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Centro Carter pide equilibrio en acceso a medios públicos

Inscripción del Registro Electoral / Cortesía: Redis García

La organización pide revisar el RE en lo referente a personas fallecidas no eliminadas, homónimos y extranjeros no habilitados para votar / Cortesía: Redis García

En su informe preliminar sobre el 14 de abril, la organización recomienda al CNE brindar más información sobre el desempeño del sistema de identificación

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El Centro Carter presentó un informe preliminar sobre las elecciones presidenciales del 14 de abril que contiene nueve recomendaciones para asegurar que los comicios en Venezuela sean más equilibrados. Uno de los puntos sobre los que el organismo se extendió fue la necesidad de garantizar una mayor equidad en la campaña.

La organización explica que el hecho de que el Presidente no deba separarse de su cargo para reelegirse y que en Venezuela exista la posibilidad de la reelección indefinida le otorga una ventaja al jefe del Estado. Además, destaca que Venezuela sea el único país en la región que no proporciona  financiamiento alguno a las campañas electorales o a las organizaciones políticas, lo cual es considerado otra desventaja.

Para equilibrar la competencia electoral, la organización propone que el Estado facilite el acceso de todos los candidatos a los medios de comunicación públicos y privados para la emisión de sus mensajes de campaña. En este punto, el Centro Carter también destaca como una desigualdad las normas que permiten “la transmisión obligatoria ilimitada” de mensajes del Gobierno en cadenas de radio y televisión, así como la publicidad institucional obligatoria y gratuita, mientras que existen límites estrictos para la propaganda electoral de los candidatos y organizaciones no gubernamentales.

“Las campañas venezolanas han tendido a evidenciar una marcada desigualdad en la capacidad de los distintos candidatos para cumplir con un elemento fundamental del proceso electoral: informar a los electores sobre sus plataformas políticas”, expresa el informe.

El Centro Carter presentó más propuestas para eliminar el desequilibrio comunicacional: que se regulen y se hagan cumplir equitativamente los mensajes de campaña en el período preelectoral, ya que no existen “normas claras” al respecto; que se limite el uso de las cadenas o la inauguración de obras públicas antes de las elecciones y que se limite el derecho de los funcionarios de hacer campaña en beneficio de miembros de su propio partido.

Aclara que, aunque la ley lo prohíbe, se observó una amplia participación de servidores públicos en actividades proselitistas. “Con el fin de limitar y erradicar estas prácticas, sería recomendable aclarar el contenido de las normas que regulan estas materias a fin de determinar si dicha actividad está permitida fuera de servicio o no lo está en absoluto”, agrega el documento.

El Centro Carter también pide que se cumpla con mayor eficacia la normativa para evitar el uso de recursos del Estado con fines proselitistas. “Las organizaciones nacionales de observadores y otras organizaciones no gubernamentales venezolanas han documentado abundantemente el uso de recursos públicos para fines políticos, incluyendo el uso de vehículos públicos para transportar votantes a mítines y a votar, así como el uso de edificios públicos para la colocación de propaganda electoral”, señala el texto.

También se mencionan las denuncias del uso de oficinas gubernamentales y personal para alentar a empleados públicos a participar en actividades políticas y que acudan a votar o para amenazarlos, en caso de que se nieguen. La organización exige que se aplique la norma electoral y se castigue a quienes la incumplan. También considera necesario mejorar la calidad de la experiencia de votación el día de las elecciones para eliminar “los serios problemas” de influencia o presión sobre los electores. Para lograrlo, el Centro Carter recomienda capacitar a los funcionarios electorales y de seguridad para que garanticen el acceso de los testigos de partidos acreditados, y de los observadores nacionales debidamente acreditados por el CNE.

También capacitar a los miembros de las mesas de votación sobre los procedimientos estipulados para los casos de votación asistida.

El Centro Carter recomienda asimismo normalizar la situación de la Asamblea Nacional para poder designar a los nuevos rectores del CNE, que sustituirán a los que tienen sus periodos vencidos desde abril.


Lo técnico


Las recomendaciones del Centro Carter también abordan aspectos técnicos. Se pide al CNE definir la función de los comprobantes de papel. Aclara que aunque las auditorías han demostrado la precisión de las maquinas de votación, las normas electorales que estipulan la verificación de los resultados electrónicos a través del conteo de los comprobantes de papel emitidos por las máquinas, y su comparación con los números expresados en el acta de escrutinio, no especifican planes de contingencia en caso de que detecten discrepancias.

También se recomienda proporcionar, como exigió el Comando Simón Bolívar, mayor información sobre el desempeño del sistema de identificación biométrica e incluir la auditoría de duplicidad de huellas e incidencias del Sistema de Autenticación Integrado en el cronograma regular de auditorías del CNE. 

“La entrega de información adicional, luego de la realización de la auditoría prevista para agosto, sobre el desempeño de estas máquinas en sus primeros usos (octubre y diciembre de 2012 y abril de 2013), ayudaría a mantener informados a todos los venezolanos acerca del grado en que este nuevo sistema responde a los fines previstos”, agrega el informe.

El Centro Carter también pide que se audite y depure el registro electoral, especialmente por las denuncias de que incluye personas fallecidas no eliminadas, homónimos y extranjeros no habilitados para votar.



El Centro Carter aconseja revisar el marco legal, porque la Constitución no especifica las contingencias en caso de ausencia temporal o permanente de un presidente reelecto: “Teniendo en cuenta la modificación constitucional de 2009, que permite la reelección indefinida, el examen de las leyes que implementan esta modificación puede estar justificado”.



@AlexVasquezS

alvasquez@el-nacional.com