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El Estado criminaliza la libre expresión

ONG advierte que en Venezuela el acoso a la prensa tiene varios mecanismos

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La penalización de la expresión, la censura a las denuncias de corrupción, el veto a las fotografías de hechos violentos, la demanda judicial contra periodistas acusados de desestabilizar, las medidas económicas contra dueños de medios y la prohibición del uso de redes sociales a ciudadanos procesados judicialmente son estrategias del Estado venezolano que amenazan la libertad de expresión.

Así lo concluye el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, Capítulo Venezuela, en un informe publicado ayer en su página web http://www.ipys.org.ve.

En el documento la ONG hace un recorrido desde 2005 hasta el presente en el que evidencia el uso del poder del Estado a través de mecanismos legales, “para criminalizar la labor de periodistas y medios de comunicación privados e independientes”.

Tales acciones, dice IPYS, se han incrementado en los meses transcurridos de 2013. Resalta que en muchas ocasiones la acción del Ejecutivo es respaldada por la Fiscalía General, lo que mostraría “una posible articulación entre los poderes públicos para restringir el ejercicio de la libertad de expresión e información, de trabajadores de medios y de la sociedad en general”.

El informe enumera las actuaciones del Estado de los últimos ocho años, que tienden a censurar la libre expresión o, en su defecto, a provocar autocensura.