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Víctimas de la guarimba exoneran al Estado de violación de derechos

Marino Alvarado, de Provea, denunció desde Washington que en Venezuela no está garantizado el derecho a la manifestación pacífica | Foto EFE / Archivo

Imagen de una protesta | Foto EFE / Archivo

Afirman que los excesos estatales fueron aislados. Diputados oficialistas recomendaron acusar por delitos de lesa humanidad y querellar en el caso López. Expertos advierten que ambas propuestas son inviables

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"Somos conscientes de que el Estado no violó nuestros derechos humanos. En cambio, por ejemplo, la señora María Corina Machado era diputada cuando llamó a protestar y luego quemaron un preescolar. Ella violó los derechos de todos esos niños", dijo enfáticamente la teniente de la GNB Yendri Velásquez el miércoles 19 de noviembre en una reunión con el presidente de la comisión especial de la Asamblea Nacional designada para atender al Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado registrados en abril de 2013 y entre febrero y mayo de 2014.

Velásquez es viuda del capitán Ramsor Bracho, asesinado de un disparo el 12 de marzo en Valencia y representa a la Guardia Nacional: "A mí me dan la responsabilidad de defender a mi componente, porque fuimos satanizados. Somos conscientes de que hubo algunos excesos, pero los responsables están bajo investigación".
La directora del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la UCAB, abogada Ligia Bolívar, considera que los planteamientos del comité tienen debilidades de enfoque.

"Ellos describen como violación de derechos humanos la comisión de delitos comunes, cometidos por particulares. En el caso del preescolar ¿cuál es la prueba? Se pidió el análisis de los videos por un perito independiente, pero el tribunal lo negó. Estas víctimas tienen todo el derecho de exigir al Estado que sus casos no queden impunes, pero la violación de derechos humanos no la constituye el hecho cometido contra sus familiares, sino que se originaría si el Estado permite impunidad".

Los objetivos. El 10 de noviembre pasado, tres días después de terminado en Ginebra, Suiza, el examen de Venezuela por el Comité contra la Tortura de la ONU, el Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado apareció ante la opinión pública.

En esa primera declaración explicó sus objetivos: "dar a conocer a Venezuela y al mundo a las verdaderas víctimas" y "que se conozca quienes fueron los autores intelectuales de la violación de los derechos humanos".

Con el paso de los días y luego de reuniones con la fiscal general, la defensora del pueblo, la presidente del TSJ, la junta directiva de la Asamblea y diputados del PSUV, esos objetivos se han ampliado.

Desde la AN exigieron "que se garantice la atención integral de las víctimas, en especial la seguridad social y la salud"; "que se determinen responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios públicos que por acción u omisión favorecieron los hechos de violencia", y que se "interpele a gobernadores, alcaldes y policías estadales, entre ellos el gobernador de Miranda y los alcaldes de Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre".

¿Lesa humanidad? En la reunión del comité con la comisión especial de la AN los diputados del PSUV Elvis Amoroso y José Morales señalaron a las víctimas otros aspectos que se deben considerar.

Amoroso reconoció que según el derecho internacional la violación de derechos humanos no puede atribuirse a particulares. Entonces planteó una alternativa: "En los delitos de lesa humanidad, como el narcotráfico o los asesinatos en serie, el Estado no tiene por qué ser el responsable. Pero si incluimos, revisando bien, los casos que trajo el comité como delitos de lesa humanidad no tiene por qué tocarse la violación de los derechos humanos".

Ligia Bolívar considera irresponsable la propuesta. "Eso no es viable. Es irresponsable tratar de abultar, sin base jurídica, un delito común para convertirlo en otra cosa. Los delitos de lesa humanidad tienen características muy específicas: la responsabilidad es penal internacional y por ser penal es individual; pero, además, se requieren tres condiciones concurrentes: que la violación sea sostenida en el tiempo, generalizada y sistemática. Por carecer de esos elementos se cayeron las 26 demandas que sectores de oposición llevaron al tribunal de La Haya en 2002", explicó.

Querellantes. En el mismo encuentro José Morales se refirió a los presuntos autores intelectuales, que según él están plenamente identificados y algunos en proceso penal. Les preguntó a los integrantes del comité si se habían constituido en querellantes en representación de las víctimas: "Creo que es importante que también evalúen esa figura con la Fiscalía y sus testimonios sirvan de fundamento para la investigación fiscal".

José Luis Tamayo, abogado de Iván Simonovis y de los policías metropolitanos condenados por 2 de las 19 muertes ocurridas en Caracas el 11 de abril de 2002, aclaró que tal interpretación no sería válida, de acuerdo con lo que indica el Código Orgánico Procesal Penal.

"Todo grupo que se cree para dar con los responsables de violación de derechos humanos es loable. Ahora, de acuerdo con el COPP, las asociaciones que se constituyan para perseguir determinados delitos pueden ser querellantes siempre y cuando se hayan conformado antes de la comisión del delito. En este caso el comité no podría sumarse como querellante porque es posterior a los hechos", dijo Tamayo.

El diputado Morales también se refirió al financiamiento del comité: "Indudablemente, si desde el Estado se promueve que ellos expongan su verdad en organismos multilaterales será con el apoyo de la Cancillería y del Consejo de Derechos Humanos porque son gente humilde".

La afirmación complementa la posición del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darío Vivas, quien adelantó el martes: "Algunos de ellos se están movilizando para el exterior. Vamos a brindarles apoyo. Que vayan estos compatriotas, con los dineros del pueblo, a llevar la verdad de este crimen".

Los otros

En marzo, en medio de las presiones internacionales para que se iniciara un diálogo político, la fiscal general, Luisa Ortega, recibió a representantes del Foro Penal Venezolano, que le presentó 40 casos de tortura.
Entre abril y julio se constituyeron comités de víctimas contra la represión, contra la tortura y para exigir la libertad de los presos políticos en Ciudad Bolívar, Barquisimeto, Valencia y Caracas. Pero ninguno tuvo la suerte de ser recibido por los poderes públicos.

Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, la joven asesinada el 22 de febrero en Valencia de un disparo en la cara, admite que no han pedido reuniones: "Ese no es nuestro deber. No tenemos que decirle al gobierno 'hágame el favor y me atiende'. Es deber del gobierno haberse acercado, convocarnos, darnos explicaciones. La fiscal, la defensora, Maduro, el general Padrino López nos deben una disculpa porque no fueron capaces de garantizar la vida o la libertad de nuestros seres queridos".

El dato

El propósito del Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado es reunir a familiares de las personas asesinadas y a personas afectadas por las protestas, siempre que hayan hecho una denuncia formal. Hasta ahora tienen un capítulo en Monagas y otro en Táchira. Su correo es victimasdelaguarimba@gmail.com. Los voceros son Yendri Velásquez, viuda de Ramsor Bracho; Nairobi Olivares, viuda de Julio González; Luis Durán, padre de Elvis Durán, y Desiré Cabrera, representante del preescolar del Ministerio de la Vivienda en Chacao.