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TSJ anuló control político de la AN sobre el decreto de emergencia económica

La directiva de la AN aseguró que nuevos magistrados estarán listos este mes | Foto Henry Delgado / Archivo

En ponencia conjunta, los magistrados volvieron a cerrar filas a favor del gobierno | Foto Archivo El Nacional

El máximo tribunal determinó que la resolución presidencial está vigente y que el rechazo del Parlamento es írrito

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Al determinar que la desaprobación por parte de la Asamblea Nacional no afecta la vigencia del decreto de emergencia económica, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia le dio un espaldarazo a las medidas económicas que planteó el presidente Nicolás Maduro el 14 de enero, entre las cuales destaca la posibilidad de disponer con absoluta discrecionalidad del presupuesto de 2016, relajar las disposiciones del régimen de contrataciones públicas, de importación y nacionalización de mercancías, así como de control de cambio y asignación de divisas, restringir las operaciones con moneda extranjera, y requerir a cualquier persona natural o jurídica bienes y servicios que se consideren necesarios para garantizar el abastecimiento de alimentos.

Desde la oposición y la sociedad civil se ha advertido que el decreto de emergencia económica abre espacios para la arbitrariedad y la corrupción.

La sentencia publicada ayer constituye la respuesta a un recurso de interpretación sobre la regulación constitucional de los estados de excepción, que fue interpuesto el 3 de febrero por diez representantes de consejos comunales y comunas, asistidos por el abogado Carlos Navarro.

En ponencia conjunta, los magistrados volvieron a cerrar filas a favor del gobierno. “El control político de la Asamblea Nacional sobre los decretos que declaran estados de excepción no afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos”, reza el fallo.

En la práctica, el TSJ subestima los efectos del referido control político y reafirma el poder exclusivo de la Sala Constitucional para modificar o anular los actos de gobierno. Incluso reivindicó el presidencialismo como mecanismo para evitar eventuales demoras de los cuerpos deliberantes en la atención de las situaciones de emergencia que fundamentan las declaratorias de estado de excepción.

En una interpretación sui generis del pensamiento de Montesquieu, en cuanto a la necesidad de que exista un sistema de pesos y contrapesos entre los poderes para lograr libertad ciudadana y gobiernos civiles regidos por la ley, la Sala Constitucional destaca que el filósofo francés “recomienda que el Poder Legislativo no pueda impedir la acción de gobierno del Poder Ejecutivo”.

El máximo tribunal fue más allá de lo requerido por los demandantes y desaplicó el artículo 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, el cual señala que la Sala Constitucional omitirá todo pronunciamiento si la Asamblea Nacional desaprobare el decreto de estado de excepción o denegare su prórroga. Tal desaplicación dio origen a un proceso de nulidad de oficio, en el que deben participar el presidente de la Asamblea Nacional, la fiscal general, el procurador general y el defensor del Pueblo.

La sentencia también considera que el Parlamento violó los procedimientos establecidos para ejercer el control político de este tipo de actos de gobierno. Se afirma que el Poder Legislativo debió debatir el asunto como punto único de una sesión especial, dentro de las 48 horas después de haberse hecho público, lo cual ocurrió el 14 de enero. Y que si necesitaba una prórroga debía solicitarla y justificarla formalmente.