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A casi un año de 43 muertes solo han investigado 8 casos

Durante las manifestaciones de 2014 se denunciaron asesinatos y lesiones | Foto: EFE/Archivo

Durante las manifestaciones de 2014 se denunciaron asesinatos y lesiones | Foto: EFE/Archivo

El defensor Tarek William Saab señaló que no hay impunidad y que 14 funcionarios permanecen presos

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A casi un año de las protestas iniciadas en el país, en febrero de 2014, persiste la lentitud en el procesamiento de los casos. La ONG Fundeci señaló que de los 43 asesinatos durante las manifestaciones solamente se han procesado 8 casos.

“Pedimos al Ministerio Público un sistema de justicia para todos. No perseguimos a los funcionarios investigados, pero no podemos dejar que cometan delitos impunemente”, indicó la abogada Elenis Rodríguez, directora de Fundeci.

Entre los casos que están siendo investigados, Rodríguez refirió las muertes de Bassil Da Costa, Juan Montoya, Alejandro Márquez, Geraldine Moreno, Glidis Chacón Benítez, Adriana Urquiola, Josué Farías y  Jesús Enrique Acosta Matute. Dijo que existe impunidad y pidió que se aclare la participación de funcionarios policiales y militares en mucho de los casos.

Refirió que en el caso de Bassil Da Costa, el tribunal 48 de Control mantuvo retenido el expediente cinco meses después de celebrarse la audiencia preliminar. Para el 19 de enero está pautado el inicio de la causa en el tribunal 27 de Juicio. Indicó que el Ministerio Público “no ha sido diligente” en el caso de la intérprete de señas Adriana Urquiola, que estaba embarazada cuando fue asesinada hace 10 meses en Los Teques.

Añadió que en el caso del joven Jonathan Uzcátegui, agredido en Los Ruices en marzo del año pasado, hay tres funcionarios de la PNB procesados por causar lesiones y cuyas penas oscilarían entre 15 y 23 años de prisión.

Lamentó la negligencia en la muerte de la modelo Génesis Carmona, asesinada en Valencia y cuya familia pidió asilo en Estados Unidos hace unos meses.

14 funcionarios. El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, destacó que el Estado vela por los derechos humanos y que hasta ahora hay 50 detenidos, 14 de los cuales son funcionarios de los organismos de seguridad que están presos y procesados por excesos durante la contención de las protestas. Indicó que según información aportada por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, el resto de los presos son ciudadanos que habrían instigado a las guarimbas y provocado hechos de violencia como la colocación de guayas y otros obstáculos en las vías públicas.

“He observado con preocupación que hay una discriminación de las víctimas de la violencia, al dar el papel estelar a unas en detrimento de otras”, aseveró.

Afirmó que así como se reunió con el Comité de Víctimas de la Guarimba también recibió en su despacho a Marvinia Jiménez, quien denunció ser agredida por funcionarios de la GNB en Valencia. Reiteró que en los próximos días será presentada la funcionaria acusada; pidió no obviar que en el caso de la estudiante Geraldine Moreno, asesinada en febrero también Carabobo, hay dos efectivos de la Guardia Nacional presos y todavía falta por identificar a uno. Esta semana se difirió por sexta vez la audiencia de los sargentos Alvin Bonilla y Francisco Caridad Barroso, investigados por el caso Moreno y que están presos en Ramo Verde.

Saab recordó que el Ministerio Público también emitió una orden de captura internacional contra el presunto asesino de Urquiola. Indicó que en el caso de Génesis Carmona se ha dificultado la investigación porque sus presuntos agresores estaban encapuchados cuando dispararon durante una protesta.

Informó que por solicitud de la Inspectoría de la Guardia Nacional, la Defensoría iniciará el adiestramiento de militares en derechos humanos. Saab sostuvo que estos cursos también están a la disponibilidad de las policías regionales y municipales.