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TSJ ordena investigar a Scarano por daños al patrimonio público

Enzo Scarano / Alcalde de San Diego (Carabobo) hasta el 19M. Elegido con 75,24% de los votos. Destituido y preso desde el 19M, cuando fue sentenciado a 10 meses de cárcel por desacato

Enzo Scarano / Alcalde de San Diego (Carabobo) hasta el 19M. Elegido con 75,24% de los votos. Destituido y preso desde el 19M, cuando fue sentenciado a 10 meses de cárcel por desacato

El máximo tribunal ofició a la Fiscalía para que determinar la responsabilidad del alcalde de San Diego, destituido y preso en Ramo Verde, por la presunta comisión de delitos contra la seguridad y la independencia de la nación

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No solo lo destituyeron del cargo de alcalde y lo enviaron a prisión. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ofició a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la República para que determinen si Enzo Scarano es responsable administrativamente por daños al patrimonio público causados durante las protestas en el municipio San Diego de Carabobo.

Y, por si fuera poco, el TSJ también ofició al Ministerio Público “para que determine el inicio de la investigación penal, por posibles atentados contra el libre tránsito, el medio ambiente, el patrimonio público y privado, el orden público, la paz social e, inclusive, los Poderes Públicos, la seguridad de la Nación y la independencia nacional, entre otros”, se señala en la nota de prensa oficial.

Ayer fue formalmente publicado el contenido de la sentencia dictada el 19 de marzo, al término de una audiencia de ocho horas, con la cual concluyó el juicio sumario y en única instancia contra el alcalde de San Diego, que fue condenado a 10 meses y 15 días de prisión por el delito de desacato.

El proceso contra Scarano comenzó a instancias de un grupo de transportistas de Carabobo que lo denunciaron el 7 de marzo. Sin oír al alcalde, la Sala Constitucional estableció que era y público y notorio la obstaculización del tránsito de vehículos y personas durante las protestas ocurridas en San Diego. El TSJ utilizó una solicitud similar formulada contra los alcaldes de Baruta, Gerado Blyde, y El Hatillo, David Smolansky, para extender a Scarano y al municipio San Diego los efectos de una medida cautelar mediante la cual se les ordenaba a varios mandatarios locales de oposición garantizar el libre tránsito.

Enzo Scarano permanece recluido en la cárcel militar de Ramo Verde.

El nuevo debido proceso

Alonso Medina Rosa, defensor de Scarano, y el jurista Alberto Arteaga Sánchez, entre otros, han denunciado que la Sala Constitucional violó el debido proceso al erigirse como un tribunal penal y aplicar como pena accesoria la destitución de un funcionario electo por voto popular.

El máximo tribunal no podría desconocer que decidió contra los criterios jurisprudenciales que había establecido la misma Sala Constitucional desde 2014, en cuanto a que el tribunal que declara el desacato de un mandamiento de amparo no puede imponer la sanción correspondiente, y debe limitarse a remitir las actuaciones al Ministerio Público a efectos de que se lleve a cabo una investigación y, si fuere el caso, se formalice una acusación ante un juez de control. Sobre el particular, el fallo publicado ayer indica: “…siendo que el devenir jurisprudencial de la Sala se corresponde con el ordenamiento jurídico como fuente primaria y elemental del Derecho, el criterio anterior ha ameritado una verificación a los fines de que su sustento se adapte, armónica e integralmente, a los dispositivos legales que se han incorporado a dicho ordenamiento en los últimos tiempos”.

Para justificar la aplicación de sanciones, a pesar de que no es un tribunal penal, en la sentencia de la Sala Constitucional se indica: “…resulta fundamental señalar que en el ordenamiento jurídico existen mecanismos expeditos y eficaces para garantizar que los jueces puedan ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias, así como también para garantizar el cumplimiento de lo que se sentencie, lo cual pasa, inclusive, por revestir a la jurisdicción de la fuerza coercitiva necesaria para que ello pueda materializarse de manera efectiva…”.

Noticias válidas e inválidas

Para determinar que Scarano incumplió la orden de garantizar el libre tránsito en el municipio San Diego, la Sala Constitucional invocó la jurisprudencia relacionada con el hecho comunicacional, es decir el aval probatorio que se le otorga a las noticias divulgadas a través de los medios de comunicación social.

Pero el TSJ desechó las noticias publicadas Notitarde y El Carabobeño el 18 de marzo, con los siguientes títulos: “San Diego libre de barricadas”  y “Vecinos protestan, sin barricadas, en San Diego”. Aunque la Constitución proscribe formalismos innecesarios en la administración de justicia, la razón para invalidar estos hechos comunicacionales fue que se presentaron en copias simples y, por tal razón, fueron impugnados por la Defensoría del Pueblo.

Repudio de los expertos

Antonio Silva Aranguren, del Grupo de Profesores de Derecho Público, publicó ayer un dictamen preliminar sobre el la sentencia correspondiente al caso Scarano.

“La Sala Constitucional, consciente de que castigar penalmente el desacato de un amparo va contra su criterio previo, se esfuerza en demostrar que los casos anteriores fueron contados y, sobre todo, anteriores a 2010, año en el cual (afirma) hay que fijar un momento de necesario cambio. Según dice, la sanción de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y con ella el procedimiento para las demandas por intereses difusos/colectivos exige un nuevo modo de entender el artículo 31 Ley Orgánica de Amparo. 

“Sin embargo, la Sala Constitucional miente (sin que ello causé sorpresa). Me limito a citar un caso: En el fallo N°1013/2012 la Sala Constitucional declaró con lugar la apelación contra una sentencia de la Corte de Apelaciones. Citó su sentencia N°341/2007, según el cual: “al alegarse el incumplimiento del mandamiento de amparo constitucional dictado por el Juez, conforme al artículo 31 ejusdem, el Tribunal que actuó en la causa, no es el competente para realizar la calificación jurídica del mencionado incumplimiento”.

Para la Sala Constitucional, "en aplicación de la jurisprudencia precedente y por cuanto en el escrito contentivo de la solicitud que dio origen al recurso de apelación la solicitante imputó la comisión de un hecho punible de acción pública como lo es el desacato, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala se declara incompetente para conocer del mismo, y ordena remitir copia certificada del mencionado escrito a la Fiscalía General de la República a los fines de que se inicie la investigación correspondiente". 

“Como se ve, en julio de 2012 la Sala Constitucional decía lo mismo de siempre. Sólo lo cambio ahora. Es verdad que las circunstancias no son las mismas. En eso no miente la Sala Constitucional. Son otras: quiere tener en sus manos el poder de encarcelar a disidentes”.

Haga click aquí para leer el texto completo de la sentencia contra Scarano.