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Denuncian abuso de autoridad del DIM en Monagas

Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar | Foto: Antonio Rodríguez

Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar | Foto: Antonio Rodríguez

Los disidentes del gobierno señalan que son perseguidos por unidades militares y que se ubican frente de sus residencias

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El diputado de Mi Gato Jesús Dominguez denunció en la Fiscalía Superior de Monagas violación del domicilio y abuso de autoridad por parte de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar contra él; el alcalde de Caicara de Maturín, Pedro Briceño, y la parlamentaria María Mercedes Aranguren.

En el escrito, Domínguez relata que el 27 de octubre, a la 1:30 pm, se presentaron en la finca, propiedad de la familia, en el sector la Llanera, parroquia San Félix, municipio Cedeño, un grupo de la DIM que, sin orden judicial y sin autorización, permaneció en los predios de la hacienda, tomó fotos y preguntó a los trabajadores si habían armas en el lugar.

“Posteriormente, mi esposa me informa que al frente de mi casa estaba una camioneta de la DIM. Es la segunda vez que hacen esto: la primera fue el 10 de agosto, a las 9:30 am, como consta en una denuncia efectuada en la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Ese día intentaron entrar sin orden judicial y bajo coacción a mi casa”, denunció.

El parlamentario precisó que el 27 de octubre estaban dos camionetas marca Toyota, color blanco; una con placa MD-724 y escudos y distintivos de la DIM, y la otra sin placa, ni emblema.

“Por mi condición de diputado activo gozo de inmunidad parlamentaria, por lo que para adelantar cualquier juicio en mi contra se debe iniciar un antejuicio de mérito, lo cual no ha ocurrido, pues no tengo conocimiento de que curse denuncia en mi contra”, indicó

En conclusión, dijo: “Los funcionarios de la DIM, al presentarse en la finca y en mi casa, violan mi domicilio e incurren en delito tipificado en el artículo 184 del Código Penal Venezolano". El instrumento mencionado impone como pena la prisión entre 45 días a 18 meses, pero si ocurre un hecho arbitrario la prisión será entre 6 a 30 meses. El Código Penal advierte: ‘Si consta que el culpable ha obrado por causa de algún interés privado, las penas se aumentarán en una sexta parte’. La toma de fotos y entrevistas suponen actos arbitrarios, por lo que pido iniciar la investigación correspondiente”.