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UNT: TSJ sacrifica la justicia en Venezuela por el fracaso eléctrico del gobierno

La coordinadora nacional de la Defensoría del Ciudadano de UNT, Naremi Silva / Cortesía UNT

La coordinadora nacional de la Defensoría del Ciudadano de UNT, Naremi Silva / Cortesía UNT

La coordinadora nacional de la Defensoría del Ciudadano del partido explicó que el gobierno está lejos de buscar una solución a la crisis eléctrica y acude a medidas que en nada resuelven el problema

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La coordinadora nacional de la Defensoría del Ciudadano de UNT, Naremi Silva, declaró que el Tribunal Supremo de Justicia sacrifica la justicia en el país, mediante la resolución del 29 de abril de 2015 identificada con el No. 20150009, por el ajuste de horarios para todos los tribunales del país de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

“El gobierno debe revocar esta medida, para permitir a los tribunales laborar normalmente y de esa forma poder cumplir con el mandato constitucional de garantizar la administración de justicia a los venezolanos sin dilaciones y con celeridad”, dijo.

Silva explicó que el gobierno está lejos de buscar una solución a la crisis eléctrica y acude a medidas que en nada resuelven el problema, perjudicando el funcionamiento de la administración pública y sobre todo contribuye al atraso de los procesos judiciales en los tribunales.

"El Poder  Judicial debe garantizar y velar por el acceso al servicio que prestan los tribunales, lo cual no está ocurriendo. Esto afecta directamente el funcionamiento de la justicia en el país. La resolución no hace distinciones entre tribunales penales, civiles o laborales, agudizando con ello el problema de los retardos procesales en todas las instancias", dijo.

La integrante de Un Nuevo Tiempo aseguró que esta medida de reducción de los horarios laborales en la administración pública no va a resolver el problema eléctrico que existe en el país.

“Esta crisis es mucha más profunda y trasciende a cualquier medida de racionamiento energético. Va más allá de ahorrar energía, lo que se debe hacer es implementar una política eficiente de reestructuración del sector eléctrico que garantice el servicio", aseguró.

"La medida de reducción de horario  a la administración pública lo que va a originar es una eficiencia de su funcionamiento. En el caso del Poder Judicial atenta contra el buen desenvolvimiento de los tribunales, atenta contra la libertad de los ciudadanos que están a la espera de una resolución de su caso. Aleja a los venezolanos de una justicia, expedita, con celeridad y  sin dilaciones, como lo establece la Constitución, es decir, el Poder Judicial debe garantizar el servicio de administración de justicia a los venezolanos sin retrasos, con medidas como estas es muy difícil cumplir con este mandato constitucional".

Indicó que los profesionales del derecho en Venezuela llevarán este reclamo ante el Poder Judicial para que la medida sea reconsiderada, por las graves consecuencias que conlleva a los ciudadanos que tienen procesos en curso en los diferentes tribunales del país.