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Ley habilitante impulsaría “gobierno de fuerza” de Maduro

El presidente Nicolás Maduro / AP

El presidente Nicolás Maduro / AP

En lo económico, entregar poderes especiales al Presidente buscaría preparar el terreno para un nuevo mercado cambiario. Reformarían la Ley Marco del Sistema Financiero

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El Gobierno ha sido muy parco cuando ha intentado explicar los motivos por los cuales el Presidente busca solicitar una ley habilitante. El propio Nicolás Maduro ha sido poco específico y se ha limitado a decir que quiere combatir la corrupción con el aumento de las penas, y acabar con las prácticas “oscuras del capitalismo”.

El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, aterrizó en alguna medida la propuesta cuando planteó las reformas a las leyes de Ilícitos Cambiarios y del Mercado de Valores. Pero, ¿qué busca realmente?

Del discurso oficial surgen pistas sobre las intenciones que se esconden detrás de los poderes especiales que se buscan, que varios especialistas resumen en cuatro: preparar el terreno para el nuevo mercado cambiario; más poder, entre otras cosas, para perseguir adversarios políticos, y la legitimación de medidas radicales para un “gobierno de fuerza”, que anunció el propio jefe del Estado. Acabar con las prácticas oscuras del capitalismo no figura en la lista.

El director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, opinó que las propuestas de reforma a las leyes de Ilícitos Cambiarios y del Mercado de Valores que propuso Cabello, así como a la Ley Marco del Sistema Financiero –que también podría estar en la agenda habilitante– buscan darle piso jurídico al un nuevo mercado cambiario.

Explicó que se tratará de despenalizar que otros entes distintos al Banco Central de Venezuela e incluso particulares participen en la compra y venta de divisas. ¿Por qué en una habilitante? “Sería mucho más rápido vía habilitante. Existe premura por parte del ministro de Finanzas, Nelson Merentes, en que se apruebe lo más rápido posible y en la Asamblea toma tiempo”, señaló el economista.

Recordó que la relación de esas modificaciones con la lucha contra la corrupción la adelantó Merentes, cuando dijo que ante las “operaciones oscuras” se busca más transparencia. “Dicen que penalizarán a quienes comercializan divisas oficiales. Los instrumentos legales buscarían incrementar sanciones a quienes vendan en el mercado negro las divisas que obtienen a través de Cadivi o el Sitme para importar. Eso es corrupción”, añadió.

Olivares opina, sin embargo, que el principal objetivo de la habilitante es perseguir adversarios políticos y no las reformas económicas.

Fuerza. El politólogo Luis Salamanca coincide con Olivares en que la habilitante podría utilizarse para acorralar a la oposición, especialmente en la Asamblea Nacional, donde, con la bandera de la lucha contra la corrupción, el Gobierno podría buscar cambiar la correlación de fuerzas y obtener la mayoría calificada. Aclaró que, en todo caso, el objetivo principal es que el Ejecutivo tenga más poder y advirtió sobre una idea que mencionó el Presidente y pasó desapercibida: instaurar un “gobierno de fuerza”.

Maduro, cuando lanzó el concepto, dijo: “Hay que trabajar con las dos manos. Con una mano cosechamos y recogemos frutos, y con la otra vamos duro contra los fascistas. Voy a hacer un gobierno de fuerza”.

El politólogo advirtió que un gobierno de fuerza es un gobierno de facto, al margen de la ley. “Pueden intentar venir con medidas radicales, que en este momento, con la crisis de legitimidad, serían un riesgo. Luego Maduro enmendó la plana diciendo que era un gobierno de fuerza democrática y popular”, añadió.

Opinó que esas medidas radicales buscarían allanar el camino al Gobierno en el corto, mediano y largo plazo. En el corto, superar este año, económicamente complicado. En el mediano, enfrentar riesgos políticos como las parlamentarias o un posible revocatorio. Y en el largo, preparar el camino para mantenerse más allá de 2019. La habilitante podría ser una herramienta para enfrentar esos retos.

Salamanca aclaró que la habilitante, en definitiva, busca más poder: “Creo que es un reflejo condicionado. Los chavistas se han acostumbrado a gobernar con un poder mayor al que tienen. Hugo Chávez tuvo mucho poder y necesitaba más. Es una necesidad de sentir que se controla todo. Se acostumbraron a eso y no saben gobernar de otra forma. Se trata de un poder grande, cercano al poder absoluto, en el que el gobernante dicta la ley y la aplica”.

Trapo rojo. En la oposición le atribuyen objetivos mucho menos ambiciosos a la intención de Maduro de que se le aprueben poderes especiales. El diputado de la Comisión de Contraloría de la AN Carlos Ramos opinó que lo único que se propone el Gobierno con el anuncio es desviar la atención de los principales problemas del país.

“No quieren que se hable de escasez, que es mayor a 20%, y vivimos en una economía de preguerra. Tenemos una inflación que compite con la de Siria, que enfrenta un conflicto armado”, expresó.

El parlamentario reiteró que lo que debe hacer el Gobierno es desempolvar la reforma de la Ley contra la Corrupción, que se aprobó en primera discusión en 2011 y reposa en la Contraloría. También, agregó, hay que nombrar un contralor, algo que tiene dos años en mora.

“Nuestra legislación tiene todo lo necesario para combatir la corrupción. No se necesita de una habilitante. Está la Ley de Contraloría, la de Contrataciones Públicas, la de Ilícitos Cambiarios y la del Ministerio Público. Lo que quieren es distraer”, añadió.

A pesar de los objetivos del Presidente, lo cierto es que el oficialismo en el Parlamento no ha incluido aún la discusión de la habilitante en la agenda de las últimas sesiones, aun luego de la afirmación del propio presidente de la AN de que ya cuentan con los diputados necesarios para aprobarla (más de 99). Por ahora, se conocen sólo 98.

A la parlamentaria María Aranguren  (independiente-Monagas) podrían allanarle la inmunidad parlamentaria, pues el martes el Ministerio Público informó que evalúa pedir al TSJ un antejuicio de mérito en su contra por presuntos hechos de corrupción. Si Aranguren pierde la inmunidad, su suplente, Carlos Flores (PSUV), podría favorecer la habilitante con el voto que les falta a los rojos. El 99 parece tener nombre.

Las propuestas

Desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el PSUV ha dado luces sobre los pasos para combatir la corrupción a través de una ley habilitante. El diputado Pedro Carreño (PSUV), presidente de la comisión, explicó que a través de los poderes especiales se impulsará una reforma de la Ley contra la Corrupción, seguida por unas reformas de las leyes de Ilícitos Cambiarios y del Mercado de Valores, como adelantó el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello.

El integrante de la comisión, Jesús Montilla (PSUV) adelantó que también se elaboran proyectos de ley de incentivo y protección a los denunciantes de hechos de corrupción y de declaración jurada de bienes e intereses. Estas propuestas responden a las recomendaciones que le ha hecho la Organización de Estados Americanos a Venezuela en materia de corrupción.

La lista

Objetivos conocidos:

1. Combatir la corrupción con normas más rígidas, aplicar las penas más severas a delitos como legitimación de capitales y lavado de dinero.

2. Reformar la Ley contra la Corrupción (hay un proyecto de reforma engavetado).

2. Acabar con las “prácticas oscuras del capitalismo”.

3. Reforma de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios.

4. Reforma de la Ley del Mercado de Valores.

5. Reforma de la Ley Marco del Sistema Financiero.

6. Aprobar leyes de incentivo y protección a los denunciantes de hechos de corrupción y de declaración jurada de bienes e intereses.

La Cifra

4 recomendaciones de la OEA para la implementación de normas de conducta y mecanismos para exigir a los funcionarios informar a las autoridades sobre corrupción en la función pública no han sido aplicadas por Venezuela. La Comisión de Contraloría estudia las propuestas que podrían incorporarse a la habilitante.