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Denuncian la desaparición de un expediente de El Caracazo

Después de 24 años no hay ni una sola sentencia condenatoria por los excesos policiales y militares cometidos en febrero y marzo de 1989 | Foto: Juan Quijano

Después de 24 años no hay ni una sola sentencia condenatoria por los excesos policiales y militares cometidos en febrero y marzo de 1989 | Foto: Juan Quijano

La causa contra los generales Carlos Miguel Yánez Figueredo, Pedro Colmenares Gómez y Jesús Francisco Blanco Berroterán está en el limbo

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La figuración en prensa del comandante de la 35° Brigada de Policía Militar, general del Ejército Carlos Miguel Yánez Figueredo, como presunto agresor de un equipo reporteril del diario 2001, coincide con la reactivación de los procesos penales para establecer responsabilidades por delitos cometidos durante El Caracazo. Pero Yánez Figueredo puede seguir desempeñando funciones públicas con relativa tranquilidad, pues el expediente en su contra por los sucesos de febrero y marzo de 1989 estaría perdido.

La advertencia la hizo el abogado Reinaldo Gadea Pérez, defensor del ex gobernador del Distrito Federal, Virgilio Ávila Vivas, que hace dos días fue remitido a juicio por los delitos de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva y quebrantamiento de pactos internacionales, válidamente suscritos por la República, los mismos delitos imputados a Yánez Figueredo y a los generales del Ejército Pedro Colmenares Gómez y Jesús Francisco Blanco Berroterán por el asesinato de Crisanto Mederos, conocido como el Poeta de La Pastora.

A las 9:45 pm del 3 de marzo, durante el toque de queda, un contingente militar comandado por los tres oficiales irrumpió en la residencia de Mederos en busca de objetos saqueados de establecimientos comerciales. Durante el allanamiento, que se prolongó por tres horas, Mederos resultó muerto.

“Los militares entraban y salían de la casa. Como a la hora se escuchó que uno gritó: '¡Busquen una tabla!'. Entraron a la casa de Crisanto y se llevaron la tabla con un bulto encima que a través de las sábanas dejaba ver unos pies. Cuando se marcharon los efectivos militares, la familia de Crisanto, que estaba en la sala, se encontró con la dantesca escena de un charco de sangre al lado y debajo de su cama”, se relata en la acusación fiscal.

Sin examinar las evidencias que comprometían a los militares, el 16 de junio de 2004 la jueza 33° de Control, Luisa Armenia Parra, declaró la prescripción de la acción penal; es decir, el vencimiento del lapso para que el Estado sancionara los hechos.

La exoneración de culpas fue confirmada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a través de la sentencia 1461, dictada el 27 de julio de 2006 sobre la base de la ponencia del magistrado Arcadio Delgado. El fallo causó polémica pues implicaba la posibilidad de que quedaran impunes la muerte de Mederos y la de los otros 330 fallecidos durante El Caracazo contabilizados por el Ministerio Público.

 ¿Desacato al TSJ? Gadea mostró las constancias de las solicitudes que ha formulado para que ubiquen el expediente contra los tres generales y lo acumulen al que se instruye contra el ex gobernador del Distrito Federal: al Tribunal 32° de Control, a cargo de Ana María Gamuzza Rivas (cinco veces, la última el 15 de octubre de 2013); a la presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, actualmente a cargo de Martha Gómiz (el 15 de octubre de 3013); y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (el 6 de agosto de 2013).

Los fiscales del caso Néstor Colmenares, María Vispo y Tulio Mendoza tampoco han dado explicaciones.

La defensa de Ávila Vivas fundamenta su solicitud en la sentencia 645 de la Sala Constitucional, dictada el 21 de mayo de 2012. En esa oportunidad, la máxima instancia de interpretación de la carta magna cambió radicalmente la jurisprudencia que había establecido en julio de 2006. El nuevo fallo del TSJ indicó que las violaciones graves de derechos humanos, como las ocurridas durante El Caracazo, son imprescriptibles y, en ese sentido, se ordenó la reactivación de la causa penal contra Yánez Figueredo, Colmenares Gómez y Blanco Berroterán; específicamente que se realizara una nueva audiencia preliminar ante un tribunal distinto al 33° de Control para reexaminar la acusación fiscal.

Lo cierto es que la orden del TSJ no se ha cumplido y nadie se ha hecho responsable por la pérdida del expediente sobre la muerte de Crisanto Mederos; el crimen sigue impune y los presuntos responsables libres.

¿Y las víctimas?

En la acusación contra Ávila Vivas aparecen mencionados 21 personas fallecidas. “De un universo fatal de 331”, indica el documento. Pero no se identifican a los familiares que podrían contribuir a ordenar esta y las otras causas penales sobre El Caracazo. El argumento fiscal es que se debe preservar la integridad de los familiares mediante la reserva sus  identidades.

Liliana Ortega, directora ejecutiva de Cofavic, recordó que los familiares nunca han tenido acceso a los expedientes y que la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal eliminó la posibilidad de que las ONG interpongan querella autónoma en contra de funcionarios policiales o militares, y de que representen a las víctimas.

“A falta de determinación del número de personas asesinadas y lesionadas, es muy difícil saber si hay tantos expedientes como víctimas. La imposibilidad de conocer el curso de los procesos penales constituye un mecanismo de impunidad adicional. Lo más graves es que después de 24 años de El Carachazo no hay ni una sola sentencia condenatoria”, indicó Ortega.