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¿Por qué en Venezuela no se puede hacer un juicio político?

El presidente Nicolás Maduro y la magistrada Gladys Gutiérrez | Foto: AVN

El presidente Nicolás Maduro y la magistrada Gladys Gutiérrez | Foto: AVN

La Constitución no tiene este instrumento, pero ofrece al resto de los Poderes Públicos y a los ciudadanos la posibilidad de demandar al presidente por violación a la ley tanto por delitos civiles como políticos 

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El impeachment o juicio político es una figura legal que permite a los poderes públicos investigar y corroborar la incursión de un funcionario público en cualquier tipo de delito.

La Constitución venezolana no establece este mecanismo, a diferencia de Brasil, que con la aprobación de la Cámara de Diputados y el Senado se destituye al presidente temporalmente hasta comprobar su culpa.

No obstante, hay dos alternativas para cuidar la devastada autonomía de los poderes en Venezuela, en caso de que el mandatario nacional viole las leyes. Esto les compete a la Asamblea Nacional (AN), el Consejo Moral Republicano y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El abogado constitucionalista José Vicente Haro explicó que la primera instancia es la declaratoria de responsabilidad política y la segunda es el enjuiciamiento por delitos  civiles.

“En la Constitución se establecen dos figuras parecidas al impeachment, la primera es el juicio por responsabilidad política contra el presidente de la República. Esta declaratoria la efectúa la Asamblea Nacional de acuerdo al artículo 222 de la Constitución”, aclaró.

La semana pasada, el presidente Nicolás Maduro promulgó el decreto 2.309. Este “restringe y difiere” las mociones de censura establecidas por el Parlamento hasta que no termine el Decreto de Emergencia Económica, estado de excepción promulgado sin la autorización del legislativo.

Haro detalló que el decreto presidencial viola el artículo 187, numeral 10, de la Constitución, que le da la potestad al Poder Legislativo de emitir las mociones de censura contra el vicepresidente y los ministros que incumplan con sus funciones.

El decreto, fue la manera en la que el mandatario respondió a la censura contra el ministro de Alimentación, Marco Torres, por no comparecer con respecto a la Crisis Alimentaria el 28 de abril. Una falta a sus competencias como funcionario y una violación de la facultad de la AN, establecida en el artículo 223 de la Constitución.

El abogado Rubén Duque Corredor señaló que los diputados cumplen con su trabajo de contraloría. Puntualizó que en el artículo 232 también se establece que los estados de excepción no absuelven al mandatario de su responsabilidad.

“El presidente debe destituir al ministro. Es más, si se revisa el artículo 232, se lee que la declaraciones de estado de excepción no exoneran la responsabilidad del presidente en sus acciones”, acotó.

Procedimiento

En caso de que la AN decrete la responsabilidad política del presidente por incumplimiento de la Constitución. Tendría que llevar su debida investigación sobre el delito y se redactaría un informe. Este sería remitido al Consejo Moral Republicano, que de ser ratificado pasaría al último filtro: el Tribunal Supremo de Justicia.

José Vicente Haro explicó el procedimiento: “Se nombra una comisión en la plenaria, constatan que es una violación a la ley, emiten un informe y lo mandan a la Asamblea Nacional, luego del debate se decidirá o no determinar la responsabilidad política del presidente, pero ésta primera etapa no acarrea la destitución del presidente”.

Apartar a Nicolás Maduro de su cargo por esta vía mientras se lo investiga, no está permitido hasta que el TSJ lo sentencie. Una clara diferencia con la legislación brasileña y la reciente destitución por 180 días de Dilma Rousseff.

 “Para que eso pueda llegar tiene que pasar por una segunda etapa, y es que la Asamblea Nacional de acuerdo a la Constitución debe remitir eso al Consejo Moral Republicano, es decir, al Poder Ciudadano. El Consejo debe recibir esa declaratoria de responsabilidad política y solicita a la Sala Plena del tribunal la destitución”, aclaró el jurista.

Antejuicio de mérito

A parte de la responsabilidad política, otra situación es que el presidente sea acusado formalmente por desacatar el artículo 143, numeral 2, del Código Procesal Penal. Este establece que serán castigados con prisión de 12 a 24 años: “Los que, sin el objeto de cambiar la forma política republicana que se ha dado a la nación, conspiren o se alcen para cambiar violentamente la Constitución de la República”.

“Este sería el delito en el que incurrió el presidente de la República al tratar de cambiar la Constitución. Él está básicamente desconociéndola con otra forma establecida en ella (el decreto presidencial)”, agregó Haro.

El abogado explicó para llegar a un juicio se debe introducir la demanda ante la Fiscalía General de la República, quienes investigarán y establecerán las responsabilidades correspondientes. Después, pasaría a la Sala Plena del TSJ, en la que los magistrados declararían que el mandatario debe separarse de su cargo con la apertura de un antejuicio de mérito.

Para el jurista, estas son medidas que se pueden aplicar en teoría, pero en la práctica no. La razón primordial de ello es que el único poder independiente al Ejecutivo es la AN, aunque consideró pertinente que se realice el proceso para que sirva de sustento con el fin de activar la Carta Democrática Interamericana.

“Ninguno de los dos mecanismo en la práctica son viables, pero considero necesario que la Asamblea Nacional determine la responsabilidad política, haga las gestiones y que todas las actuaciones del gobierno se especifiquen y remitan al secretario general de la OEA, porque allí se demostrará que se vulnera la democracia y que es necesario activar la carta”, concluyó.