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TSJ sentenció que decreto de estado de excepción es constitucional

Fachada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)/Nelson Castro

Fachada del TSJ | Foto Archivo El Nacional

La Sala Constitucional sentenció que el presidente Maduro había atendido “una situación alarmante y grave” en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta. Por ello, el decreto presidencial “cumple con los extremos de utilidad, proporcionalidad, tempestividad y estricta necesidad” exigidos por la Constitución

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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia conjunta de los magistrados que la integran, declaró la constitucionalidad del Decreto N° 1.950, dictado por el presidente Nicolás Maduro Moros, que establece el estado de excepción en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.194 Extraordinario del 21 de agosto de 2015, conforme al artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De acuerdo con una nota de prensa, en la sentencia N° 1173 publicada este viernes, la Sala Constitucional indicó que el presidente Maduro atendió “una situación alarmante y grave, por los distintos hechos ocurridos en los mencionados municipios, a fin de controlar eficazmente el flagelo del contrabando de extracción de gran magnitud, organizado a diversas escalas, entre otras conductas delictivas análogas y/o conexas que rompen el equilibrio del Derecho Internacional, la convivencia pública cotidiana y la paz, afectando el acceso a bienes y servicios destinados al pueblo venezolano, así como la situación respecto a la moneda venezolana en la frontera, lo que constituye un hecho público comunicacional”.

La Sala Constitucional, unánimemente, constató que el Decreto Ley de estado de excepción efectivamente cumple con los extremos de utilidad, proporcionalidad, tempestividad y estricta necesidad exigidos por la Carta Magna y la Ley para enfrentar y resolver la grave situación delictiva y de violencia que obligó a declarar la emergencia presentada en la zona fronteriza.

Indicó la Sala Constitucional que el Decreto atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad ciudadana, económicos y de seguridad y defensa integral de la Nación, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección por parte del Estado, de los derechos al acceso a bienes y servicios de calidad, a la salud, así como los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad, entre otros tantos necesarios para garantizar los valores fundamentales de integridad territorial, soberanía, autodeterminación nacional, igualdad, justicia y paz, necesarios para la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y para la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo.