• Caracas (Venezuela)

Política

Al instante

Diputados de oposición ven su inmunidad pender de un hilo

La diputada María Corina Machado / Leonardio Noguera/El Nacional

La diputada María Corina Machado / Leonardio Noguera/El Nacional

Andrés Velásquez, María Aranguren y María C. Machado se suman a Richard Mardo, Juan C. Caldera y Gustavo Marcano

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

Seis diputados de oposición están en la mira del PSUV para despojarlos de la inmunidad parlamentaria, fuero especial que los protege para opinar, denunciar y desempeñar sus funciones sin ser perseguidos judicialmente por ello. Pero las actuaciones de la Asamblea Nacional en ese intento han trastocado el procedimiento establecido en la Constitución.

La carta magna estipula que el TSJ es el único que puede detener y enjuiciar a los diputados, previa autorización de la Asamblea. Para ello la AN debe nombrar una comisión que en 30 días elabore un informe que determine si la solicitud del TSJ está sustentada. El texto debe ser aprobado por la mayoría; pero si en el plazo dado no se presenta, se entiende que la solicitud fue negada.

El Reglamento Interior y de Debates agrega que si la gravedad de la acusación lo amerita, la plenaria puede decidir en la misma sesión que recibe la petición.


¿Cuál mayoría? Según el PSUV, el allanamiento de la inmunidad se aprueba con la mayoría calificada (la mitad más uno en la sesión); según la oposición, es la mayoría de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea (110 votos). La Constitución no lo dice expresamente.

El argumento oficialista se basa en que de acuerdo con el artículo 200 de la carta magna el TSJ solicitará una “autorización” a la Asamblea para proceder a un enjuiciamiento. El jefe de la fracción del PSUV, Pedro Carreño, sostiene que todas las autorizaciones que aprueba la AN se votan con mayoría calificada. “Esta es una autorización más”, asegura.

El argumento opositor se basa en los artículos 200 y 187, numeral 20, sobre la separación temporal de los diputados; y en la sentencia 12/2012 de la Sala Plena del TSJ. Esta  señala que el antejuicio de mérito es una prerrogativa de los altos funcionarios, “para evitar la existencia de perturbaciones derivadas de posibles querellas, injustificadas o maliciosas, que se interpongan contra las personas que desempeñen una alta investidura”. Afirman que la medida no puede ser aprobada por la mitad más uno, sino por el voto de dos tercios de los miembros de la AN.


En el banquillo. Contradictoriamente, en los expedientes abiertos hasta ahora contra Juan Carlos Caldera y Richard Mardo (PJ) la Asamblea no esperó una petición del TSJ, sino que  acudió al máximo tribunal para pedirle que solicite autorización para allanar la inmunidad a sus miembros.

Además, en el caso de Mardo, la AN sustanció un expediente propio basado en una denuncia presentada por el PSUV que puso en duda la honestidad del parlamentario. El 3 de julio la comisión especial presidida por Carreño aprobó el informe final. El texto, remitido a la directiva de la AN y al TSJ, recomendaba al tribunal pedir el allanamiento. Así lo hizo el lunes.

En el caso de Caldera la comisión nombrada por la plenaria para sustanciar el expediente en su contra en septiembre de 2012 no emitió informe final, pero el PSUV solicitó a la Fiscalía que se avocara. El Ministerio Público informó inicialmente que no podía adelantar una investigación hasta que no se levantara la inmunidad de Caldera, pero ocho meses después de la denuncia contra el diputado, el 20 de mayo, la Fiscalía fue al TSJ a recomendar que solicitara el allanamiento. El TSJ no ha enviado la petición al Parlamento.


¿Los próximos?

Además de Richard Mardo y Juan Carlos Caldera en la sesión plenaria del 2 de julio, la Asamblea Nacional recomendó al Tribunal Supremo de Justicia determinar si existen elementos suficientes para pedir autorización  para quitarle el fuero a la diputada María Mercedes Aranguren. La parlamentaria fue, junto con el ex gobernador de Monagas José Gregorio Briceño, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela hasta 2012.

María Corina Machado (independiente) también está en la mira. El miércoles se instaló una comisión especial que investigará si hay delitos en la conversación que tuvo con el historiador Germán Carrera, divulgada en junio pasado.

El domingo pasado la diputada Nancy Ascencio, del PSUV-Bolívar, advirtió que su compañero de trabajo en la Comisión de Contraloría Andrés Velásquez (La Causa R) será sometido a procedimientos similares. “Las mentiras de Velásquez serán tratadas con todo el peso de la ley, una vez que el TSJ se pronuncie en cuanto a la solicitud de allanársele su inmunidad parlamentaria”, vaticinó Ascencio, confiada en el resultado.

Gustavo Marcano (PJ) fue incluido en la lista de investigados a principios de año, pero su caso no se ha vuelto a mencionar.


98 a 67

Actualmente la relación de votos en la Asamblea Nacional es de 98 para el oficialismo (entre el Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados) y 67 para la oposición. Si María Corina Machado es despojada de la inmunidad y sometida a investigación, su curul de principal sería ocupada por el suplente, Ricardo Sánchez, que luego de las elecciones del 7 de octubre se deslindó de la oposición y acercó posiciones al chavismo.

En el caso de María Mercedes Aranguren (ex PSUV), su puesto de principal sería ocupado por el suplente, Carlos Flores, que se mantiene en el partido de gobierno.

Si ambas diputadas fueran separadas de sus cargos, el oficialismo llegaría a 100 votos y la oposición quedaría con 65. Con 100 votos el oficialismo podría aprobar una ley habilitante, pues según la carta magna se requieren las tres quintas partes (99 votos) de los integrantes de la Asamblea Nacional para dar luz verde a ese instrumento.

El resto de los opositores amenazados tiene como suplente a un opositor.

Los diputados principales que han cambiado de bando son Hernán Núñez, William Ojeda y Jesús Paraqueima, que saltaron al oficialismo; y Jesús Domínguez, María Aranguren y Nelson Rodríguez, que se alinearon con la oposición.


Próximo paso: preservar la prerrogativa

La defensa de Richard Mardo insiste y sostiene que todas las pruebas con las cuales se le pretende despojar de la prerrogativa constitucional al diputado, son forjadas, pero el tema más importante para su abogado en esta etapa del caso, es el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del que será objeto el legislador, que se espera sea autorizado por la Asamblea Nacional en pleno, por orden del TSJ.

La bancada oficialista, liderada por el diputado Pedro Carreño, aseguró que la inmunidad parlamentaria del diputado Mardo será autorizada por la mayoría simple de la AN, es decir, el voto de la mitad de los diputados más uno.

Otro criterio tiene el abogado defensor José Vicente Haro, que por jurisprudencia de la Sala Constitucional del TSJ y lo que establece el artículo 187 de la Constitución, afirma que la forma correcta de tomar la decisión en este caso, es con la mayoría calificada, es decir, con los votos de las dos terceras partes de los diputados que conforman el Parlamento.

Sobre esto aún no hay decisión, por ello queda esperar que la AN determine cómo se efectuará la votación. Sin embargo, Haro considera que más allá de las recusaciones, los amparos y las acciones judiciales, el próximo paso es impedir que la AN apruebe el allanamiento a la inmunidad de Mardo, cualquiera que sea la vía.

“Esto nos parece injusto, ya que por parte del TSJ el caso está totalmente viciado”, señaló.

El abogado manifestó que la manera en la que decidió Carreño que se llevaran a cabo las votaciones dentro del hemiciclo, obedece a que el PSUV no cuenta con las dos terceras partes de los diputados que conforman la AN, por lo tanto la fracción oficialista corre el riesgo de perder.

 

Continúa el proceso. Pese a que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, ha intervenido en el proceso contra Mardo desde el primer momento en que la Comisión de Contraloría de la AN así lo autorizó, Haro explicó que el proceso continuará en investigaciones, recavando información por parte de la funcionaria para que finalmente decida si hay, o no, una responsabilidad penal y ahí sí entraría en jugo la actuación de un tribunal penal.

 

El proceso

*Asamblea Nacional inicia investigaciones contra Mardo

*Fiscalía reúne pruebas en contra del diputado, se habla de 10 transferencias bancarias presuntamente ilegales

*Fiscal solicita al TSJ antejuicio de mérito contra Mardo

*TSJ celebra audiencia para concluir proceso de antejuicio de mérito

*Defensa recusa a magistrados de la Sala Penal y Constitucional

*Defensa introduce recurso de amparo contra la fiscal por intervenir en el caso

*TSJ declara inadmisibilidad de recursos consignados por la denfensa de Mardo

*TSJ autoriza antejuicio de mérito y solicita a la AN que allane la inmunidad parlamentaria de Mardo