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Venezuela: Críticos bajo amenaza

Interrogatorios, detenciones y procesos penales

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El gobierno del Presidente Nicolás Maduro y sus aliados políticos en la Asamblea Nacional están utilizando indebidamente el sistema de justicia penal para castigar a personas que los critican, señaló hoy Human Rights Watch. Además de las detenciones arbitrarias y los procesos penales contra políticos de oposición, que han recibido amplia cobertura, durante el último año diversas autoridades venezolanas han iniciado, o amenazado con iniciar, acciones penales contra decenas de críticos menos conocidos. 

El 24 de julio de 2015, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron al empresario venezolano Fray Roa Contreras, un día después de que él criticara políticas económicas del gobierno durante una entrevista televisiva realizada por CNN. Contreras continúa detenido y enfrenta un proceso penal en el cual se lo acusa de presuntamente difundir información falsa que “cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra”, según la prensa.. 

“El gobierno de Venezuela utiliza el sistema de justicia como una fachada, pero la realidad es que los jueces y fiscales venezolanos se han convertido en soldados obedientes”, señaló José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. “Las autoridades venezolanas han abusado, de forma recurrente, de sus facultades para limitar la libre expresión, y eso impide un debate abierto y democrático, lo cual es especialmente importante de cara a las elecciones legislativas que se realizarán en diciembre”.

Human Rights Watch documentó 31 casos en la capital, Caracas, y en 4 estados – Aragua, Carabobo, Lara y Zulia – de personas que enfrentan cargos penales, o fueron amenazadas con ser investigadas penalmente, por haber criticado públicamente al gobierno. Entre estos casos se incluyen 22 personas vinculadas con medios de comunicación venezolanos que difundieron información sobre la supuesta vinculación de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y miembro del partido gobernante, con un cartel de narcotráfico. El SEBIN detuvo e interrogó a otras 6 personas, de las cuales 5 están sujetas a procesos penales por sus declaraciones. Con relación a las tres personas restantes, en dos casos las autoridades abrieron una investigación penal en su contra y amenazaron con perseguir penalmente a la tercera.

Entre los casos documentados por Human Rights Watch se incluyen el caso de un médico que fue detenido por agentes de inteligencia y amenazado con la posibilidad de un proceso penal por cuestionar en televisión la escasez de medicamentos; el de un ingeniero que fue detenido luego de que un periódico local publicara declaraciones suyas, en las cuales criticaba políticas gubernamentales que regulan el acceso al suministro eléctrico; y el de una clarividente que había sido diagnosticada con trastornos psicológicos, que fue detenida y procesada por haber anunciado a través de Twitter, entre otras cosas, que “morirá la dictadura en Venezuela”.

Si bien la mayoría de los detenidos han sido liberados condicionalmente, los cargos penales y las investigaciones se mantienen vigentes, indicó Human Rights Watch. 

En 2005, el predecesor del Presidente Maduro, Hugo Chávez, y sus partidarios en la Asamblea Nacional ampliaron el alcance de normas que castigan expresiones que se considera que agravian a funcionarios públicos y establecieron penas draconianas para casos de difamación. Actualmente, el Código Penal prevé penas de prisión de hasta cinco años para todo aquel que cause “pánico” o “zozobra” en la población difundiendo “información falsa”. También sanciona con penas de hasta cuatro años de prisión a quienes publiquen información que “hubiere imputado a algún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público, [o que sea] ofensivo a su honor o reputación”. 

La ausencia de un poder judicial independiente en Venezuela agrava considerablemente la amenaza que estas leyes representan para la libertad de expresión, indicó Human Rights Watch. El poder judicial venezolano ha dejado en gran medida de actuar como un poder independiente de gobierno, desde que en 2004 el Presidente Chávez y sus partidarios realizaron un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia. 

“Este gravísimo abuso del sistema judicial es posible debido a que no existen instituciones verdaderamente independientes en Venezuela que puedan proteger los derechos humanos y actuar como frenos y contrapesos del poder ejecutivo”, observó Vivanco. “Amenazar y perseguir penalmente a las personas que denuncian los problemas que atraviesa Venezuela no va a conseguir que estos problemas desaparezcan”.

Casos recientes analizados por Human Rights Watch 

Human Rights Watch identificó a 31 personas que fueron procesadas penalmente o amenazadas con ser investigadas penalmente entre octubre de 2014 y julio de 2015, entrevistó a víctimas y sus abogados en Venezuela, y examinó fuentes oficiales, incluidos expedientes judiciales e información difundida en medios estatales. 

Fray Roa Contreras

El 24 de julio de 2015, agentes de inteligencia detuvieron a Fray Roa Contreras, director general de la Federación Venezolana de Licoreros y Afines, un día después de que hubiera señalado en declaraciones a CNN que la federación había pedido un “diálogo” con el Presidente Maduro para abordar la “crisis” que atravesaba este sector. La federación había criticado anteriormente políticas públicas oficiales, incluidas normas que limitan la importación de materias primas que los productores locales necesitan para elaborar bebidas alcohólicas en Venezuela. 

El 28 de julio, se informó a través de los medios que Roa había sido imputado por difundir información falsa que “cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra.” Este delito puede ser sancionado con una pena de hasta cinco años de prisión.

Un día después, Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, manifestó en televisión, a partir de información aportada por un “patriota cooperante”, que las declaraciones de Contreras formaban parte de un “plan para que el pueblo pierda la paciencia” de cara a las elecciones legislativas de diciembre. Según se indicó en los medios de comunicación, Contreras continúa detenido en una sede del SEBIN en Caracas. 

Luis Vásquez

El 18 de abril, agentes de inteligencia detuvieron al ingeniero Luis Vásquez, quien preside la Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros del estado de Lara, luego de que un periódico local publicara declaraciones suyas en las cuales criticaba políticas gubernamentales que regulan el acceso al suministro eléctrico. Los cortes energéticos son un problema recurrente en Venezuela. 

Al día siguiente, agentes que se trasladaban en cuatro vehículos del SEBIN interceptaron el automóvil que conducía Vásquez en una carretera en Barquisimeto, estado de Lara, y sin mostrarle una orden judicial lo detuvieron y lo trasladaron hasta la sede del SEBIN, según el relato de Vásquez a Human Rights Watch. Los agentes interrogaron a Vásquez hasta las 3 a.m., sin permitirle que tuviera acceso a su abogado, y, según dijo, le preguntaron sobre sus declaraciones públicas y si pertenecía a un partido político de oposición. 

El 19 de abril, el ministro de justicia expresó en Twitter que Vásquez formaba parte de una “misión” para “desestabilizar la tranquilidad de la nación”. 

Al día siguiente, Vásquez fue llevado ante un juez y acusado de difundir información falsa que podría “caus[ar] pánico en la colectividad o manten[erla] en zozobra”. Fue liberado con la condición de que se presentara ante el tribunal “cada vez que sea requerido” por este, pero siguen pendientes los cargos en su contra. 

Carlos Rosales
El 5 de febrero, el médico Carlos Rosales, presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, fue detenido un día después de conceder una entrevista televisiva en la cual habló sobre la escasez de insumos médicos en Venezuela. Durante la entrevista concedida a Globovisión, Rosales manifestó que si bien los centros de salud continuaban atendiendo a pacientes, había una severa escasez de insumos en farmacias, y que la mitad de los equipos médicos en los hospitales no estaban funcionando adecuadamente. Rosales señaló en la entrevista que estas circunstancias afectaban tanto al sistema de salud público como al privado, y habían provocado que 75 de los 234 centros de salud pertenecientes a esta asociación suspendieran cirugías electivas. 

Tres agentes del SEBIN se presentaron en la clínica Guerra Méndez en Valencia, estado de Carabobo, donde trabaja Rosales, y le indicaron que los acompañara a la sede del organismo, sin mostrarle la correspondiente orden judicial. Rosales pudo contactar a su abogado durante el trayecto, pero los agentes no permitieron que este estuviera presente durante el interrogatorio.

Los agentes interrogaron a Rosales sobre sus declaraciones públicas durante tres horas, y luego lo dejaron ir. Le advirtieron que debía tener “cuidado” sobre lo que dice, pues podía “generar alarma en la población”. Con arreglo al derecho venezolano,  difundir “información falsa” que cause  “pánico” o “zozobra” en la población es un delito. 

Ángel Sarmiento
En septiembre de 2014, funcionarios venezolanos pidieron al Ministerio Público que investigara al Dr. Ángel Sarmiento, presidente del Colegio de Médicos del estado de Aragua, por haber declarado durante una entrevista con una estación de radio que ocho personas habían fallecido en el Hospital Central de la ciudad de Maracay, debido a una enfermedad que no había podido ser diagnosticada, pero que provocaba fiebre, trastornos respiratorios y una erupción. 

Las declaraciones de Sarmiento se produjeron cuando se estaba registrando en Venezuela un elevado número de enfermedades transmitidas por mosquitos
. La Organización Panamericana de la Salud estimó que hubo más de 34.000 presuntos casos de chikungunya y 75.000 presuntos casos de dengue en 2014. Expertos independientes sospechan que los casos podrían ser muchos más, considerando que muchos pacientes con fiebre no reciben un diagnóstico adecuado. Diversos médicos y pacientes dijeron a Human Rights Watch que, a pesar de los compromisos expresados por el gobierno de importar medicamentos para tratar estas enfermedades, a menudo las personas no podían conseguirlos, especialmente durante los períodos de mayor demanda.

Varios funcionarios del oficialismo denunciaron a Sarmiento por sus declaraciones. El gobernador de Aragua, Tarek El Aissami, acusó al médico de iniciar una “campaña terrorista... que ha generado la zozobra y conmoción colectiva” y pidió que la fiscalía investigara a Sarmiento, a quien calificó como “vocero de la oposición fascista”. La entonces ministra de comunicaciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, se refirió a las declaraciones de Sarmiento como “mentiras que pretenden angustiar a la población”. 

En respuesta al pedido del gobernador, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz asignó a un fiscal al caso, y la Asamblea Nacional emitió una declaración respaldando la investigación, en la cual denunciaba el “terrorismo mediático por factores de la derecha en el sector salud”. Dos días después, el Presidente Maduro manifestó que se aseguraría de que este tipo de actos de “terrorismo psicológico” se “castiguen severamente”. 

Sarmiento huyó de Venezuela. 

Demandas por difamación presentadas por Cabello

En abril, Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, inició acciones civiles y penales por difamación agravada contra 22 “dueños, directivos, [miembros del] consejo editorial y accionistas” de los periódicos venezolanos Tal Cual El Nacional, así como el sitio web de noticias La Patilla, por reproducir un artículo del periódico español ABC. El artículo contenía declaraciones atribuidas al ex escolta de Cabello, Leamsy Salazar, quien, según se indicaba en la nota, presuntamente estaba colaborando con autoridades estadounidenses en la investigación de denuncias sobre la supuesta vinculación de Cabello con un cartel de narcotráfico. Cabello sostuvo que la decisión de reproducir las acusaciones forma parte de un “plan de la derecha internacional de atacarlo”. 

En mayo, una jueza penal admitió la denuncia y posibilitó así que avanzara la investigación penal en la causa por difamación. La jueza prohibió a los acusados salir del país, y les exigió que comparezcan personalmente ante el tribunal todas las semanas mientras se encuentre en curso el proceso penal. Cuatro de ellos —que son directores de la empresa propietaria de Tal Cual, incluido el editor del periódico— así como el autor de un artículo de opinión publicado por Tal Cual en enero de 2014 también son objeto de otra demanda por difamación interpuesta anteriormente por Cabello. 

María Magaly Contreras

En octubre de 2014, María Magaly Contreras, una clarividente que ha sido diagnostica con un trastorno psicológico, fue detenida por cuatro agentes de inteligencia en Maracaibo, estado de Zulia, por haber emitido mensajes de Twitter que, según se indica en un informe policial, formaron parte de “un plan... contra la seguridad de la Nación”. Entre los tweets citados se incluye la predicción de que Fidel Castro, “la dictadura en Venezuela” y la persona que “originó y trajo la desgracia a nuestra Venezuela” iban a morir. 

Contreras permaneció en prisión preventiva hasta el 10 de abril, cuando una jueza decretó la suspensión condicional del proceso, bajo la condición de que Contreras admitiera que había publicado los mensajes de Twitter y aceptara recibir tratamiento psicológico durante ocho meses.