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“Tribunal Supremo acorrala la libertad de expresión”

El presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, rechazó que el gobierno de Nicolás Maduro compre medios para silenciarlos

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El Tribunal Supremo de Justicia convirtió la censura en política de Estado. Es la conclusión a la que se llegó en un foro organizado por Copei, al que asistió el presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, y en el que se rechazó que la Sala Constitucional del máximo tribunal declarara inadmisible el amparo en el que el partido pidió que entregaran divisas para la compra de papel periódico.

Otero dijo que la decisión del TSJ es otra de las estrategias del gobierno para acorralar la libertad de expresión, que han pasado por los ataques físicos a periodistas, la creación de leyes para restringir la labor de los medios, las trabas administrativas a través del Seniat y la táctica más nueva: la compra de medios como Últimas Noticias y El Universal con dinero del Estado.

“A eso se le suma el problema del papel, pues no nos autorizan divisas desde mayo del año pasado. La gente no está muy consciente del perjuicio que es no tener libertad de expresión y cómo afecta su vida cotidiana. Introducir un amparo como el de Copei es importante, porque la información sale en todos los periódicos del continente”, señaló.

Aseguró que El Nacional seguirá luchando gracias a la solidaridad internacional de Andiarios de Colombia, El Universal de México, El Comercio de Perú, La Nación de Buenos Aires, El País de Uruguay y El Nuevo Día de Puerto Rico, que le han prestado papel.

El presidente de Copei, Roberto Enríquez, propuso crear un frente popular de lucha por la libertad de expresión, con la ayuda del CNP y SNTP, para recoger firmas de apoyo al amparo y llevarlas a instancias internacionales.

“El mecanismo del control de cambio se ha convertido en un instrumento de censura. El gobierno está comprando medios para no pagar el costo político que implica cerrarlos. Hasta 180 millones de dólares pagaron por un periódico. Yo celebro la dignidad de Miguel Henrique Otero por no vender el periódico, hay una actitud de patriotismo que hay que celebrar”, añadió. El abogado Jesús Manuel Rachadel negó que el gobierno haya dado todas las oportunidades posibles a los periódicos para comprar papel, como señala la sentencia del TSJ. Aseguró que la Sala Constitucional no demostró que se entregaron dólares para comprar las bobinas.

Aclaró que el Sicad I no es realmente una subasta, pues queda a total discreción del Estado la asignación de divisas y que Sicad II no es una opción para los periódicos, pues el precio al que ofrecen las divisas es 800% superior al Sicad I.