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Usarán la Habilitante para eliminar a la oposición

“Nos preocupa que se criminalice más la protesta social porque se incluye la posibilidad de legislar contra quienes atenten contra los poderes públicos”, advirtió el coordinador de Provea | Foto: Omar Véliz

“Nos preocupa que se criminalice más la protesta social porque se incluye la posibilidad de legislar contra quienes atenten contra los poderes públicos”, advirtió el coordinador de Provea | Foto: Omar Véliz

Potestades otorgadas a Nicolás Maduro sobre el orden interno incrementarán el autoritarismo y la militarización, aseguraron especialistas

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La Ley Habilitante que fue otorgada al presidente Nicolás Maduro le permitirá al gobierno instaurar en Venezuela, hasta un punto de no retorno, un sistema socialista que no está establecido en la Constitución, en el que no habrá espacio para la oposición ni la disidencia, advirtió el constitucionalista José Vicente Haro.

“Están tratando de crear una paraconstitución y un paraestado. Lo que va a determinar el modelo de Estado en Venezuela no va a ser la Constitución de 1999, sino los decretos leyes que van a ser dictados en el marco de la Habilitante, mediante los cuales se va a asentar un sistema socialista que prevé criminalizar la disidencia política y crear nuevos tipos de delitos para castigar a la oposición”, dijo.

Haro alertó que el propio Maduro explicó en agosto, en presencia de la fiscal general Luisa Ortega, que consideraba apropiado usar la Habilitante para crear el andamiaje legal que permita la actuación de jueces y fiscales sin rostro y la celebración de procesos judiciales que sean secreto de Estado. “Con esta Habilitante se va regular más fuertemente a la disidencia y a la oposición, y se eliminarán las ganancias dentro del sistema económico. Lo que viene es socialismo puro y duro”, aseveró.

En el año 2007 el gobierno impulsó sin éxito una consulta popular para reformar la Constitución. “Como se dieron cuenta, voto a voto, de que no pudieron modificar la carta magna para instaurar un Estado socialista, se han dedicado a dictar normas, precisamente mediante habilitantes, que permitan consolidar una estructura político-territorial y social que está al margen de la Constitución: las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral Militares, las comunas, los consejos comunales y los consejos educativos”, señaló.

El constitucionalista indicó que en la exposición de motivos del proyecto de Ley Habilitante que Maduro entregó el 8 de octubre ante la Asamblea Nacional, se señala que el objetivo de legislar desde el Ejecutivo es poner en marcha el Plan de la Patria, que, aseveró, es un programa para instaurar el socialismo.

“Nos quieren llevar a un punto en el que jurídicamente sea imposible regresar a Venezuela a la forma de Estado prevista en la Constitución”, señaló.

El Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal, la Ley contra la Corrupción, la Ley contra la Delincuencia Organizada y la Ley Orgánica de la Contraloría son algunas de las normas que según Haro serán modificadas.
 
Criminalización de la protesta.
Haro explicó que a 17 días de unas elecciones municipales resulta especialmente peligroso el contenido del literal D del artículo 1 de la Ley Habilitante, en el que se faculta al presidente para dictar normas que sancionen acciones que atenten contra la seguridad y defensa de la nación, las instituciones del Estado, los poderes públicos y la prestación de servicios públicos fundamentales para el desarrollo del pueblo.

“Esto puede ser usado sin duda alguna para que, por ejemplo, nadie pueda salir pacíficamente a protestar después del 8 de diciembre si se cree que hubo fraude electoral”, argumentó.
Luego de las elecciones presidenciales del 14 de abril en las que Maduro fue dado ganador, fueron detenidos muchos de los jóvenes que salieron a exigir el recuento de los votos. Según el Foro Penal Venezolano, 195 de dichos detenidos fueron torturados por la Guardia Nacional Bolivariana. 

El coordinador del Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos, Marino Alvarado, explicó que las potestades concedidas a Maduro en materia de orden interno se sustentan en la doctrina de seguridad nacional e incrementarán el autoritarismo y la militarización desde el gobierno. Señaló que  la referida doctrina se sustenta en la hipótesis de un enemigo interno que debe derrotarse y en la cual se basaron las dictaduras del cono sur en las décadas de los setenta y ochenta.
“Nos preocupa que se criminalice más la protesta social porque se incluye la posibilidad de legislar contra quienes atenten contra los poderes públicos”, refirió Alvarado.

La directora de Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa y Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, indicó que el referido literal D del artículo 1 es la norma más peligrosa de la Ley Habilitante. Destacó que no hace falta el decreto para mantener a la fuerza pública en la calle, pues desde hace meses está desplegada a través del plan Patria Segura. Pero sí cree que la atribución servirá al gobierno “para apagar candelitas”.

Dijo que se busca mayor control político y social porque la potestad concedida a Maduro equivale a un estado de excepción velado para ser usado de forma discrecional.

“Este artículo no se sometió al debate y es una bisagra más que se abre para cualquier cosa inconstitucional. El gobierno ha utilizado todos los mecanismos incluyendo el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa) y el empleo de los funcionarios del Sebin para intervenir a los comercios. Buscan evitar que la oposición se movilice”, manifestó.

Añadió que el Código Penal y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación prevén sanciones para el delito de traición a la patria y otros relacionados con la seguridad y defensa, con lo cual es innecesario más poderes.

El general retirado de la Guardia Nacional Bolivariana, Miguel Aparicio Ramírez, consideró muy grave la concesión de poderes absolutos para Maduro. Señaló que la potestad en seguridad y defensa aumentará abusos gubernamentales y la presencia de la Milicia Bolivariana. Sostuvo que es delicado colocar a colectivos sin preparación y entrenamiento en funciones de seguridad y defensa.

Rechazo a EE UU
El gobierno expresó “su más profundo, categórico y enérgico rechazo” a los señalamientos de la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, en contra de la concesión al presidente Nicolás Maduro de poderes para legislar por decreto.

“Estas declaraciones son una nueva muestra de la intromisión de las autoridades de Estados Unidos en los asuntos internos de nuestro país y constituyen un acto que evidencia cómo la oposición venezolana ejecuta, con impudicia, la agenda trazada por el Departamento de Estado norteamericano para desestabilizar a nuestra patria”, se señala en un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En el documento se indica que el gobierno de Estados Unidos desconoce el ordenamiento jurídico de Venezuela y, en particular, la Constitución, la cual establece la habilitación legislativa al presidente de la República.

“La República Bolivariana de Venezuela denuncia ante el mundo que el gobierno de Estados Unidos utiliza a su tarifada oposición venezolana para ejecutar un plan de desconocimiento del orden constitucional venezolano”, se insiste en el comunicado.

Lo Dijo

Nicolás Maduro. Presidente de la República. 29 de agosto de 2013

"Pudiéramos explorar en la Habilitante la creación de jurisdicciones especiales que entren en el concepto de seguridad y secreto de Estado, y que se haga el juicio según la Constitución, pero la identidad de quienes la accionan pueda mantenerse como secreto de Estado para la estabilidad".