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En merma la capacidad del CNE para generar confianza global

Un elector acude a ejercer su derecho en su mesa de votación / Henry Delgado

Un elector acude a ejercer su derecho en su mesa de votación / Henry Delgado

Datanálisis considera que el organismo requiere un cambio urgente para rescatar la credibilidad, indispensable en democracia. El Centro Carter lo exhorta, entre otras cosas, a prohibir el uso de cadenas e inauguración de obras públicas en períodos preelectorales

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Las presidenciales del 14 de abril dinamitaron la credibilidad del Poder Electoral. Encuestas ómnibus de Datanálisis dan cuenta de cómo se debilitó el árbitro por el manejo institucional de la crisis política que se desató cuando el ex candidato presidencial de la oposición Henrique Capriles desconoció los resultados de la contienda.

Poco antes de los comicios, el organismo contaba con una aprobación de 63,7%. Dos meses después era de 47,5%, una caída de 16,2%.

Luis Vicente León, presidente de la encuestadora, afirmó que es evidente que los conflictos alrededor de la elección presidencial afectaron negativamente al CNE y por eso perdió 16,2% de aprobación en tan corto tiempo. “El CNE requiere un cambio urgente para rescatar la confianza, indispensable en la democracia”, indicó.

Aclaró que la evaluación del árbitro sigue dividiendo al país en dos partes iguales: una lo respalda y la otra desconfía: “Obviamente, es una situación difícil para un árbitro ser evaluado positivamente por un grupo y negativamente por otro, pues su capacidad de generar confianza en el mercado global se ve totalmente mermada”.

El primer estudio se realizó entre el 15 de marzo y el 6 de abril, y el segundo del 12 al 21 de junio. Las encuestas se hicieron casa por casa con una muestra de 1.300 personas. El error muestral fue de 2,71% y la confianza de 95%.

Que se entere

Luis Lander, directivo del Observatorio Electoral Venezolano, aseveró que el organismo comicial tiene que darse por enterado de que la mitad del país no confía en él. “Parece que el CNE ni se preocupa ni le parece del todo malo que una parte de los venezolanos perciba que está parcializado. Debería convencernos con el discurso y los hechos de que es un árbitro imparcial”.

Destacó que es importante hacerle saber que hay desconfianza, que el país no cree en esa institución. “Este es un problema serio que compromete la legitimidad de los resultados electorales. El organismo tiene que tomar medidas; no debe ser sólo discurso, sino también acciones”.

Lander, que ha participado como observador nacional en múltiples elecciones, propone que el CNE haga una campaña publicitaria para dejar claro que el voto es secreto y que no hay posibilidad de vulnerarlo. “¿Quién va a ir a jugar a un casino si piensa que el dueño siempre hace trampa?”, añadió.

Pero enfatizó que en las últimas elecciones el árbitro se ha comportado como un actor político al permitir migraciones extemporáneas de candidatos y prorrogar plazos en el período de postulaciones para beneficiar al PSUV.

“El CNE debe apegarse estrictamente a la normativa y al reglamento que ellos mismos decidieron. No es cierto que la precampaña no tenga reglamento: está prohibido hacer campaña fuera de los lapsos establecidos por el Poder Electoral”, alegó.

Señaló que el organismo debe prohibir los actos de gobierno y las cadenas que, aunque no hagan llamados al voto, favorezcan a candidatos. “Deben tomar algún tipo de medidas con el fin controlar el uso de recursos públicos para favorecer candidaturas. Esos serían gestos de mayor independencia”, dijo.

Regla de oro

Gustavo Palomares, presidente del Instituto de Altos Estudios Electorales, IAEE, afirmó que el primer objetivo del CNE debe ser crear un espacio de neutralidad e igualdad institucional para las elecciones. “El organismo tiene que perder el protagonismo y asegurarse de que todos los candidatos competirán en igualdad de condiciones. Si no se garantiza el principio de acceso de los contendores a los medios durante la campaña, esta consulta generaría claras dudas con respecto a la consolidación democrática”, manifestó.

El IAEE envió una misión electoral para las presidenciales del 14A y elaboró un informe que causó gran revuelo, pues cuestionó que el presidente Nicolás Maduro no se separara del cargo de vicepresidente y que fuera presidente encargado durante la contienda.

Si el CNE desea recobrar el prestigio, dijo, debe cumplir con una regla de oro: “Máxima profesionalidad de sus funcionarios, máxima igualdad y neutralidad hacia los candidatos y mínimo protagonismo del árbitro”.

Palomares dijo que ante la polarización del país el Poder Electoral tiene una mayor responsabilidad. “Los electores, independientemente de a quién apoyen, deben confiar en el árbitro; que todos reconozcan que la labor del CNE no es tendenciosa, sino que presta un servicio al país”.

Recomendó al organismo cambiar a los coordinadores de centro de votación, porque en el análisis que hizo el instituto tras el 14A una parte importante de esos funcionarios eran miembros de un partido y apoyaban una candidatura. “Ese tipo de coincidencias no debe existir”.

Considera que no es apropiado que se haya prorrogado el servicio de los miembros de mesa, que son los mismos desde el 7 de octubre de 2012, porque profesionaliza la función y limita el ejercicio de la ciudadanía.

El Nacional solicitó la posición institucional de las rectoras sobre las garantías electorales, pero no obtuvo respuesta.








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Medidas ejemplares y verificación ciudadana


Enrique Márquez, del equipo técnico electoral de la MUD, afirma que el CNE habla siempre de garantías, pero usualmente no las cumple. Exhorta a ese organismo a tomar medidas ejemplarizantes contra el uso y abuso de recursos públicos y medios del Estado en la campaña electoral.

“El Gobierno usa dinero público y todos los medios del Estado y el CNE no hace nunca nada. Que el ente comicial intervenga a tiempo ante los excesos, porque las sanciones suelen llegar muy tarde”, dice.

Apunta que el organismo puede transformar la figura de los coordinadores de centros de votación –que siempre generan problemas por su afinidad con el Gobierno– en parte de la solución de un gran problema: el voto asistido.

Pide que el protocolo de auditoría de escrutinio, totalización y, sobre todo, revisión del banco de huellas sea presentado a la oposición por escrito para que luego no lo desconozcan. “Es necesario determinar la influencia que tiene la usurpación y duplicidad de identidad en los comicios. Esa garantía la ofrecieron el 14A y aún la estamos esperando”, señala.

Gustavo Delfino, de Esdata, asegura que es necesario hacer énfasis en las leyes electorales para la verificación ciudadana de 53% de las urnas de resguardo, así como en la sistematización y el acopio de todas las actas de la auditoría al cierre de la votación.

Insiste en que el CNE puede, al cerrar el proceso de sufragio, emitir reportes sobre cómo avanzan las auditorías en los colegios que resulten sorteados para la verificación ciudadana.

Indica que una manera de garantizar que no habrá doble voto y usurpación de identidad es que la tinta sea totalmente indeleble: “La tinta puede frenar que haya voto múltiple. Si en la revisión los técnicos de los partidos no quedan conformes, deben dejar sus objeciones asentadas en el acta”.

Delfino cuestiona el prechequeo y asevera que no tiene utilidad para el organismo conocer las estadísticas de votación durante la jornada.


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Cero cadenas proselitistas


La directora del Programa para las Américas del Centro Carter, Jennifer McCoy, expresa: “Las normas que rigen el desarrollo de las campañas en Venezuela tienden a favorecer al candidato cuyo partido esté en el gobierno” y por eso ha habido un gran desbalance entre los contendores.

Agrega que en el país hay desequilibrio entre lo avanzado de la tecnología del voto y la falta de precisión en la regulación de las campañas.

Exhorta al Poder Electoral a restringir o prohibir en los períodos preelectorales tanto el uso de las cadenas como la inauguración de obras públicas y limitar el derecho de los funcionarios de hacer campaña en beneficio de miembros de su partido o coalición.

Entre las sugerencias del organismo internacional destaca: “Aclarar el contenido de las normas que regulan estas materias con el fin de determinar si esa actividad está permitida fuera de servicio o no lo está en absoluto (definiendo previamente ‘fuera de servicio’)”. La autoridad electoral, dice, debería “determinar maneras de hacer cumplir estrictamente las normas acordadas”.

“El Centro Carter sugiere facilitar el acceso ‘libre y equitativo’ de todos los candidatos a los medios de comunicación públicos y privados, de forma que puedan emitir sus mensajes de campaña en igualdad de condiciones. En el marco de una legislación que permite la reelección indefinida de funcionarios, ya sean estos presidentes, gobernadores o alcaldes, estas medidas serían sumamente importantes para intentar nivelar las actuales desigualdades”, indica.

Recomienda al CNE limitar el uso ilegal de los recursos públicos y prevenir los abusos, haciendo, por ejemplo, “que las infracciones de la ley resulten onerosas, no sólo financiera sino también políticamente, con imposición de sanciones al comando que cometa la infracción”.

McCoy aconseja también “aclarar el contenido de las normas que regulan la participación de los funcionarios y servidores públicos en actividades de campaña”.

Las leyes electorales venezolanas y su reglamento prohíben a los funcionarios realizar actividades de campaña durante el ejercicio de sus funciones. “Miembros de la delegación del Centro Carter observaron una amplia participación de servidores públicos en actividades proselitistas el 14A”.