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Tribunal prohíbe enajenar y gravar edificio de El Nacional

El juez Juan Carlos Varela falló a favor de Diosdado Cabello | Foto Williams Marrero / Archivo

El juez Juan Carlos Varela falló a favor de Diosdado Cabello | Foto Williams Marrero / Archivo

Juan Garantón, abogado del presidente editor Miguel Henrique Otero, calificó la medida como apresurada, pues no se ha hecho una valoración previa del supuesto daño

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El juez tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Juan Carlos Varela, dictó medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el edificio sede de la C. A. Editora El Nacional, en el contexto de la demanda por daño moral interpuesta por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, contra el diario por la reproducción de las noticias publicadas por ABC de España, sobre la presunta vinculación de Cabello con el tráfico de drogas, según señalamientos de quien fuera su jefe de seguridad, Leamsy Salazar.

La confirmación oficial de la medida se obtuvo a través de una circular suscrita por el director general del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, Dante Rivas. El documento, fechado el 17 de agosto, indica que el 14 de agosto el juez Varela emitió un oficio que refiere el decreto de prohibición de enajenar y gravar “una parcela de terreno ubicada en la Urbanización Los Cortijos de Lourdes, en la Segunda (2da) Avenida con Cuarta (4ta) Transversal, jurisdicción del Municipio Sucre, estado Miranda, que está conformada por tres lotes de terrenos. Dicho inmueble le pertenece en propiedad a la parte demandada…”

Apresurada y desproporcionada. Juan Garantón, apoderado judicial del presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, dijo que llama la atención que la referida prohibición se haya dictado con inusual celeridad: “El juez Varela no demoró más de 48 horas en fallar contra El Nacional, pues, según anunció el mismo Cabello en su programa Con el mazo dando, la demanda civil fue admitida el 12 de agosto. Además, se dictó el último día de despacho de los tribunales, pues el 15 de agosto comenzó el receso judicial que culmina el 15 de septiembre. Seguramente lo hicieron así para impedir que formalizáramos una oposición inmediata a la medida”.

El abogado de Otero afirmó que la medida de prohibición de enajenar y gravar es tan desproporcionada como la pretensión de Cabello de que El Nacional le pague un millardo de bolívares por concepto de daño moral: “Aún en casos donde el daño está relacionado con el fallecimiento de alguna persona, el Tribunal Supremo de Justicia ha concedido indemnizaciones hasta un máximo de un millón de bolívares, por lo cual exigir un millardo de bolívares por concepto de daño moral es un exabrupto”.

Garantón explicó que, independientemente de las aspiraciones de Cabello, corresponde exclusivamente al juez calcular el presunto daño moral y aseguró que ni siquiera ha hecho una valoración previa que le permitiría fundamentar la decisión de impedir cualquier transacción del inmueble que sirve de sede al diario.

En cuanto al alcance de la prohibición, el abogado de Otero indicó que la circular emitida por el Saren solo se refiere al bien inmueble: “En el peor de los casos solo estarían afectados el terreno y la edificación construida en él. Podemos decir a nuestras audiencias que, por lo pronto, la operatividad de El Nacional se mantiene intacta. Sin embargo, los procesos judiciales emprendidos contra el diario están plagados de irregularidades y violaciones al debido proceso, de modo que cualquier cosa pudiera ocurrir”.

Primero lo penal, luego lo civil. Garantón también explicó que el juicio civil impulsado por Cabello depende del proceso penal por difamación agravada continuada contra 22 directivos de El Nacional, Tal Cual y La Patilla, por los mismos hechos: la reproducción de las informaciones publicadas por el diario ABC de España.

La acusación penal está en manos de la jueza 12 de Juicio, María Eugenia Núñez. El 5 de mayo, el mismo día que Cabello habría ratificado la demanda y sin notificar a los acusados, la jueza les dictó prohibición de salida del país y presentación semanal ante el tribunal.

Aunque el juicio civil por daño moral se pudiera tramitar hasta la fase previa a la sentencia, sería imprescindible esperar los resultados de la acusación penal, que está en la fase inicial de citación de los acusados.

“Obsesión liberticida”
El diario ABC dedicó su editorial a la demanda del presidente de la Asamblea Nacional contra varios medios de comunicación. Señaló la publicación que el gobierno, en una “obsesión liberticida”, está empeñado en acusar de todos los males del país a quienes los denuncian.

“Las desorbitadas querellas del número dos del régimen, Diosdado Cabello, contra los medios de comunicación que se han hecho eco sobre las noticias –ciertas– de que se encuentra inmerso en una investigación sobre narcotráfico no tienen más objetivo que someterlos a sus directrices, u obligarlos a desaparecer. Quiere que esos periodistas ignoren la violación permanente de la ley, la profusa e intolerable corrupción en la que chapotea el chavismo, que dejen de denunciar la degradación de la vida cotidiana de la inmensa mayoría de los venezolanos; que acepten como normales las violaciones de los derechos humanos”, indicó el editorial.

El periódico consideró que el presidente de la Asamblea Nacional en vez de acosar a la prensa libre, podría reflexionar sobre “la deriva autoritaria” a la que están conduciendo el país. Conminaron al diputado Diosdado Cabello a ayudar a controlar la inflación y paliar el desabastecimiento.