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Tribunal prohíbe protestas en el CNE

La Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo instó al Ejecutivo a decretar el organismo como “zona de seguridad” 

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La Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo ordenó a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional Bolivariana adoptar las medidas de seguridad necesarias para resguardar las sedes del Consejo Nacional Electoral y sus alrededores en todo el país.

Se trata de la militarización de las sedes del Poder Electoral para “impedir los actos no autorizados, marchas, protestas, concentraciones no permisadas y manifestaciones violentas, convocadas por las organizaciones políticas y civiles”.

La decisión, en ponencia del juez Eleazar Guevara Carrillo, se tomó tras declarar con lugar un amparo solicitado por trabajadores del CNE. No solo pide medidas especiales de seguridad sino que insta al Ejecutivo a evaluar, conforme a los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, la declaratoria de zonas de seguridad de los espacios adyacentes a las sedes del Poder Electoral.

Si acepta, el presidente Nicolás Maduro podría impedir manifestaciones como las que ha promovido la oposición en todas las oficinas del Poder Electoral para exigir que se active el revocatorio.

La acción de amparo fue solicitada el 18 de mayo “para favorecer un ambiente de paz social y ciudadana, así como prevenir una situación de perturbación psicológica de la colectividad en general, en especial, a los trabajadores y rectores del CNE”. Ese mismo día –cuando la oposición intentó llegar al organismo en Caracas– se admitió y se decidió, a pesar de que no había despacho en el tribunal.

El juez asume que las movilizaciones que desean ir al Poder Electoral son violentas, por lo que insta a los alcaldes a cumplir los requisitos legales en cuanto al otorgamiento de permisos. En Libertador le corresponde a Jorge Rodríguez (PSUV).

El constitucionalista José Vicente Haro opinó que la decisión vulnera dos derechos fundamentales: libertad de expresión (artículo 57 de la Constitución) y manifestación (artículo 68).

“La corte ordena la militarización del CNE. Si se decreta como zona de seguridad, el Poder Electoral entraría dentro de un régimen jurídico especial en el que se impediría la protesta en todas sus sedes y adyacencias. Se abriría la posibilidad de detenciones arbitrarias”, advirtió.

Antes de esta decisión, el gobernador Henrique Capriles pidió a sus seguidores estar atentos a las nuevas movilizaciones que anunciará a favor del revocatorio.