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Diputada Aranguren teme “allanamiento exprés”

La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, indicó que la empresa del Monumental desvió su objetivo: en lugar de mantener el estadio, hacía conciertos   | Cortesía TSJ

La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, indicó que la empresa del Monumental desvió su objetivo: en lugar de mantener el estadio, hacía conciertos | Cortesía TSJ

Los magistrados evaluarán en los próximos días la petición del Ministerio Público de permitir investigar a la parlamentaria por Monagas

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María Mercedes Aranguren solo confía en Dios, pues cree que el Tribunal Supremo de Justicia procederá a allanarle la inmunidad parlamentaria de “manera exprés” para que así el PSUV obtenga el “diputado 99” y apruebe el proyecto de ley habilitante. 

“Soy un ‘trofeo’ por ser una disidente de este proyecto político. Este es un proceso político porque no hay pruebas en mi contra”, alegó la legisladora de Monagas en la audiencia en el TSJ, en la cual la fiscal general Luisa Ortega Díaz solicitó un antejuicio de mérito que le permita investigar a la ex directora de Infraestructura de la Gobernación de Monagas por tres delitos: peculado propio, asociación para delinquir y legitimación de capitales, cuando en comisión de servicio presidió la Administradora Inmobiliaria Monumental de Maturín C.A.

“¡Tiene que haber justicia a la brevedad”, instó Ortega Díaz a los magistrados.

Sin pruebas. Al acto que, por ley, es público no se le permitió el ingreso a la prensa; el Ministerio Público movilizó tres unidades con personas que llenaron la sala del TSJ, más los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, como Juan Carlos Caldera (quien asistirá a audiencia el próximo miércoles), Stalin González y la dirigencia de Copei.

La audencia duró apenas una hora (entre 11:00 am y 12:05 m) y, a diferencia del caso del diputado de Primero Justicia, Richard Mardo, los magistrados no preguntaron. Una vez que las partes -Ortega Díaz, el abogado defensor Luis Felipe Blanco y Aranguren- expusieron sus posiciones, la Sala Plena se retiró y comenzó a evaluar los argumentos. Por ley, tiene cinco días hábiles para decidir, aunque el Código Procesal Penal le da hasta 30 días.

En el auditorio, el abogado de Aranguren, Luis Felipe Blanco, pidió un sobreseimiento para su defendida, pues indicó que el Ministerio Público no demostró en el TSJ cómo se produjo la distracción de los fondos públicos: “No hay hechos concretos, solo generalidades. No hay constancia de cómo, ni cuándo se apropió de fondos. Una posible mala administración no significa delito”.

El Poder Judicial otorgó 15 minutos a Aranguren para rebatir al Ministerio Público y lo primero que criticó que se señalara a la Administradora Monumental de “empresa de maletín”: “¡Es un irrespeto! Tenía como sede el estadio de Maturín y sus directivos eran funcionarios de la Gobernación de Monagas. Existen libros contables. Se trata, magistrados, de un juicio político porque hace cinco años la Fiscalía de Monagas y la Contraloría General no detectaron daño al patrimonio”.

En relación con la supuesta legitimación de capitales, explicó que acudieron a las casas de bolsa porque no conseguían dólares por Cadivi: “A duras penas se les adjudicaban a salud y educación. Así fuimos a las casas donde el dólar fluctúa, según el mercado. ¿Quién podía conseguirlos a 2,25 bolívares por dólar? Estas operaciones eran permitidas por el Estado, eran legales, porque, de lo contrario, podríamos decir que el Estado incurre en delito porque hizo lo mismo en 2008. Los fondos provenían del Estado, no tenían orígenes oscuros para señalar que hubo legitimación”.

Al descartar que se prestó, junto al ex gobernador José Gregorio Briceño, para delinquir, sostuvo que la investigación tenía un sesgo político: “Se ataca a Briceño y a mí por haber ignorado una orden del PSUV y denunciar un delito ambiental en el río Guarapiche. ¡Sólo quieren un ‘trofeo contra la disidencia’ y lograr las tres quintas partes para aprobar una ley habilitante! ¡Es un pase de factura! ¡Es la ‘crónica de un allanamiento anunciado! En mi caso no hay nada que ocultar”.

“Apropiación”

 La Fiscalía General argumentó que presumía delitos tipificados en las leyes contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada. 

La primera supuesta irregularidad detectada fue que la administradora del estadio de fútbol Monumental de Maturín tenía un capital de 10.000 bolívares, pero efectuó varios contratos en dólares. Uno, por 3 millones de dólares para traer a Ronaldinho y a Messi, a través de una empresa uruguaya cuyo propietario presentó una cédula falsa. Eso ocurrió el 14 de marzo de 2008. Otro, por 380.000 dólares para pagarles a Elvis Crespo y Olga Tañón; y un tercero, con la empresa Producciones Solid Show 2050 C.A, para el concierto de Wisin y Yandel el 11 de septiembre de 2008. La empresa recibió 50% de las ganancias.

“¿Dónde están los ingresos?”, preguntó Ortega Díaz, quien deduce que hubo un lucro personal que puso en peligro el patrimonio del Estado. “Trató de apropiarse de fondos en detrimento del patrimonio estatal. Eso es peculado propio”, expresó. 

Arguyó que el Consejo Legislativo Monagas no aprobó los contratos de la empresa inmobiliaria y que no se les canceló los impuestos al Seniat ni a la Alcaldía de Maturín, y que no tenía oficinas. “Era una empresa de maletín”. 

El segundo hecho sería la adquisición de dólares sin autorización de Cadivi en 2008 en casas de bolsas. La administradora del estadio pagó 3,25 bolívares por divisa, cuando en el mercado oficial era de 2,15 bolívares por dólar. “Se organizaron para delinquir y eso incluye al ex gobernador José Gregorio Briceño, a Aranguren y a cuatro directivos de la administradora. Tras la liquidación de la empresa solo dejaron 30.000 bolívares, un horno microondas y un fax”, dijo Ortega Díaz.

El Dato

VTV transmitió en su totalidad la exposición de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, pero no así a la parte defensora, ni a la parlamentaria María Mercedes Aranguren.