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Transparencia Venezuela: Entre 2011 y 2015 el Poder Legislativo sirvió al PSUV

Exigen diputados comprometidos con la transparencia, el diálogo y la Constitución

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Opaca, ineficiente, partidizada, contraria a la necesidades ciudadanas y opuesta a los mandatos constitucionales. Así fue caracterizada ayer la Asamblea Nacional saliente por los panelistas del foro “¿Qué hizo el Parlamento 2011-2015? ¿Qué puede hacer la próxima AN?”, organizado por Transparencia Venezuela y Monitor Legislativo.

La directora ejecutiva de la ONG, Mercedes de Freitas, presentó el informe “Asamblea Nacional 2011-2015: El Poder Legislativo al servicio del PSUV”, que evidencia el interés de la actual mayoría partidista en funcionar al mínimo de las capacidades en detrimento del cumplimiento de los mandatos constitucionales de esa institución, como son: legislar, controlar al resto de los poderes públicos y representar a sus electores.

“En estos cinco años, la mayoría que dominó la AN rechazó debatir los principales problemas que aquejan a los venezolanos, privilegiando sus intereses partidistas. La agenda parlamentaria dio la espalda a la ciudadanía, que no consiguió en sus representantes una respuesta clara para superar la inseguridad, la escasez y la inflación, entre otros quebraderos de cabeza”, dice el informe.

El documento destaca el exorbitante monto de créditos adicionales autorizados al Ejecutivo sin control posterior alguno en estos 5 años (1.022 créditos hasta el 4 de noviembre por un monto de 2,3 millardos de bolívares); el número de leyes sancionadas en cámara (65) en comparación con las aprobadas por decreto habilitante en el Ejecutivo (132), y el incumplimiento recurrente del mandato de rendición de cuentas de los diputados.

Sobre el último punto el documento dice: “61 de los 165 diputados no entregaron ningún informe de gestión en el período analizado según la propia web de la AN. En contraste, solo 9% de los diputados presentaron su informe de rendición de cuentas todos los años”. Entre los diputados que no presentaron informe de su gestión ni una sola vez destaca el actual presidente de la AN, Diosdado Cabello (PSUV).

Renovar poderes. Hubo coincidencia entre varios panelistas sobre la importancia y viabilidad legal de revocar la designación de magistrados y representantes de los poderes públicos realizada fuera del marco constitucional por la actual AN.

El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, expresó: “Es necesario designar un Consejo Moral Republicano y unos magistrados del TSJ acorde a la ley, y remover a los designados por vía de hecho. Como parte del rescate del debido proceso se debe revocar a los rectores del CNE, magistrados del TSJ y miembros del Poder Ciudadano nombrados fuera de los procedimientos constitucionales”.

Luis Alfonso Herrera, directivo de la ONG Un Estado de Derecho, agregó: “Hay que revisar y revocar las decisiones de nombramientos al menos de 2014 porque se trata de poderes que no pueden estar en manos de actores políticos y, además, son poderes que han actuado contra la integridad de los diputados de la Asamblea Nacional y no extrañaría que volvieran a hacerlo”.

La profesora de Derecho Tamara Adrián, candidata a la AN, apuntó: “Es de gran pertinencia e importancia proceder al nombramiento de los órganos públicos acorde a la Constitución, no para imponer a otras personas obsecuentes con la nueva mayoría sino para que se cumpla lo que dice la Constitución”.

Retos. En el foro también se presentaron propuestas  ante la próxima renovación del Poder Legislativo para reconducir el Parlamento, dentro de la ruta constitucional, como un poder al servicio de los venezolanos y no de un partido.

Sobre este punto el informe señala cuatro medidas fundamentales. Primera, la reforma del Reglamento Interior y de Debates de la AN: “La modificación legal debe evitar la concentración de poderes y privilegios alrededor de la figura del presidente del Poder Legislativo”. Segunda, combatir la opacidad a través de medios informativos plurales y con contenido de calidad, y al mismo tiempo, dice el documento, con la aprobación de leyes de acceso a la información. Tercera, ejercer el papel contralor investigando todas las denuncias de corrupción que sean consignadas. Y cuarta, reinstitucionalizar la AN, garantizando el respeto a los derechos de todos los sectores que obtengan una representación en la próxima legislatura.

Los panelistas también aportaron ideas. La diputada Vestalia Sanpedro, de la Comisión de Finanzas, enfatizó en la necesidad de que el próximo Parlamento “rescate la unidad del tesoro nacional, recupere la autonomía del BCV, reactive el Fondo de Estabilización Macroeconómica, oriente al Ejecutivo a reducir el gasto público y suntuario, apruebe la ley de hacienda pública estadal y controle efectivamente el gasto y el endeudamiento”.

Carlos Correa enumeró leyes indispensables desde la perspectiva de derechos humanos. Destacó especialmente la necesidad de reformar el Código de Justicia Militar “para que se elimine el nombramiento de jueces por el Ejecutivo y se prohíban los juicios a civiles en la jurisdicción militar”. También enumeró normas requeridas en las áreas de libertad personal, debido proceso, libertad de expresión, manifestaciones públicas, derecho a la privacidad y derechos de las minorías.

Luis Alfonso Herrera se centró en los aspectos relativos a la reforma del Reglamento Interior y de Debates, que a su juicio debe contemplar 10 aspectos: establecer plazos fijos de convocatoria a sesiones, rendición de cuentas transparentes, eliminar la discrecionalidad del presidente de la cámara, crear un mecanismo sensato de distribución de la presidencia de las comisiones, establecer un régimen plural para el acceso y trabajo de los medios de comunicación, eliminar los obstáculos para las interpelaciones de altos funcionarios y eliminar la potestad del presidente para limitar las intervenciones de los diputados, entre otros.

Luisa Berlioz, de la ONG Paz Activa, se refirió a los retos en materia de seguridad ciudadana. En tal sentido consideró pertinente aprobar las leyes y reformas necesarias para elevar a 10% el monto del presupuesto para prevención y control del delito, pasar la custodia de las cárceles a civiles, implementar políticas efectivas de desarme y “revisar la ley contra la delincuencia organizada para que no se use para perseguir a la disidencia”, entre otras propuestas.