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PSUV sin consenso para allanar inmunidad a Mardo

El diputado Richard Mardo / William Dumont

Pedro Carreño dio por hecho que el debate sobre el allanamiento de la inmunidad de Richard Mardo será el martes 30 de julio / William Dumont

La medida contra Richard Mardo se aprobaría por mayoría de la mitad más uno. Algunos oficialistas creen que debería ser por dos tercios. AN Plenaria incurriría en desacato al TSJ y perdería autonomía si decide por mayoría absoluta

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Si todo sale como lo anunciaron el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y el jefe de la fracción del PSUV, Pedro Carreño, dentro de dos días se le allanará la inmunidad al diputado de Primero Justicia Richard Mardo con una votación de la mitad más uno de los presentes en la plenaria y se autorizará al TSJ para su enjuiciamiento por defraudación tributaria y legitimación de capitales.

Pero no todas las cartas están echadas. Al día de hoy no hay consenso en el PSUV sobre cuál debe ser la mayoría requerida para aprobar el levantamiento del fuero al parlamentario de oposición. Mientras que Carreño ha dicho que se votará por mayoría absoluta de los presentes (la mitad más uno), algunos diputados sacan otras cuentas.

“La inmunidad es una protección para que los diputados cumplan sus funciones sin la presión de verse amenazados por poder alguno. Creo que la autorización al TSJ no debería ser por una mayoría simple sino que, dada la magnitud y la relevancia de lo que significa la inmunidad, debería ser una mayoría de dos tercios. Es lo que yo interpreto de la Constitución”, afirmó Jesús Cepeda (PSUV-Guárico).

No obstante, Cepeda avaló el procedimiento abierto contra Mardo en el TSJ y en la propia Asamblea Nacional. “El orden de los factores no altera el producto”, aseguró. Lo fundamental, dijo, es que la inmunidad no es una patente de corso para cometer delitos.

El ex presidente del Parlamento Fernando Soto Rojas prefirió revisar la carta magna antes de fijar posición. “En la Constitución está todo y aún hay tiempo. No hay prisa. Todavía no se ha convocado la plenaria formalmente”, señaló.

En el PCV tienen recelos sobre el tema. Aunque no lo declaran públicamente, reconocen que varios dirigentes de la izquierda de los años setenta, ochenta y noventa se vieron beneficiados por la inmunidad para salir de prisión. Al igual que Cepeda, los comunistas respaldan la investigación, pero aún no han decidido cómo votarán.


Pelotón. El secretario ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, advirtió que el giro de tuerca que intentará el oficialismo no sólo coartará la naturaleza autonómica e independiente de la Asamblea, sino que será un arma de doble filo.

Aveledo, que preside el Instituto de Estudios Parlamentarios de la UCAB coincidió con Cepeda en que el fuero no es una licencia para delinquir, pero afirmó que si se aprueba el allanamiento en el contexto de un proceso violatorio del Estado de Derecho, todos los diputados quedarían expuestos.

“La inmunidad es una barrera para impedir los enjuiciamientos temerarios y políticos. Eso lo deben pensar bien los diputados del PSUV, pues más adelante podrían querer procesar a alguno de ellos por diferencias internas en su partido”, dijo.

Advirtió que el PSUV está a punto de convertir el Parlamento en un pelotón de fusilamiento: “La Asamblea se suicida cuando comete una arbitrariedad contra sus diputados”.

El constitucionalista Gerardo Fernández comparó la situación con una carta de renuncia anticipada. “Los diputados estarán amenazados y perderán toda autonomía”, apuntó.

Sin embargo, Cepeda difiere: “No creo que se vaya a convertir en un mecanismo de persecución. Ningún diputado tiene que estar asustado a menos que esté incurso en delitos”. 



RECUADRO

Desacato

El abogado constitucionalista Gerardo Fernández afirmó que la mayoría constitucional para aprobar el allanamiento a la inmunidad es de dos tercios.

“En la decisión del 16 de julio, el TSJ ordenó a la AN deliberar sobre el allanamiento y, de ser acordado, operar de acuerdo con el artículo 380 del COPP, que establece que ‘cumplidos los trámites necesarios para el enjuiciamiento, el funcionario quedará suspendido del cargo mientras dure el proceso”, indicó.

El artículo 187, numeral 20, de la Constitución señala que para aprobar la separación temporal se requiere el voto de dos tercios (110 votos): “Si la AN autoriza el enjuiciamiento por la mitad más uno incurrirá en el delito de desacato al TSJ”.

El experto en derecho parlamentario Ramón Guillermo Aveledo acotó que la tesis de Carreño, según la cual el allanamiento es una autorización y por tanto se aprueba con la mitad más uno de los votos, es errónea. “La Constitución no precalifica la mayoría requerida para las autorizaciones al Ejecutivo. En cambio sí lo hace para la separación de los diputados”, indicó.

“Con esa tesis, Carreño está incitando a desacatar al TSJ”, sentenció Fernández. 



Casos emblemáticos

1962. En mayo el Congreso allanó la inmunidad a Eloy Torres (PCV), vinculado con el Carupanazo. En junio, Simón Sáez Mérida y Domingo Alberto Rangel (MIR) fueron pasados a los tribunales militares por su participación en el Porteñazo. En 1963 todos los miembros del PCV y el MIR fueron despojados del fuero horas después del ataque al tren de El Encanto.


1987. El diputado Hermócrates Castillo (Opina) fue detenido en Valencia por la Disip con cinco kilos y medio de cocaína oculta en la maleta de su carro. En el lugar le fueron incautadas además armas y dólares falsos. Se determinó que tenía una red de distribución de drogas. Fue despojado de la inmunidad y en 1989 un tribunal lo condenó a 29 años de prisión.


1993. La Cámara de Diputados acordó el allanamiento de la inmunidad de Reinaldo Figueredo Planchart por malversación genérica y peculado doloso propio durante su paso por el gabinete ministerial. Ese mismo año el Senado despojó de protección al senador Alejandro Izaguirre por los mismos delitos. Ambos fueron enjuiciados y hallados culpables.


1993. El Senado allanó la inmunidad del ex presidente y senador vitalicio Jaime Lusinchi por la compra de una flota de jeeps con fondos públicos que luego fue utilizada en la campaña electoral de su partido, Acción Democrática. En 1994 se le allanó por segunda vez la inmunidad, esta vez por malversación de fondos de una partida de bienestar social del INH.


2010. El peseuvista Wilmer Azuaje fue despojado de su inmunidad por la Asamblea Nacional, dominada por su partido. Se le acusó de violencia de género contra una funcionaria policial durante la recuperación de un vehículo robado. En 2008 Azuaje había solicitado a la plenaria que se investigara el presunto enriquecimiento ilícito de la familia Chávez Frías.






@morapin

mmoralesp@el-nacional.com