje contra funcionario. La Fiscalía, apoyada en un informe del Sebin sobre los mensajes de González en Twitter, consideró que hubo violación de la Ley Resorte.

El artículo 27 de esa norma considera delitos los mensajes que promuevan el odio; hagan apología del delito, o desconozcan a las autoridades, entre otros. Entre el 1° y el 4 de octubre Gonzalez publicó mensajes alusivos al asesinato de Serra y mencionó a otros altos funcionarios. En su perfil se identifica como “agitadora de oficio”.

“Ella sí colocó los mensajes, pero en respuesta a @paimar7, que la amenazó. Sí hubo ultraje de funcionario, pero en la audiencia pidió perdón y solicitó a la jueza que le permitiera hacerle llegar a la familia de Serra una disculpa. Le imputaron delitos que no ameritaban prisión porque la pena es menor a tres años”, dijo su abogada, Celia Dao, coordinadora del Foro Penal en Zulia.

Sin embargo, el tribunal ordenó recluirla en el Sebin de Caracas, adonde González fue trasladada el miércoles por la noche. “Nos dijeron que está en el Helicoide; no lo hemos constatado. A eso vamos mañana (hoy)”, aclaró Dao.

Desde 2010 seis tuiteros han sido detenidos e imputados por sus mensajes en la red. Este año van tres.


¿Quién es?
Inés González
@inesitaterrible
Tuitea desde junio de 2011
41 años. Lic. Química Pura
Magister del IVIC