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Transparencia: No sancionan a poderosos, solo caen subalternos

Transparencia le hace seguimiento, entre otros, a los expedientes sobre medicamentos vencidos | Foto Eleonora Delgado / Archivo

Transparencia le hace seguimiento, entre otros, a los expedientes sobre medicamentos vencidos | Foto Eleonora Delgado / Archivo

El diputado Julio Montoya, de PJ, dijo que desde 2010 esperan que se haga justicia por la fuga de capitales. La Fiscalía anunció que solicitó detener a responsables

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Al investigar denuncias de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero, en las cuales están involucrados altos funcionarios del Estado, los poderes son selectivos y terminan por sancionar a subalternos o se acusa a quienes piden justicia, como pasa con la prensa independiente y el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, señaló Transparencia Venezuela.

Capriles dijo recientemente: “Hay tres secretos bien guardados por este gobierno: la inflación, la fecha de las elecciones parlamentarias y la fortuna de altos funcionarios, presuntamente implicados en narcotráfico y lavado de dinero. El gobierno debería investigar, es grave que se presuma que el país sirve de puente al narcotráfico”.

Transparencia Venezuela concluye que impera la impunidad luego de ver la actuación del Estado y de examinar 15 casos, resultado de investigaciones periodísticas, de los cuales la Fiscalía General procesó 3 y anunció medidas contra los responsables.

“Cuando hay poderosos o gente cercana al poder no se imponen sanciones o, lo más grave, ni siquiera se abre el caso. La Contraloría General, la Asamblea Nacional y la Fiscalía General se niegan a indagar, como pasó con las medicinas vencidas y la leche que terminó en Colombia”, afirmó la coordinadora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas.

La Misión Impunidad de esa ONG fue creada con el fin de darle seguimiento, entre otros, a los expedientes sobre 400.000 kilos de medicamentos vencidos entre 2010 y 2014; la empresa Proyectos y Obras Maga, que obtuvo 360 contratos en la gestión de José Vicente Rangel Ávalos en la Alcaldía de Sucre; la “red de Pdvsa” que financió la campaña del PSUV entre 2005 y 2010; la licitación directa del mausoleo de Bolívar al entorno del ex ministro Francisco “Farruco” Sesto, y el tráfico de mineral de hierro en Ferrominera Orinoco. En este último caso, llamado “La mafia de las cabillas”, el principal sospechoso salió en libertad por una medida de sobreseimiento y a otros se les dio casa por cárcel.

“Los poderosos compran jueces y los presionan para no ser castigados. Caen solo los subalternos. Al final aumenta la impunidad y en Venezuela el único que estuvo preso fue ‘el chino de Recadi”, expresó De Freitas.

Félix Seijas Rodríguez, de la encuestadora Delphos, considera que la ciudadanía se muestra apática sobre el asunto de la corrupción por varias razones: “En tiempo de bonanza ese ítem desaparece como problema. Solo cuando la crisis es atribuida a irregularidades ocupa los primeros puestos. La escasez, la inseguridad y el alto costo son las principales. La corrupción está en quinto o sexto lugar y se percibe que es un ‘gen del venezolano’; es decir, cada quien comete un hecho para obtener algo”.

“Impunidad, política de Estado”. Transparencia Venezuela lamenta que los poderes del Estado exoneren a priori en lugar de indagar. “Es una política de Estado porque los jueces y fiscales que liberan o no acusan a los jerarcas del Estado son los mismos; los poderes no investigan, como pasó con los funcionarios señalados en Estados Unidos de supuestos hechos de narcotráfico. ¿Por qué no se investiga y se repatrían los bienes congelados? Se insulta, se silencia, pero la opacidad solo aumenta la duda sobre si el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, tiene o no relación con el narcotráfico”, indicó Mercedes de Freitas.

El 6 de noviembre de 2014 Miraflores activó el Cuerpo Nacional contra la Corrupción, pero se desconoce el resultado de su gestión.

El diputado Julio Montoya, de PJ, dijo que esperan que se haga justicia por la fuga de divisas desde 2010. En cambio, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, aseguró que solicitaron a Andorra, España y Suiza información sobre lavado de capitales y la congelación de bienes, prohibición de enajenar y gravar bienes, así como privativas de libertad a venezolanos involucrados en los casos de los bancos HSBC y Andorra.

La Fiscalía publicará también, en los próximos días, una lista de personas y funcionarios involucrados en delitos cambiarios.

 

“Son campañas para criminalizar la revolución”
En el oficialismo niegan que sea una política de Estado ocultar irregularidades o exculpar a ministros o presidentes de los poderes. El secretario general del Movimiento Revolucionario Tupamaro, José Pinto, coincide con la exministra Jacqueline Faría (PSUV) y el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, en que la mayoría de las imputaciones carecen de pruebas.

“Son acusaciones infundadas que responden a un plan para atacar a líderes de la revolución. A Tupamaro nos llamaron narcos, asesinos, pero sin evidencias. Son campañas para criminalizar a revolucionarios y así desaparecerlos de escena política. No lo lograrán”, dijo Pinto.

El MRT se suma a la iniciativa “ApoyoTotalaCabello” y cree que las investigaciones en Estados Unidos contra el primer vicepresidente del PSUV no tendrán impacto en la militancia revolucionaria. “Al contrario, en lugar de afectarnos, surgió un respaldo irrestricto a Cabello porque sabemos que es víctima de la canalla mediática nacional e internacional. Se habla del ‘Cartel de los Soles’, pero nadie dice quiénes son, dónde están y qué hacen. Parece una comiquita. Son informaciones falsas”, expresó Pinto.

Desestimó el hecho de que testigos hayan formado parte del equipo de seguridad de Hugo Chávez y de Diosdado Cabello.

“No tienen credibilidad, son unos traidores a la patria. Cantan embustes para conseguir protección y Estados Unidos se las brinda para que perjudiquen la revolución”, indicó.

El PSUV ordenó a la dirigencia hacer actos de desagravio a Cabello. Jacqueline Faría señaló, junto con mujeres de esa organización, que los precandidatos al Parlamento incorporarán la defensa del diputado en su campaña y que el ataque no impactará a la militancia. Los gobernadores y alcaldes oficialistas programarán agenda con la segunda autoridad del partido.

La encuestadora Delphos registra en sus estudios que Cabello es el dirigente “con la imagen más baja” en el PSUV y en el chavismo, a pesar de ser la segunda autoridad. “La investigación en Estados Unidos aumentará esa percepción porque no se trata de acusaciones contra el gobierno ni contra el PSUV, sino contra su persona. Él siempre está de último en el rankin de personalidades del partido y es atribuido a su carácter agresivo, a su comportamiento visceral. Él no cala porque no tiene carisma, a diferencia de Chávez, que sí podía reaccionar violentamente y no se veía afectado entre sus seguidores”, explicó Félix Seijas Rodríguez.