• Caracas (Venezuela)

Política

Al instante

A acusados de delitos contra la cosa pública se les podrá confiscar los bienes

Las comunas, los consejos comunales y las organizaciones quedan bajo el ámbito de la Ley contra la Corrupción | Foto Raúl Romero / Archivo

Las comunas, los consejos comunales y las organizaciones quedan bajo el ámbito de la Ley contra la Corrupción | Foto Raúl Romero / Archivo

Bancos obligados a abrir cajas de seguridad de investigados y mostrar el contenido a la Fiscalía

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

Una de las novedades del Decreto Ley contra la Corrupción, publicado en la Gaceta Extraordinaria número 6155 de fecha 19 de noviembre de 2014, es que se amplía el ámbito de aplicación del órgano jurídico. Además de las personas naturales y jurídicas públicas y privadas, se incluye a las comunas, consejos comunales, asociaciones socioproductivas y las organizaciones de base del poder popular así como cualquier otra organización que maneje fondos públicos.

Pareciera que se da un paso adelante para disminuir la opacidad, porque se resguarda el derecho a la información de los ciudadanos, dado que se establece que los particulares tienen derecho de solicitar a los órganos y entes competentes información sobre la administración y custodia del patrimonio público. También podrán acceder y obtener copias de los documentos y archivos correspondientes para examinar o verificar la información suministrada, salvo lo atinente a seguridad y defensa de la nación. Pero en el decreto ley del Cuerpo Nacional contra la Corrupción, se determina que la clasificación de la información y será el presidente de la República quien declare el carácter secreto, reservado o de divulgación limitada de cualquier información, hecho o circunstancia que, en cumplimiento de sus funciones, tenga conocimiento este cuerpo.

La norma jurídica determina que cuando se hayan cometido delitos contra el patrimonio público y resultaran afectados los bienes e intereses patrimoniales de la República la acción civil la ejercerá la Procuraduría.

Confiscación de bienes. En otro de los artículos se estipula que los entes bancarios están obligados a abrir las cajas de seguridad de sus clientes sometidos a averiguación por la presunta comisión de delitos contra la cosa pública y mostrar su contenido cuando lo exija el Ministerio Público.

La Fiscalía podrá solicitar al juez de control el aseguramiento de bienes del investigado hasta por el doble de la cantidad que se calcule el enriquecimiento ilícito o el daño causado al patrimonio público.

Las sanciones se endurecen, por cuanto el juez podrá ordenar la confiscación de los bienes de las personas naturales o jurídicas naturales o extranjeras que incurran o sean responsables delitos contra la cosa pública.

Queda establecido que las acciones judiciales no prescribirán cuando estén dirigidas a sancionar delitos contra el patrimonio público.

Como ya se había informado, se creará el cuerpo nacional de prevención, inteligencia e investigación contra la corrupción, que dependerá del presidente de la República. Este trabajará de manera integral con la Contraloría y el Ministerio Público.

Lesa patria. En las disposiciones finales del instrumentos jurídico queda establecido que los delitos contra el patrimonio público se consideran de lesa patria y se prohíbe que los funcionarios abran cuentas innominadas en el exterior.

También los funcionarios quedarán inhabilitados para el ejercicio de la función pública y no podrá optar a cargos de elección popular o público alguno, a partir del cumplimiento de la condena.