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UCAB denunciará en Fiscalía ataque de grupos armados

Comunidad ucabista se pronunció en contra del ataque realizado por civiles armados el pasado martes | FOTO RAÚL ROMERO

Comunidad ucabista se pronunció en contra del ataque realizado por civiles armados el pasado martes | FOTO RAÚL ROMERO

Las aulas serán abiertas hoy, luego del acoso sufrido por paramilitares que impidieron una manifestación pacífica

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La Universidad Católica Andrés Bello denunciará ante la Fiscalía el ataque realizado por grupos paramilitares contra sus estudiantes e instalaciones el pasado martes, y pedirá la investigación y sanción de los civiles armados.

“La violencia del Estado puede generar un conflicto mayor; es decir, una respuesta violenta por parte de quienes son agredidos. La obligación del Estado es proteger y garantizar la vida”, afirmó el rector de la UCAB, José Virtuoso, quien informó que hoy la universidad abrirá sus puertas.

El rector dijo que poseen información de que 50 civiles dispararon al recinto, sin que la GNB y PNB intervinieran y anunció que consignará en la Fiscalía General las fotos publicadas en El Nacional, que recogen los hechos.

El representante estudiantil Francisco Márquez aseguró que la comunidad de Antímano, en Caracas, no apoya a grupos violentos y que intercedieron para que no dispararan: “Los barrios conocen el trabajo social de la UCAB y están dispuestos a defender la universidad”.


Violación de la Constitución. El Consejo Universitario de la UCAB rechazó a través de un comunicado la sentencia del TSJ que obliga a ciudadanos a pedir permiso para protestar. “Constituye un desmontaje de la Constitución y un fraude constitucional, al vulnerar y dejar sin contenido jurídico los postulados y derechos civiles y políticos que constituyen el Estado democrático y de Derecho”, se afirma en el documento.

La UCAB rechazó: la criminalización de la oposición; la detención de menores y personas con discapacidad o condiciones especiales, como el ucabista Xavier Beckles que padece Asperger; las cauciones económicas que imponen los jueces a estudiantes detenidos, sin evaluar el perfil de los imputados; y condenó la represión policial.